Los países del norte presionan a Meloni para que controle el flujo de refugiados
Al cruce de reproches entre Bruselas y el Gobierno de Giorgia Meloni tras la tragedia de Calabria, se suma ahora la presión que los países del norte de Europa ejercen sobre Italia ante el constante incumplimiento de las reglas del sistema de asilo. Los ministros de Interior de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza enviaron una carta la víspera de la reunión del Consejo de la UE para reclamar "la necesidad de contener eficazmente los movimientos migratorios descontrolados" que, a su juicio, no se lleva a cabo por que Italia se salta el conocido como Reglamento de Dublín, que obliga a los países de llegada a registrar las solicitudes de asilo.
La queja de los países del norte, que en algunos casos tienen el compromiso voluntario de aceptar la reubicación de cuotas de refugiados para rebajar la presión sobre los países que hacen frontera y, por tanto, reciben más refugiados, es que Italia no está haciendo los deberes por lo que hay flujos de personas sin controlar. Y es lo que piden a Meloni que cambie.
"La implementación de las reglas de Dublín, especialmente en el contexto del aumento de llegadas al espacio Schengen a través de todas las rutas, así como los desafíos en los sistemas de asilo de varios estados de Dublín, se ha vuelto cada vez más compleja y, en consecuencia, ineficiente en la práctica", expresan los ministros en el comunicado conjunto en el que sostienen que el mal funcionamiento está obligando a "gastar recursos y esfuerzos considerables para hacer cumplir la legislación de la UE". Lo que le piden a Meloni —a la que no citan en la carta— es "la necesidad de aplicar las normas existentes de buena fe para proporcionar las condiciones necesarias para permitir las transferencias de Dublín de acuerdo con los estándares existentes".
Quien sí señaló directamente Italia fue el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, a su llegada a la reunión con sus colegas europeos al asegurar que Italia registra "uno de cada diez" refugiados que llegan al país. "No funciona casi nunca, en especial con Italia", se ha quejado. Francia rompió el pasado mes de noviembre con la reubicación voluntaria de refugiados, en represalia por la negativa de Italia a permitir el desembarco en su territorio de los migrantes rescatados en el Mediterráneo central por el buque 'Ocean Viking', que finalmente fue autorizado a atracar en puerto francés tras más de dos semanas en alta mar.
Ya entonces Bruselas intentó mediar entre París y Roma, pero el enfado va más allá de El Elíseo y otros seis países han planteado la queja en el seno de la UE. "Hemos concluido que es importante para crear confianza en el trabajo del pacto [de migración y asilo que se está discutiendo desde hace años] que se cumpla con el actual sistema en vigor", ha expresado la ministra sueca, Maria Malmer, que ha admitido que para que el nuevo modelo esté en vigor quedan "años", por lo que ha defendido que es necesario que el actual sistema "funcione bien" mientras tanto.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, que se ha comprometido a dar detalles del funcionamiento en la próxima reunión del Consejo, ha hecho equilibrios al sostener que es necesario cumplir con el reglamento de Dublín, que obliga a los países de llegada a tramitar las peticiones de asilo, pero también con la "reubicación voluntaria". "Hay relación entre las dos cuestiones", ha señalado.
Las presiones de los socios europeos llegan mientras en patria Meloni repite que abordar la cuestión de los flujos migratorios necesita una cooperación a nivel europeo y que Italia ha recuperado, con su Gobierno, centralidad en este debate. La primera ministra, que aún en la campaña electoral para las elecciones generales que finalmente ganó el 25 de septiembre hablaba de "bloqueo naval" en el Mediterráneo central, este jueves reconoció que "la cuestión migratoria es una cuestión extremadamente compleja". Lo hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que decidió celebrar en Cutro, en la región de Calabria, once días después del naufragio de un barco de migrantes en el que han muerto al menos 72 personas, 28 de ellas menores.
En la localidad de la provincia de Crotona, donde la población se ha volcado con los supervivientes y los familiares de las víctimas llegados desde toda Europa, el convoy de los coches de los ministros que se dirigían hacia el Ayuntamiento para celebrar el consejo fue recibido al grito de "vergüenza" y "asesinos" por algunos manifestantes que lanzaron peluches contra los vehículos.
Para Meloni, a pesar de las preguntas abiertas que quedan sobre lo que falló aquella noche (sobre la que investigan la fiscalía de Roma y de Crotona), "el Gobierno no podía haber hecho nada más o nada distinto". En una rueda de prensa que finalizó polemizando con los periodistas presentes, Meloni, rodeada por los viceprimeros ministros Antonio Tajani e Matteo Salvini, y por los ministros de Justicia, Interior y Agricultura, explicó las medidas en materia de inmigración que el Ejecutivo acababa de aprobar.
El decreto —"aprobado por unanimidad", dijo Salvini, desmintiendo que haya divisiones en el Gobierno— prevé penas de entre 20 y 30 años para los traficantes en el caso en que se produzca la muerte de una o más personas y agilizar la construcción de los llamados CPR, los centros de permanencia a la espera de expulsión, para que haya uno en cada región. También se aprobó la restricción de la llamada "protección especial", una tutela que el ordenamiento de Italia añade a las disposiciones de las convenciones internacionales, y que el Gobierno pretende eliminar próximamente para sustituirla, aseguró Meloni, con "una norma de sentido común que responda a las normativas europeas". Por otra parte, el Ejecutivo anunció un nuevo decreto para las cuotas de los ingresos legales que será trienal, con "cupos reservados para los trabajadores que llegan de países que colaboran con Italia para parar a los traficantes", según explicó Meloni, añadiendo que en estos países quiere hacer campañas para explicar a los habitantes cuáles son los riesgos de acabar en las manos de los traficantes. Pero habrá que esperar la letra pequeña del decreto para conocer el cupo total previsto.
"Tras la tragedia escribí una carta a los dirigentes de la UE pidiendo medidas concretas inmediatas. Necesitamos la implicación de Europa en esto, empezando por la cohesión y los recursos. Necesitamos respuestas de 360 grados. Italia no puede afrontar el problema sola. Por parte de [la presidente de la Comisión Europea, Ursula] Von der Leyen hubo una respuesta a esto, que de hecho marca un cambio de ritmo. Básicamente lo que pedimos son pasos concretos en el próximo Consejo Europeo. Queremos establecer el principio de que no aceptamos la trata de personas del tercer milenio", dijo la primera ministra. "En el pasado ha faltado voluntad política para poner fin a la trata de seres humanos, y me di cuenta de ello también en el Consejo Europeo, porque el problema por como lo conocemos nosotros nunca se había planteado", añadió.