¿Para qué se revisará la norma técnica para interrumpir embarazo?

Transparencia y respeto a los criterios técnicos y jurídicos. Prevalencia de consideraciones de Salud Pública porque de lo que se trata, dijo, es de salvaguardar la vida de la madre. Por supuesto, promete respeto a los derechos humanos.

Esto es lo que garantiza César Gamboa Peñaranda, director de Servicios de Salud, en el Ministerio de Salud, y quien coordina la comisión que volverá a evaluar la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la vida o la salud de la madre, la cual rige desde diciembre del 2019.

Los resultados de esa revisión los promete para finales de setiembre. El informe pasará a la Dirección General de Salud, luego a Asuntos Jurídicos y, por supuesto, al despacho de la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal.

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En entrevista con La Nación, Gamboa reconoció que esta evaluación se realiza antes de tiempo, pues lo usual es revisar la aplicación de cualquier norma después de los primeros cinco años de su vigencia. La comisión se ha reunido dos veces (13 y 20 de junio) desde que el presidente Rodrigo Chaves y Joselyn Chacón ofrecieron a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), hacer una revisión. El compromiso se dio en un encuentro solicitado por los obispos, que se realizó el 19 de mayo anterior.

El siguiente es un resumen de la entrevista con César Gamboa, el 24 de agosto.

– ¿Cuántas reuniones se han hecho, cuáles han sido los temas abordados? ¿Se tiene un calendario con alguna fecha definida para tener resultados de esa discusión?

– Convocamos a la comisión, con las instituciones que trabajaron inicialmente en la elaboración de la norma, para generar una discusión a lo interno y revisar qué ha pasado con este tema. Nosotros mismos planteamos el ciclo de la evaluación que, generalmente, anda alrededor de los cinco años. Si partimos del año en que se promulgó la norma, que fue en el 2019, al día de hoy estamos a medio periodo de su implementación en los servicios de salud.

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“Los integrantes de la norma plantean hacer una evaluación documental de medio periodo, aunque no es el momento adecuado, y por el tipo de normativa. La evaluación sería de los casos presentados y ver qué ha pasado con el tema. Estamos analizando un instrumento técnico que nos permita obtener información más detallada de algunas mejoras de quienes aplican el procedimiento.

“Son dos casos los que se han dado hasta el momento, y el instrumento puede ser fácilmente valorado e implementado. Hasta el día de hoy, no ha habido ningún tipo de inquietud ni por parte de a quienes se les ha aplicado la normativa, ni por parte de los establecimientos, ni por parte de nadie. Todo ha fluido con tranquilidad, tal y como estaba establecida la normativa, que es bastante detallada en muchísimos temas”.

– Mencionaba, ‘no es el momento adecuado’ para empezar a evaluar. Y lo justifica por el tipo de normativa. ¿Es por esto que la están evaluando o porque han recibido una orden directa del presidente y de la ministra de Salud?

– Yo creo que concuerdan las dos cosas. Nosotros, por el tipo de norma, nos habíamos planteado un momento más o menos como el que podemos andar ahorita. Pero la Dra. (Joselyn Chacón) también nos solicita y nos indica que es por el tipo de norma. No una fecha exacta, pero sí esa valoración de un medio periodo.

– Según usted, ¿ha sido por el tipo de norma y porque es una orden?

– Bueno, a ver, como orden uno podría decir que es una indicación, por así decirlo. Cuando recibimos la indicación, habíamos valorado un medio periodo. Lo que no sabíamos era cuándo. Pero yo creo que por el tipo de norma aplica hacer una revisión. Para hacer este formulario o instrumento de evaluación, lo que sí hemos convocado es a la comisión. Incluso, han habido actores que han solicitado participar y los hemos convocado para hablar esto con la transparencia debida.

“Si hicimos juntos la norma, validemos el instrumento de manera conjunta entre todas las instituciones. Yo creo que es muy importante esto. Nosotros, en el fondo, velamos porque la norma se cumpla y que haya un cumplimiento en el resguardo de los derechos humanos”.

