El arzobispo de Canterbury ataca la ley del Gobierno 'tory' contra los refugiados: “Es moralmente inaceptable y políticamente poco práctica”
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, cargó este miércoles contra la nueva ley del Gobierno conservador que permite deportar a refugiados si llegan sin autorización previa al país y entra en conflicto con la convención europea de derechos humanos y la convención del refugiado de la ONU que el propio Reino Unido ayudó a establecer. Welby habló en la Cámara de los Lores, de la que es miembro, contra la nueva legislación que ha sido aprobada por la Cámara de los Comunes.
La legislación supone que el Reino Unido puede arrestar y deportar a cualquier persona mayor de edad que cruce el canal de la Mancha y le deniegue el asilo, lo que, según la ONU, es "una clara violación" de la legislación internacional. La protección del refugiado prohibe expresamente denegar peticiones por la manera en que las personas llegan a un país porque se presupone que la mayoría de los refugiados llega sin papeles en su huida de lugares inseguros. En marzo, la ministra británica del Interior, Suella Braverman, reconoció formalmente ante el Parlamento británico que no puede estar segura de que la nueva legislación sea compatible con la convención europea de derechos humanos, pero está dispuesta a ir a los tribunales para defender su nueva ley.
En la Cámara de los Lores, que ahora tiene que pronunciarse sobre la legislación y posiblemente enmendarla, se escucharon este miércoles numerosas voces críticas de laboristas, liberaldemocrátas y lores del grupo de obispos, como el caso del arzobispo con más autoridad en la Iglesia de Inglaterra, que dijo que la ley tiene “demasiados problemas para un solo discurso”, pero intentó hacer un resumen.
“Esta ley no incluye ningún aspecto de la naturaleza global y a largo plazo del reto que el mundo afronta, ignora la realidad de que la inmigración debe ser afrontada en la fuente, no sólo en el canal, como si nuestro país no estuviera relacionado con el resto del mundo”, dijo el arzobispo Welby, que insistió en la crisis climática y los conflictos como raíces del desplazamiento involuntario de personas, y en que el 80% de los refugiados están en el sur global, “protegidos por los países más pobres del mundo”. “Es aislacionista, es moralmente inaceptable y políticamente poco práctico dejar que los países más pobres afronten la crisis solos y cortar nuestra ayuda”, dijo el arzobispo, que es el jefe de la iglesia anglicana y quien el sábado fue el encargado de coronar a Carlos III.
El líder religioso subrayó que la nueva ley “dinamita la cooperación internacional” y priva al “Reino Unido del liderazgo que mostró en 1951”, en referencia al año de la aprobación de la convención del refugiado de Naciones Unidas. También insistió en que la norma no conseguirá el objetivo del Gobierno de “parar los barcos”, es decir, las llegadas de pateras y otras embarcaciones pequeñas que cruzan el canal de la Mancha, porque “no tiene ninguna medida para afrontar las bandas criminales” que trafican con personas y es sólo un intento de “una solución a corto plazo”.
El arzobispo terminó su intervención citando el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que invita a “dar la bienvenida al desconocido”.
En diciembre, Welby ya se quejó de la crueldad de la ley y de la retórica “dañina” de la ministra del Interior, que ha sido criticada hasta por sus propios colegas conservadores en el Parlamento. La política migratoria del Gobierno conservador también ha sido denunciada por el presentador deportivo de la BBC y ex futbolista Gary Lineker (fue suspendido por ello) y por el rey Carlos III (en privado).
La Cámara de los Lores votará esta tarde una moción para rechazar toda la legislación, pero los laboristas ya han dicho que no la apoyarán porque prefieren enmendar la ley. Según el laborista que habló en contra de la ley, lord Vernon Coaker, si la Cámara de los Lores rechazara toda la ley, el Gobierno la aprobaría por decreto.
La moción para rechazar la legislación ha sido presentada por un lord liberaldemócrata, el ex policía de Londres Brian Paddick. En su intervención, criticó al Gobierno por no defender los derechos humanos que predica para otros países y dijo que el asunto era una prueba moral para el país. “Esta legislación es un punto bajo en la historia de este gobierno y no debemos dejar que siga avanzando”, dijo.
Además de parar una legislación, la Cámara de los Lores tiene el poder de considerar enmiendas de la Cámara de los Comunes y presentar alternativas para volverlas a mandar a los diputados para su consideración hasta que haya un acuerdo en el texto exacto de la ley. Es lo que se conoce como "ping-pong".
Ante una posible revuelta de los lores, Braverman pidió que no olviden “el deseo de los británicos de controlar la inmigración” y aseguró que “la inmigración ilegal está fuera de control”. Su partido lleva 13 años en el poder y una de las principales defensas del Brexit en 2016 es que fuera de la UE el Estado podría controlar mejor sus fronteras (sobre las que ya tenía plenos poderes ya que el Reino Unido ni siquiera estaba en la zona Schengen de libre circulación).
El año pasado, Reino Unido interceptó la llegada a las costas británicas en pequeñas embarcaciones de más de 45.000 personas (más de 40.000 pidieron asilo). Los países de origen más frecuentes de quienes han llegado así en los últimos meses en busca de protección son Albania, Afganistán e Irán, según los datos de Interior.
El Gobierno se escuda en las encuestas sobre la supuesta popularidad de sus medidas, si bien los resultados dependen de cómo se pregunte y los sondeos muestran un electorado dividido. La mayoría de los ciudadanos, en todo caso, cree que la nueva ley no será eficaz para parar las llegadas de refugiados a sus costas, según una encuesta de YouGov de esta primavera. Pero la inmigración sigue siendo un debate que moviliza a votantes conservadores.