A esa Sedena quieren darle la seguridad pública
Si México fuera un país normal, ayer al mediodía en el Senado se habría sentido un frío glacial que habría congelado, de inmediato y sin remedio, la discusión de la prórroga del plazo que permite a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad pública. Y, al mismo tiempo, se habría activado, en todo el país, la discusión y los trámites para destituir a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
De ese calado es lo expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.
Con la autoridad que han construido desde que avanzaron en la investigación superando las trampas del peñismo, y con la solidez y el cuidado que les caracteriza, las expertas y los expertos del GIEI dejaron en claro que nuestras Fuerzas Armadas están manchadas por la sospecha de vinculación de algunos de sus elementos al narcotráfico.
Sí, no de todos, pero la pregunta es por qué los altos mandos de las FFAA del sexenio anterior y de éste se han resistido a investigar esos nexos.
Y por lo declarado ayer por el GIEI, también se han resistido y se resisten a cooperar con la investigación sobre la tragedia de Iguala y el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esa resistencia transexenal incluso desoye instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, su jefe supremo.
Porque no es cierto el argumento esgrimido esta semana por Adán Augusto López Hernández, quien en comparecencia en el Senado señaló que no se puede culpar a una institución como el Ejército por lo que habría hecho un puñado de sus elementos.
El titular de Secretaría de Gobernación dijo eso a sabiendas –es imposible que lo desconociera– de que el presidente López Obrador ha recibido la queja del GIEI de que el Ejército se resiste a entregar documentación que tiene sobre el 26 de septiembre de 2014. El Presidente también ha tratado de recurrir a ese argumento de unas cuantas manzanas podridas.
Con lo dicho ayer por el GIEI, que además de la falta de cooperación de la Sedena, denunció la operación de un grupo de espionaje del Ejército en Iguala, cuya existencia antes éste les había negado, es evidente que la Defensa no sólo no hizo la tarea durante el peñismo (no investigó ni procesó judicialmente el caso entonces) y que no sólo resiste hoy las instrucciones de su comandante supremo, sino que, a pesar de ser un compromiso de este gobierno con los padres de Ayotzinapa, ha emprendido una campaña política, e incluso mediática, para obstruir la justicia.
A esas Fuerzas Armadas quieren darle, en Palacio Nacional y en el Congreso, la seguridad pública hasta 2028. Lo de ayer del GIEI debería ser el punto final de ese esfuerzo. Es un botón de muestra de la falta de compromiso democrático del Ejército. Si en un caso de esa visibilidad, y que tanto agravia a la sociedad mexicana, así actúan las fuerzas castrenses, no podemos esperar que en otras situaciones su sometimiento a la justicia y la rendición de cuentas sea distinto.
En lo referente a Gertz Manero, la exposición del GIEI es lapidaria: el titular de la FGR ha roto compromisos públicos y toma decisiones que sólo pueden ser considerados como entorpecimiento de la justicia. Un nuevo fiscal encubridor. ¿Dónde habíamos visto eso?
AMLO ha tenido en las FFAA y en Gertz Manero un soporte y un operador, respectivamente. Pero ahora ambas instancias representan un peligro para el legado que el tabasqueño prometió en el caso Ayotzinapa y en la agenda de la justicia.
Si fuéramos un país normal…