– Sobre la comisión. ¿Cuántos y quiénes la integran? ¿Y cuáles otros grupos solicitaron participar a raíz del anuncio del presidente?

– Ha estado el Inamu, la CCSS, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras. Medicatura Forense. Estos estuvieron al principio. El Frente Nacional por la Vida solicitó estar en la comisión.

Institución	Representante
Ministerio de Salud	Dr. Allan Varela y Dr. César Gamboa
Caja Costarricense de Seguro Social	Dra. Carla Verónica Gríos
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica	Dr. Alejandro Madrigal
Colegio de Enfermeras	Dra. María Griselda Ugalde
INAMU	Cindy Quesada Hernández y Adilia Caravaca
Cámara Costarricense de la Salud	Dr. Massimo Manzi y Dr. Rodolfo Garbanzo
Representante de las demandantes contra en Estado ante la Comisión de Derechos Humanos	Licda. Larissa Arroyo
Frente Nacional por la Vida	Máster Yolanda Meléndez

– ¿Cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que respaldan esa convocatoria?

– No hay como un criterio, digamos, para ningún tipo de norma. Puede ser, en este caso, porque pensamos que ya estaba a medio periodo y el tipo de norma requería esto. Pero no es como que exista un criterio específico para ninguna norma, más que el seguimiento, la fiscalización de los procesos, la mejora continua.

– ¿Les fijaron un calendario para decir cuándo y cuál es el producto que debe salir?

– Estamos previendo que este proceso de evaluación del instrumento lo tengamos para finales de setiembre.

– ¿Cuáles son los ajustes, si son tres o más días para solicitar la interrupción, si se amplía la cantidad de especialistas...?

– Todo eso. Básicamente, es el procedimiento que está en la misma norma. Ver cuáles han sido los resultados que se han obtenido con respecto a la aplicación en los servicios.

– ¿Podrían llegar y decir que todo está bien?

– Correcto. Así es. Puede ser que todos nos digan, diay, que todo está fluyendo. O que haya alguna mejora. Como todo, echándolo a rodar se puede ver si puede haber mejora o no.

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– ¿Se puede justificar el uso de recursos estatales para revisar la norma?

– No veo que haya, sinceramente, un costo elevado. La participación de los funcionarios de las instituciones, son reuniones que convocamos en el Ministerio, hasta virtuales. Somos funcionarios públicos y es parte de. Cuando hablamos de una evaluación suena como algo muy grande, pero el procedimiento es tan concreto y tan establecido que una aplicación en los establecimientos no debería ser de gran costo.

– Pero no era un costo presupuestado. No lo tenían en el radar hasta el 19 de mayo, cuando el presidente salió de la reunión con los obispos y anunció un compromiso.

– Sí, pero este ejercicio lo hemos hecho en otros momentos. Es una cuestión que forma parte de la misma rutina y funciones del Ministerio, no es nada extraordinario.

– Pero asuntos de este nivel, del despacho de la ministra y de Presidencia, no es común.

– Sí, pero digamos que nosotros lo vemos técnicamente así: usted sabe que cuando uno tiene los avales políticos para realizar ciertas cosas, es el mandato político en el mejor sentido de la política pública no el mandato de la política electorera. El hecho de que haya un interés para apoyar la misma valoración de la norma, esto da un poco más de fortaleza y agilidad a lo interno de lo técnico.

– ¿Lo considera política pública y no política electorera?

– Correcto. Exacto. Hay otros momentos en que a nosotros nos han solicitado y nos dicen que nos vayan y revisen cómo están ciertos procedimientos. Por ejemplo, fertilización in vitro. Son prácticas que, en materia de salud pública, vienen a generar un ciclo virtuoso de mejora continua, porque uno no tiene que ir a convencer a alguien para que me apoye a ir a hacer tal cosa. Aquí hay una confluencia técnica y una del nivel superior para ir a hacer la evaluación.

– ¿Se están blindando de eventuales acciones de inconstitucionalidad? Hay grupos que advirtieron que harán lo posible para evitar un retroceso en Derechos Humanos, sin criterio técnico y jurídico.

