El Gobierno y la banca no plantean nuevas medidas de protección a hipotecados pese a las escasas solicitudes
Cónclave bancario en el Ministerio de Asuntos Económicos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha recibido este jueves a representantes de las patronales y de asociaciones de consumidores para valorar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas firmados el pasado año: atención a mayores, servicios en la España rural y la protección a los clientes hipotecados.
La evolución de este último tema han centrado la expectación ante esta reunión, pero se ha saldado sin grandes novedades. Calviño ha cifrado en 9.000 clientes los que se han adherido a los códigos de buenas prácticas para hacer frente a los efectos de la subida de tipos de interés. La cifra, pese a ser pequeña, ha supuesto un incremento del 15% frente al número de solicitudes que recibían los códigos previos.
De este modo, la reunión se ha saldado sin nuevas medidas para proteger a los clientes con hipotecas variables. La vicepresidenta ha vuelto a emplazar al sector para reunirse en junio para valorar el funcionamiento del código. Calviño ha defendido que para entonces se conocerán más datos sobre el impacto de los tipos de interés en los hipotecados. "El grueso de las revisiones se van a producir a lo largo de 2023", ha apuntado la vicepresidenta.
La vicepresidenta ha remarcado que el código de buenas prácticas lleva apenas dos meses en marcha y es prematuro valorar su impacto. Calviño ha incidido en que las previsiones iniciales del impacto de la subida de tipos cuando se redactó el código eran menos halagüeñas, mientras que la recuperación del empleo y aspectos como la subida de las pensiones han servido a los hogares para mejorar sus rentas. Por ello, emplaza a la reunión de junio, cuando se tendrán los datos más actualizados del impacto para los hogares de la subida de las hipotecas.
"Ha sido una reunión cordial, que ha puesto de manifiesto el buen dialogo que estamos teniendo", ha asegurado Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal AEB, que engloba a Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter. "Estamos avanzando juntos en la solución de estos problemas que son retos de país", ha enfatizado.
La reunión tampoco se ha utilizado para tratar el problema de los pagos por los depósitos. La banca española se encuentra a la cola en Europa en la remuneración del ahorro de los clientes, sin que los grandes bancos hayan hecho una apuesta decidida por ello. "No procedía hacerlo en este foro", ha asegurado Calviño, quien ha apuntado que se ha producido un mero intercambio de opiniones.
El encuentro celebrado este jueves en el Ministerio sí ha dado con una novedad. Después de que en los últimos meses las asociaciones de consumidores pusieran el foco en la desaparición de las libretas de ahorro, las distintas partes han acordado que se mantengan para todos aquellos clientes de más de 65 años que sigan operando con ellas a día de hoy.
El sector ha dado por avanzadas las soluciones a los dos primeros problemas, la atención a mayores y a entornos rurales, cifrando algunos de los avances que se han producido. El sector logró esquivar un endurecimiento de las leyes el pasado año después de que alcanzara acuerdos para crear códigos de buenas prácticas, de firma voluntaria, para mejorar la atención a estos problemas que afectaban a su reputación.
La banca se comprometió con un decálogo genérico de compromisos que ampliaban los servicios específicos para clientes de mayor edad. Entre ellos se encontraba una ampliación del horario presencial, trabajadores directamente enfocados en su atención o una mejora de los servicios en los cajeros electrónicos.
Tras él, llegó el compromiso de aumentar la presencia en los municipios donde no hay sucursal bancaria. Acuerdos como los firmados con Correos para operaciones básicas de retirada e ingreso o el servicio para sacar dinero en los comercios han sido algunas de las medidas que se han puesto en marcha. Además, se contemplaba la implementación de banqueros de ‘marca blanca’ si no había ninguna entidad en la localidad.
El último fue el más difícil. Más de un mes tardaron las patronales en alcanzar un acuerdo de medidas para proteger a los clientes hipotecados. Se aprobaron finalmente dos códigos de buenas prácticas que el Gobierno acabó presentando incluso antes de que hubiese un acuerdo definitivo.