La Audiencia de Sevilla inicia el nuevo curso con el juicio al chófer de Guerrero, un jurado popular y FIVA
SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Sevilla inicia el nuevo curso judicial con sesiones de calado, como el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte de ese dinero habría sido supuestamente destinado a la compra de cocaína, copas y antigüedades.
En concreto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre el desarrollo de dicho juicio, inicialmente dirigido contra Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020; Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
El juicio sigue señalado para tal fecha, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que hace escasas semanas, el abogado que representa al PP andaluz como acusación popular en las piezas de esta macrocausa, Luis García Navarro, fuese nombrado como nuevo secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Administración andaluza, por lo que será otro letrado el que represente al PP en esta vista oral.
PENAS DE PRISIÓN
De cara al juicio, en cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
Para el mismo día 5 de septiembre está prevista además la constitución del jurado popular destinado a juzgar, también en la Audiencia, al hombre acusado de asesinar a su tía, que sufría una enfermedad degenerativa y precisaba de una silla de ruedas para desplazamientos mínimos, teniendo reconocido un 86 por ciento de minusvalía; en mayo de 2021 en la vivienda de esta última en la capital hispalense, hechos por los que la Fiscalía solicita para el investigado un total de 25 años de cárcel por un delito de asesinato.
Una vez que ese día sea constituido el jurado popular, al día siguiente prestarán declaración el acusado, los testigos y los peritos, según el calendario previsto.
NUEVA PIEZA DE INVERCARIA
Y para el 7 de septiembre, la Sección Cuarta de la Audiencia tiene señalado el comienzo del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa a los préstamos concedidos a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).
En concreto, y según han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, este nuevo juicio por los préstamos de Invercaria comprende 45 sesiones, la última de ellas el 12 de enero de 2023.
En el marzo de esta pieza separada, la Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, ha solicitado penas de 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado en otras piezas de esta macrocausa; y Laura Gómiz, respectivamente, por los 716.000 euros en préstamos concedidos por esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta a FIVA.
ACUSADOS PÉREZ-SAUQUILLO Y LAURA GÓMIZ
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado.
Asimismo, Anticorrupción reclama seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.