«No tengo ninguna relación con los hermanos del presidente de la Generalitat». La Audiencia de Valencia ha juzgado este martes al director general de Política Lingüística del Gobierno valenciano, Rubén Trenzano, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la concesión de ayudas a las productoras administradas por Francis Puig en 2015 y 2016 por valor de 56.825 y 23.234 euros.
Trenzano ha querido zanjar cualquier tipo de duda y ha defendido que ni encontraron en su momento, ni han encontrado a posteriori irregularidades en la tramitación de esas subvenciones para el fomento del valenciano a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, productoras audiovisuales en los que el hermano de Ximo Puig «tiene participaciones». De hecho, ha aseverado que no supo que se habían presentado a la convocatoria hasta que se armó todo el revuelo.
El alto cargo de Compromís -que gobierna junto a PSPV y Unidas Podemos- afirmó en «un escrito oficial», según el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, dirigido a la exsíndica del PP Eva Ortiz en abril de 2018, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a dichas mercantiles y no había anomalías.
Pero, según el instructor, estas actuaciones se llevaron a cabo oficialmente con posterioridad, tras aprobarse en julio un nuevo plan de control de las ayudas, motivo por el que el director general ha acabado sentado en el banquillo, a raíz de la denuncia de Ortiz -única acusación en este proceso-, que reclama seis años de prisión.
Rubén Trenzano, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del fiscal, ha relatado ante el tribunal que el 27 de febrero de 2018 llegó una carta firmada por Ortiz desde su despacho en las Cortes Valencianas, en la que se indicaba que había detectado «ciertas irregularidades», sin concretar ninguna pese a que la diputada «tenía los expedientes» que habían solicitado otros diputados de su partido.
Su jefe de servicio, Vicent Tortosa, y la entonces subdirectora general del departamento, Nathalie Torres -su personal de «confianza»- se mostraron «sorprendidos» cuando llegó el documento, ya que lo habitual es que las peticiones de documentación o las preguntas a las consellerias se realicen a través de la Mesa de Les Corts.
Dudaron en contestar, pero finalmente sí lo hicieron «por cortesía» y porque «era la síndica del PP -principal partido de la oposición- y el Gobierno quiere ser transparente». Hoy, «hubieran contestado con la misma carta», puesto que sigue «convencido de su veracidad». Una respuesta redactada «íntegramente» por Tortosa y fechada el 6 de abril, mes y medio después, que Trenzano se limitó a firmar, como es habitual en cuestiones administrativas, para las que siempre está «asistido» al no tener formación en este ámbito.
«Una subvención no se asigna si no hay unos controles exhaustivos» en los que participa Hacienda, ha añadido, algo que él ha conocido «a posteriori», puesto que en esa época «prácticamente no sabía nada». En cualquier caso, ha asegurado, los técnicos comprobaron la documentación de 2015 y 2016 y no encontraron «ningún problema en estos expedientes». Además, nadie había recurrido esas adjudicaciones.
Una versión que el exjefe de servicio y la exsubdirectora general han refrendado en sus declaraciones como testigos. Todos ellos han coincidido en que, tras el cambio de la ley, la Conselleria de Educación tenía cuatro años -hasta 2020- para aplicar un plan de control de las subvenciones. Por ello, se aprobó un programa en 2017 que revisaba «de forma aleatoria» las ayudas otorgadas y cuyo funcionamiento se explicó en un acto público a las empresas de medios de comunicación.
Asimismo, Trenzano ha señalado que cuando Eva Ortiz presentó el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y para no incurrir en prevaricación, los técnicos propusieron hacer un nuevo plan en el que se introdujo «la cuestión por riesgo» -la opción de revisar una adjudicación concreta ante sospechas-, se volvieron a comprobar todos los documentos –incluido un disco duro con programas de radio en valenciano con los que se justificó el dinero recibido- y tampoco se encontraron errores.
Respaldado por su partido
La defensa de Trenzano ha solicitado la nulidad de la apertura de juicio oral y el sobreseimiento de la causa con el fin de evitar el uso fraudulento de la acusación popular «para la consecución de intereses ajenos».
El Ministerio Público ha pedido la absolución del acusado al entender que no tendría que haberse llegado a este procedimiento. No obstante, y aunque ha coincidido en señalar el «interés espurio» de la acusación, el fiscal ha rechazado la solicitud de la defensa y ha abogado porque se resuelva en sentencia para no alargar el proceso en el tiempo con una cascada de recursos.
Además, tras rechazarse su propuesta, la defensa del acusado ha adjuntado dos extractos del diario de sesiones de las Cortes Valencianas, con intervenciones de Eva Ortiz aludiendo al proceso, para evidenciar el interés de la diputada autonómica del PP en «tener un argumento político falso que se ha ido tergiversando».
Por su parte, el abogado de la demandante, a cuyas preguntas no ha querido contestar el acusado, se ha cuestionado «qué interés más colectivo puede haber» que demostrar la veracidad de los documentos públicos y ha incidido en que entre Trenzano y Ortiz no había una «relación política ni epistolar», sino un escrito oficial de la Conselleria de Educación.
En la vista, que se ha prolongado durante tres horas, algunos dirigentes del Bloc-Compromís, como su coordinadora general, Àgueda Micó, han querido respaldar a su compañero de partido. Desde los partidos de izquierda rechazaron desde el primer momento que el director de Política Lingüística tuviera que dimitir y salieron en su defensa, pues consideran que se le juzga por no haber sido preciso en una simple comunicación cuyo contenido fue validado por los funcionarios de la dirección general.
Una causa paralela en curso
Cabe recordar que, en relación a este asunto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia sigue investigando el supuesto fraude en la obtención de subvenciones para el fomento del valenciano y el empleo por parte de las firmas administradas por Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, algunas de las cuales fueron multadas por Competencia por pactar precios para ganar un concurso público.
La investigación, en la que Trenzano también consta como imputado, se centra en dirimir si el grupo de empresas utilizó los mismos recibos, nóminas y contenidos para inflar los gastos y poder justificar diferentes ayudas que recibieron entre 2015 y 2018 por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.
