‘Daniel Ortega se cree dueño de lo divino y lo terrenal’, asegura exdiputado nicaragüense

Los primeros meses del 2023 marcaron un hecho penoso en la historia de Nicaragua. El destierro de 222 presos políticos hacia Estados Unidos por parte del régimen de Daniel Ortega y, días después, el despojo de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses generaron alarma en la comunidad internacional.

Sin embargo, a la lista de medidas polémicas del gobierno hay que sumarle la reciente decisión de retener las pensiones a líderes opositores, así como el cierre de la principal cámara del sector privado y de dos universidades ligadas a la Iglesia católica.

Enrique Sáenz, exdiputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), es una de las personas a quienes el régimen ordenó anular la nacionalidad nicaragüense. El exlegislador consideró que a Ortega lo tiene enfermo el poder y que eso le ha generado una grave demencia.

“Se cree dueño de lo divino y lo terrenal”, declaró a La Nación.

“Así lo demuestran sus hechos, el ataque a la Iglesia llamando mafioso al Papa cuando una semana antes le estaba endulzando la vista con cartas, el encarcelamiento del obispo (Rolando Álvarez) a más de 26 años de cárcel, el despojo de nacionalidad a nicaragüenses cuando ni siquiera existe esa pena en la legislación y el despojo de sus bienes y viviendas, pensiones. Es la voluntad de Ortega”, señaló Sáenz.

Sostuvo que en el fondo existe una vocación totalitaria en el gobernante, pues recalcó que ahora maneja las alcaldías, las universidades, los sindicatos y “quitó” del camino a quienes hacían oposición. Este diario habló con Sáenz y otras dos personas afectadas por las recientes medidas del régimen.

‘Atentado contra la supervivencia’

El 25 de febrero, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), comenzó a cancelar el pago de pensiones a los jubilados que formaban parte de los 222 presos políticos que fueron expulsados del país luego de ser declarados “apátridas”,

El exdiputado Enrique Sáenz consideró que esa decisión es un atentado contra la supervivencia de muchos nicaragüenses, pues no tienen cómo costear hasta lo más mínimo para vivir.

“Fueron arbitrariamente, sin ningún tipo de notificación, anuladas por la seguridad social. Unos la recibían por cheque y otros por transferencia y en cada uno de los casos se dijo que eran instrucciones de la Presidencia.

“Es criminal porque una persona que tiene que estar en el exterior, porque si está en Nicaragua lo que le espera es la cárcel, difícilmente pueda encontrar una fuente de ingresos”, manifestó Sáenz.

‘Menores sufren destierro de sus padres’

El hecho de que Ortega y su esposa Rosario Murillo, tomaran la decisión de quitarle la nacionalidad a más de 300 opositores afecta, de forma colateral, a sus familiares y muchos menores de edad.

La principal razón es porque como sus padres ya no aparecen en los registros de Nicaragua, algunos niños y niñas quedaron solo con el apellido del adulto que aún vive en ese país y eso perjudica muchos trámites legales que los menores necesitan.

Silvia Nadine Gutiérrez, exdiputada del MRS y una de las 94 personas a las que el régimen les anuló su nacionalidad, manifestó a La Nación que Ortega está violando los derechos de los niños, pues de forma indirecta les está quitando la libre movilidad.

“Muchos de los familiares de los presos políticos desterrados están todavía en Nicaragua, entonces hijos de ellos que quieren salir del país, pero que todavía no tienen pasaporte, les es difícil porque no encuentran en la partida de nacimiento a su papá o mamá porque los han borrado del sistema y sin eso no pueden hacer el pasaporte y por ende, no pueden salir del país”, aseveró Nadine

‘Aniquilamiento material’

Pocos días después de que el gobierno nicaragüense retiró la nacionalidad de 94 opositores y ordenó expropiar sus pertenencias, tras ser acusados de “traición a la patria”, las autoridades empezaron a confiscar las viviendas de estas personas.

La excomandante guerrillera Mónica Baltonado comentó a La Nación que Ortega y Murillo decretaron la inmovilización e incautación de todas las propiedades para después llamar a los ocupantes de esos bienes a que se presenten ante la Procuraduría General de la República, y decirles que deben pagarle al Estado un arriendo por esas propiedades.

“En esos inmuebles están familiares, ahora tienen que pagar, o inquilinos, ahora tienen que pagarle al Estado. Los desterrados que sufragaban sus gastos con estos ingresos quedan sin sustento. Y si sumamos que también dejaron de pagar las pensiones de los jubilados, es claro que el propósito es el aniquilamiento material. Dejarnos en la indigencia”, denunció Baltonado.