Muerte materna en México aumenta durante la pandemia de COVID

El 30 de enero, cerca del mediodía, Keren Vallejo Castro ingresó a un hospital en Baja California y dio a luz a un bebé sano. Ocho horas más tarde, estaba muerta. La causa oficial de muerte, después de lo que debería haber sido una cesárea de rutina, figuraba como hemorragia, pero es posible que su familia nunca sepa por qué sucedió.

Cuando el cuerpo de Vallejo llegó al médico forense, sus órganos ya habían sido extraídos por el hospital, por lo que la autopsia no fue concluyente. El hospital dice que siguió el protocolo al realizar su propia autopsia y solicitó el permiso a sus parientes más cercanos.

La familia de Vallejo está convencida de que la madre de 31 años fue víctima de negligencia médica. Desde entonces, cinco empleados han sido despedidos y el Gobierno ordenó integrar una comisión para investigar los hechos. “¿Cuándo nos íbamos a imaginar que ella se iba a ir tan joven?”, se lamentó la hermana de Vallejo, Ana María, desde su casa en Baja California.

Vallejo se encuentra entre las 2 mil 240 madres que han muerto en México debido a complicaciones de su embarazo desde que comenzó la pandemia. Cuando los pacientes de COVID-19 saturaron el sistema de salud, los líderes gubernamentales no priorizaron su atención sobre la de las mujeres embarazadas, convirtiendo el trabajo de parto, el alumbramiento y la salud de las mujeres en general, en un asunto secundario.

Las tasas de mortalidad relacionadas con el embarazo en todo el país aumentaron en más del 60 por ciento en el primer año de la pandemia, según muestra un análisis publicado en la revista BMC Public Health. A principios de 2021, 81 mujeres morían por cada 100 mil nacimientos, según datos del Gobierno, en comparación con 24 en el mismo período de 2019.

El COVID devastó los sistemas médicos a nivel mundial, pero pocos lugares del mundo —si es que hubo alguno— vieron aumentar sus tasas de mortalidad materna de manera tan pronunciada como México. Un sistema de salud excepcionalmente mal administrado y con fondos insuficientes durante años, sumado a la decisión del Gobierno de poner la economía en primer lugar, tuvo un costo devastador para las mujeres.

El aumento de muertes fue tan pronunciado que el director de la Organización Panamericana de la Salud instó a los líderes latinoamericanos a dar prioridad a las mujeres embarazadas para vacunarse, citando a México junto con Argentina y Brasil como grandes contribuyentes a las muertes por covid de mujeres embarazadas en la región. Incluso antes de la pandemia, México tenía una de las tasas de mortalidad materna más altas entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Colombia y Letonia.

En 2019, la tasa de mortalidad relacionada con el embarazo en México fue más de cuatro veces superior a la tasa de Canadá y más de nueve veces la de Japón. El covid solo amplió la brecha.

La decisión de México durante la pandemia de convertir cientos de sus hospitales, uno de cada 10 solo en la región de Ciudad de México, en salas de atención exclusiva para pacientes con covid fue el factor que más incidencia tuvo en el aumento de las muertes maternas. Pocos países adoptaron un enfoque tan drástico. Los centros médicos comenzaron a negarse a admitir pacientes por cualquier otra emergencia, incluido el trabajo de parto. “Simplemente les decían a las mujeres cuando llegaban, ‘no, aquí es hospital covid y ya no hay atención para ti’”, contó Guadalupe Hernández Ramírez, partera en la Ciudad de México.

Enfermeras y médicos que trabajaban en áreas rurales fueron trasladados a centros de salud en áreas más pobladas, una medida que perjudicó a las embarazadas que vivían en sitios remotos. Los servicios de atención médica más cercanos se transformaron en centros de priorización del virus, o se quedaron con equipos mínimos.

