Luz Araceli González: Educación, ciencia y tecnología como motores de desarrollo
Un concepto que cada vez gana más terreno en distintos ámbitos es el de sociedades del conocimiento. La UNESCO, la OEA y otras instancias internacionales coinciden en identificar a éstas como un requisito indispensable para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo actual al contar con sociedades altamente educadas que impulsen la innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo económico a partir del desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología.
Pilares nodales en esta era del conocimiento son la educación como base del proceso seguida de investigación y desarrollo. Cualquier país que aspire a mejorar el nivel de vida de sus poblaciones requiere por fuerza, contar con un sistema educativo eficiente en todos los niveles con estándares internacionales de calidad.
Resulta lamentable que siendo México la economía número 15 a nivel mundial es decir, sólo 14 países de 193 son más ricos en términos del PIB, en las pruebas de aptitudes académicas básicas que aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), México ocupa la última posición en los resultados de esta prueba de entre los 31 países miembros lo que muestra el deficiente sistema educativo nacional a pesar de que México dentro de este mismo grupo ocupa el lugar número uno en gasto destinado del presupuesto público para la educación, una terrible contradicción.
Esta contradicción se explica dado que gran parte de los recursos destinados al rubro educativo no impactan en la calidad de los docentes, ni en la mejora de los planes de estudio y tampoco en las condiciones mínimas de infraestructura de las escuelas públicas del país. La mayor parte de los recursos terminan en manos del poderoso sindicato que hace uso de estos recursos de manera discrecional al tiempo que se combina con prácticas de corrupción, nepotismo y malversación de los recursos entre otras malas prácticas. La idea de hacer de la educación un mecanismo de movilidad social es ya sólo un mito.
Otro rubro clave para el desarrollo de un país es el presupuesto destinado a investigación y desarrollo. Con base en los datos que publica el Banco Mundial, el promedio que destinan los países miembros de la OCDE para investigación y desarrollo es del 2.96% de su PIB, en tanto que en México sólo destina el 0.3% lo que nos ubica incluso por debajo del promedio del continente africano de 0.44%. México invierte en investigación y desarrollo lo mismo que países como Chad (0.3%) y debajo de Ghana (0.38%) y de República Democrática del Congo (0.41%) por sólo referir algunos ejemplos.
Respecto a América latina México también se encuentra por debajo de la inversión en investigación y desarrollo ya que el promedio regional es del 0.67% del PIB. Con estos datos es evidente que la educación, la ciencia y la tecnología no son una prioridad para el gobierno actual.
Países como como Israel, Corea del Corea del Sur, Singapur, Japón, Suecia y otros, han apostado a la educación, la ciencia y la cultura como mecanismo para el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones prueba de ello es Israel que se ha posicionado como el país líder de las Start-Up y es a la vez la nación que mayor porcentaje de su PIB destina en investigación y desarrollo con un 5.44%.
Bajo la premisa que impulsando la ciencia y la investigación se podría promover el desarrollo del país, en diciembre de 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), institución encargada de promover el avance de la ciencia, la innovación, desarrollo y modernización tecnológica de México. Por más de cinco décadas este organismo público descentralizado del gobierno federal llevó a cabo, con altibajos, su misión de impulsar el desarrollo científico nacional.
La llegada de la 4T dio un golpe contundente a la investigación a partir de la publicación del Programa institucional CONACYT 2020-2024 en el que la ciencia y la tecnología pasaron por un tamiz ideologizado que responde más a las orientaciones políticas del grupo en el poder que a un proyecto nacional de investigación.
Otro golpe recibió la investigación con la publicación del nuevo reglamento del sistema nacional de investigadores (SNI) en el que claramente se llevó a cabo una directriz discriminatoria al excluir del estímulo económico a los investigadores de universidades privadas, así como condicionar las becas, apoyos a proyectos investigación, y otros recursos a las instituciones privadas.
En días pasados, primero la Cámara de Diputados y después el Senado en una dudosa y cuestionada sesión aprobaron la iniciativa presidencial enviada el pasado mes de diciembre con la que se “transforma” al CONACYT en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) en cuya estructura interna se crea un Consejo integrado por una junta de gobierno en la que se incorporan distintas instancias gubernamentales entre las que sorprende la inclusión de las fuerzas armada otorgándoles un lugar a las Secretarias de Marina y Defensa Nacional.
Si bien la investigación en el país y la asignación de recursos ya observaba procesos discrecionales y poco claros con este nuevo cambio se está condenando aún más el rezago en investigación y desarrollo y se avanza en la militarización de un sector antes reservado a la comunidad académica y científica.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.