La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra , se enfrentará el próximo 19 de septiembre a las preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que la imputó ante las dudas que arrojaba su actuación en el caso de abusos sexuales de su exmarido -educador en una residencia- a una niña tutelada de 14 años, entre 2016 y 2017. Oltra tendrá que resolver las sospechas del magistrado y el fiscal, en una causa con once funcionarios del departamento autonómico y dos trabajadoras del centro de menores Niño Jesús de Valencia investigados. Desde su dimisión en junio tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la exvicepresidenta ha mostrado un perfil bajo y se ha centrado en su defensa. No obstante, en los últimos días, cargos de Compromís han redoblado la presión ante lo que siempre han considerado un ataque de la extrema derecha -con la connivencia de jueces y fiscales- para apartar del poder a su líder. El motivo: la víctima de los abusos ha señalado a su abogado -el líder de España 2000, José Luis Roberto- y a la exdirigente de Vox Cristina Seguí -cuya asociación Gobierna-te ejerce la acusación en esta causa junto a la formación de Santiago Abascal- por utilizarla y abandonarla tras la caída de Oltra. Ambos lo han negado, en un cruce de reproches a través de las redes sociales ante la difícil situación que vive la joven de 20 años , sin hogar, sin trabajo y con dos hijos a su cargo. No obstante, y al margen de ello, desde que el educador Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión -a la espera del recurso en el Supremo-, hasta seis pronunciamientos judiciales han puesto en entredicho la gestión de la Generalitat en este caso después de que la víctima relatara por primera vez lo ocurrido, en febrero de 2017. De hecho, el procedimiento actual parte, en origen, de la desprotección que señaló la Audiencia de Valencia en la sentencia contra Icardi y que la joven llevó a los tribunales. Desde el centro de menores no se dio credibilidad al testimonio de la joven y tampoco se le derivó al Instituto Espill, especializado en este tipo de casos. En su extenso escrito fechado en abril de 2022, el juez instructor puso el foco en que «los hechos afectaban de forma muy relevante» a la dirigente, «no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas , ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido». La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana entendió que la gestión -el «plan preestablecido»- de Oltra y su equipo podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Del mismo modo, el último auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano -antes de que la causa volviera a Instrucción 15 tras la dimisión de la exconsellera y la perdida de su condición de aforada- apuntó a «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Mónica Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política». El expediente 'parajudicial' No fue hasta finales de junio de 2017 cuando la Fiscalía tuvo constancia de la denuncia de la víctima, al abordar la menor a dos policías y contarles lo ocurrido. A raíz de ello, un juez dictó una orden de alejamiento. Es este un punto crucial en el relato de los hechos pues, a partir de este momento, el caso ya estaba judicializado . Tras varios requerimientos del Ministerio Público, el 8 de agosto de 2017 Igualdad abrió una «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», según el magistrado Vicente Ríos. En ese sentido, el juez apunta a Mónica Oltra como la persona que dio la orden verbal para que se iniciara ese expediente reservado, que se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado». Oltra siempre ha defendido que tuvo conocimiento de los abusos cuando llegó una notificación judicial a su casa el 4 de agosto. En ese momento compartía inmueble, pero no convivencia, con su pareja, y pidió que se recabara información y se asegurara la protección de la menor. Un punto con el que discrepa el instructor de la causa. Las distintas declaraciones públicas de la dirigente de Compromís parece que no han ayudado a aclararlo El pasado 7 de marzo, preguntada por los periodistas, la propia Oltra aseveró que había sido ella quien había encargado ese documento -que se denominó «Información Reservada 1/2017» - para conocer qué había fallado, por qué su departamento no tenía constancia de lo ocurrido y qué actuaciones se habían realizado para proteger a la víctima. «(…) ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz…», subrayó. «Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: «Oiga averígüese aquí que ha pasado» . Pocos días después, durante sus comparecencias como imputadas en sede judicial, tanto la directora como la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero y la citada Gemma Plaza, negaron taxativamente que Oltra hubiera dado cualquier directriz . Ambas defendieron que actuaron por su cuenta cuando tuvieron conocimiento de los hechos por parte de la dirección territorial. El día 25 del mismo mes, la exportavoz del Consell se desdijo y aseguró que ni siquiera había hablado con la directora general durante esos días. Sus palabras se enmarcaban, incidió, dentro de «un ámbito de declaración política de apoyo» a los trabajadores de Igualdad «en respuesta a una cacería de la extrema derecha». Oltra es la última de los catorce investigados que desfilará por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Tras su declaración y cuando se haya analizado toda la documentación que obra en la causa, el juez tendrá que decidir si los «indicios serios, racionales, sólidos y fundados» que cree que existen contra ella son suficientes como para procesarla y abrir juicio oral.