– La parte legal no es mi fuerte. Me apego más a la parte técnica del procedimiento de la normativa, la parte de salud pública, de tal manera que haya calidad y seguridad a la hora de que los procedimientos se ejecuten. A la hora de blindar de esa manera, creo que legalmente también va a haber un respaldo. La idea es hacer una simple revisión. A lo mejor hasta todo quede igual. Yo lo veo más en el plano muy técnico. Ese es el mejor respaldo para la legalidad, ¿verdad?

Compromiso con Salud Pública

– El 19 de mayo, se dieron declaraciones sobre ‘cerrar portillos al aborto’, una discusión superada tras cinco años. Se vuelve a plantear lo del 121 (del Código Penal). ¿Será volver al principio?

– Yo pienso que en una comisión, como en todo lado, puede haber gente que tenga diferentes posiciones. Creo que esto enriquece. Nuestra intención siempre es que todos entendamos que aquí lo que hemos tratado de generar es un cumplimiento a un artículo del Código Penal que permite esa operativización con calidad y seguridad, y tiene que prevalecer el tema de la Salud Pública. Por lo menos, así lo percibo yo. Siempre hay que escuchar a todo el mundo. Todo el mundo puede tener su posición, pero aquí la posición es salvaguardar la salud de la madre, en este caso.

– Es inevitable hacer un paralelismo con lo que ha sucedido en vacunación, en donde los criterios técnicos y científicos no han prevalecido. ¿Se siente seguro en este territorio?

– Yo me voy por la parte técnica. Y la discusión en el seno de la comisión es de diálogo, de escucha, de retroalimentación, de contraposiciones porque en la vida, diay, tiene que a veces darse eso, y enriquece más. En Salud Pública lo interesante es eso, que es una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria, desde una visión sociológica del bienestar común. Incluyendo al Frente Nacional por la Vida, ellos tienen derecho a expresarse y a decir las cosas que quieran decir.

– ¿Lo tiene claro la ministra? ¿Les ha puesto alguna condición?

– No, no, sinceramente no. No hay ninguna condición de por medio. Simplemente, una indicación de revisión de la normativa. Pero no, sinceramente, hasta el día de hoy, ¡jamás! No ha habido ninguna imposición de ningún tipo.

– Cuando tengan los resultados, ¿qué sigue y quién le tiene que dar el visto bueno final?

– Como toda normativa, es a través de la Dirección General de Salud, la jefatura inmediata, para que esto continúe el procedimiento ya establecido, Asuntos Jurídicos, etcétera.

– ¿Y terminará en el despacho de la ministra?

– Correcto, así es.

– Del 19 de mayo a la fecha, ¿ha conversado con la ministra sobre este tema?

– He conversado para informarle cómo han sido las reuniones.

– Se nota confiado en que prevalecerá el criterio científico y la salud pública.

– Así es, la comisión se lo ha planteado así.

– Si por la víspera se saca el día...

– Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de objeción, queja o acción legal. La intención no es ir a buscar un pelo en la sopa, sino más bien qué mejoras se le dan desde el punto de vista de quien aplica la norma, que son los servicios.

– ¿La prevalencia de criterios de salud pública?

– Correcto. Ese es el proceder que hemos venido generando. Y en esta norma, así tiene que ser.

– ¿Es una brasa en sus manos?

– Técnicamente uno ya lo tenía visualizado. Es muy delicado el tema, no solo en la parte ética, es un proceso que tiene que estar con mucha fortaleza técnica.

– Y no retroceder en derechos humanos, que es el gran reclamo.

– Correcto, exactamente. Estamos para cumplir los derechos humanos.

– Reconfirma su confianza en seguir este proceso con independencia técnica. Porque usted es técnico, no es político.

– Por supuesto. Nuestro accionar aquí es técnico, esa es nuestra misión técnica como salubrista: velar porque eso se haga de una manera técnica. Y hasta ahora, no he recibido ninguna indicación que diga lo contrario.

– ¿Indicación o presión?

–No, de ningún tipo, de ningún tipo, sinceramente. Nuestra línea va a ser esa.