La indignación contra Macron se instala en la calle
Este año, la tradicional caminata del Día del Trabajador –normalmente festiva y pacífica– tuvo una dosis elevada de furia, tras la aprobación forzada y por decreto de la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años. «Fin del reino de Macron», gritaban cientos de miles de personas que salieron a las calles de toda Francia este 1 de mayo para responder a la llamada de los sindicatos y rechazar la polémica reforma, a pesar de que ya ha sido promulgada por el presidente el 15 de abril y validada por el Consejo Constitucional. La convocatoria se extendió a 300 ciudades y pueblos como Lille, Lyon, Marsella, Estrasburgo, Toulouse, Nantes, Rennes y otros, con una participación que la Confederación General del Trabajo estima en 2,3 millones de personas y las autoridades rebajan a 782.000. En cualquier caso, se trata de cifras entre siete y diez veces más altas que las registradas el 1 de mayo de 2022.
Pero realmente, ¿qué efecto puede tener una manifestación como esta sobre una ley ya promulgada? Los líderes sindicales lo resumen en una sola frase: «No habrá vuelta a la normalidad». La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, considera que este 1 de mayo se vivió «la movilización popular más importante que se haya registrado desde la postguerra». Reafirma también la solidez de la unión de los sindicatos y la determinación de los trabajadores a lograr el retiro de la reforma de jubilaciones a través de un procedimiento parlamentario.
Además, la intersindical presenta dos propuestas a la primera ministra, Élisabeth Borne: la indexación de los salarios en base a la inflación que garantice un aumento acorde con el coste de la vida y la vigilancia de las responsabilidades sociales de las empresas, que actualmente se benefician de 200.000 millones de euros de rebajas fiscales en nombre de las ayudas sociales a las que deben comprometerse, sin que este compromiso sea realmente controlado por las autoridades.
En los días que vienen, los detractores de la reforma de las jubilaciones tienen dos fechas clave en mente: el 3 de mayo, cuando el Consejo Constitucional se pronunciará sobre la solicitud del llamado Referéndum de Iniciativa Compartida para llevar a cabo una consulta popular con miras a lograr una retirada de la reforma. Sin embargo, el camino es espinoso. Incluso si el Consejo diera su aprobación este mismo miércoles, la iniciativa debe recabar las firmas de al menos una décima parte de los electores registrados, es decir, nada menos que 4,87 millones de personas. A ese desafío hay que añadir que el procedimiento que da lugar al referéndum no congela la aplicación de la reforma de las pensiones. La ley sigue vigente durante todo el proceso.
La segunda fecha es el 8 de mayo, cuando se evaluará una petición de los diputados de izquierda para derogar la polémica ley estrella de Macron, bien sea en su totalidad o únicamente en su artículo 7, que representa el centro neurálgico del conflicto: el retraso de la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. Los parlamentarios de la bancada de Macron optarán, sin duda, por presentar todas las enmiendas posibles al proyecto de derogación para prolongar indefinidamente los debates en la Asamblea Nacional. Pero incluso si la Cámara Baja aprobara esta derogación, la iniciativa tendría que ser votada también en el Senado, que ya ha dicho dos veces «sí» al texto. Las perspectivas no son alentadoras para los detractores de la ley.
El despacho de la primera ministra ha informado que invitará a los líderes sindicales a la mesa de conversaciones esta próxima semana. Y ahí es donde se evidencian las diferencias entre los sindicatos: Laurent Berger, secretario general de la CFDT, de tono más suave y conciliador, ya ha anunciado que asistirá al encuentro; mientras la CGT – más dura y combativa– mantiene sus reservas y prefiere esperar a la reunión intersindical hoy para decidir si vuelve a sentarse con Borne, quien no dudó en aprobar la reforma con fórceps el 16 de marzo gracias a un mecanismo constitucional y se convirtió en el rostro mismo de una ley que aún mantiene encendida a toda Francia.
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