Muchas de estas mujeres se resistían a viajar a áreas urbanas para recibir atención prenatal, ya sea porque tenían miedo de contraer el virus o porque era logísticamente difícil, señaló la doctora Nina Méndez-Domínguez, quien dirigió la investigación que reveló el aumento de más del 60% en la tasa de mortalidad. Su renuencia a viajar significaba que las complicaciones a menudo no se detectaban hasta que era demasiado tarde, explicó

Méndez-Domínguez, vicedirectora de investigación y capacitación en un hospital especializado en el estado de Yucatán, donde las muertes maternas aumentaron el año pasado al nivel más alto en más de una década. Ni la Secretaría de Salud ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, que administra la cobertura médica para millones de mexicanos y opera el hospital donde murió Vallejo, respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un evento virtual realizado en febrero de 2021, el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, dijo que la estrategia de México había sido “muy, muy enfocada en la reconversión hospitalaria” para que los médicos no se vieran obligados a decidir qué pacientes con covid vivían y cuáles morían.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su Gobierno agregó decenas de miles de médicos y personal hospitalario para abordar la escasez de personal. El sistema de atención médica de México ya estaba muy mal financiado y con falta de personal antes de la llegada del covid-19.

El gasto total en salud en México ascendió a un 5.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2019, uno de los niveles más bajos entre los países de la OCDE. Incluso previo a la pandemia, los hospitales a menudo carecían de equipos básicos, medicamentos y personal.

Antes de destinar unilateralmente cientos de hospitales para la atención exclusiva del covid, la respuesta inicial de López Obrador al virus fue extremadamente limitada. En un intento inútil por proteger la economía de México de la pandemia, su Administración impuso restricciones mínimas para reducir la propagación del virus. Las pruebas se limitaron a personas con síntomas. No hubo prohibiciones de viaje ni pagos de subsidios para disuadir a los empleados de ir a sus lugares de trabajo.

A mediados de marzo de 2020, todavía abrazaba y besaba a los electores, instándolos a salir y a comer en restaurantes. Una de las consecuencias fue la aparición de brotes más graves. Otra fue que más trabajadores de la salud murieron de covid en México que en cualquier otro lugar del mundo.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para proteger su economía, México apenas evitó la recesión el año pasado. La decisión, justo antes de la pandemia, del Gobierno de López Obrador de renovar el Seguro Popular, un tipo de seguro de salud utilizado por un tercio de la población, dificultó aún más que las mujeres embarazadas obtuvieran el tratamiento que necesitaban.

El nuevo sistema no estaba completamente en funcionamiento cuando apareció el coronavirus, lo que generó caos y confusión y contribuyó a una gran escasez de medicamentos, según investigadores de la Universidad de California en San Francisco que analizaron la respuesta de México a la pandemia.

Los médicos y parteras de todo el país culpan a las interrupciones en la disponibilidad de métodos anticonceptivos, los que podrían haber evitado algunos embarazos de alto riesgo y abortos.

En el primer año de la pandemia, los servicios de anticoncepción proporcionados por el seguro social se redujeron en más de un 50 por ciento debido al cierre de clínicas y el traslado de médicos, lo que restringió fuertemente el acceso, según un informe dirigido por el propio jefe de investigación del instituto.

Las tasas de mortalidad materna de México tienen una tendencia a la baja ahora, en gran parte porque los casos de covid-19 han disminuido y los hospitales nuevamente están tratando todo tipo de emergencias. Las últimas cifras del Gobierno sitúan la tasa en unas 31 muertes por cada 100 mil nacimientos. El objetivo de larga data de la nación de alcanzar una tasa de 22 muertes por cada 100 mil nacimientos está nuevamente a la vista.

A expertos como Méndez-Domínguez les gustaría ver un aumento en el acceso a la anticoncepción, junto con más servicios de telemedicina para que los médicos puedan detectar los problemas a tiempo. La infraestructura también debe mejorar para que las mujeres que viven en localidades rurales puedan ser llevadas de manera más fácil y rápida a recibir atención médica de emergencia. Y los doctores y parteras, que llenan un vacío importante en un sistema médico sobrecargado, deben trabajar mejor juntos para atender a los pacientes, afirmó.

Hablar de tales esfuerzos proporciona poco consuelo a la familia de Vallejo. Su esposo ahora cuida solo a su bebé recién nacido, así como también a su hijo de 3 años, Edrick. Su hermana dice que Edrick todavía llora por su madre.

*Con la colaboración de Andrea Navarro.