Casado se encomienda a las encuestas y al apoyo mediático
Habla el Gobierno: "La oposición es estrambótica, exagerada, inflamada... Se agota el vocabulario para describirla. En ese estado de ansiedad y ese nivel de tensión que proyecta, la legislatura se le puede hacer muy larga. Mucho más si la economía empieza a crecer, como crecerá, por encima del 7%".
Habla la oposición del PP: "Las encuestas avalan nuestra estrategia. Nos dan incluso mejor de lo publicado y la tendencia es al alza. Ya hemos consolidado los 140 escaños. La clave está en que Vox obtenga un pírrico resultado y no sea necesario que entre en el Gobierno".
Entre una y otra reflexión no sólo hay dos voces de dos dirigentes de partidos antagónicos, hay miradas muy diferentes sobre la situación política, los recientes cambios en el Gobierno, la estrategia de la oposición y el sentir de la sociedad española. Ambas son consecuencia de la demoscopia. Ya saben, la política hace tiempo que tiene más que ver con los tuits y las encuestas que con el interés común y los programas.
El primer entrecomillado es de un ministro que está seguro de que la senda de la recuperación económica, el nuevo gabinete de Sánchez, la lluvia de millones de los fondos europeos, la exagerada crispación y, sobre todo, el miedo a que la extrema derecha pueda entrar en el Gobierno de España evitarán una victoria de Pablo Casado, como la que ya dan por sentado los conservadores.
El segundo es de un dirigente del PP, donde ya preparan —cuentan— el primer Consejo de Ministros que presidirá Pablo Casado. La derecha está convencida de que el voto conservador ya no se explica sólo con la imagen estereotipada del barrio de Salamanca y el progresista, con la del Puente de Vallecas.
"Ya no hay cosificación al uso del electorado español y la mayor demostración fue el resultado de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado mayo", afirma un dirigente del PP, para quien la política es cuestión de estados de ánimo, los patrones han cambiado y el voto ya no es un premio al oponente, sino un castigo al gobernante. Dicho de otro modo: no hay mérito de Casado, sino desgaste de Sánchez en una hipotética victoria del PP.
El caso es que los populares están seguros de que su líder le está comiendo la tostada a Pedro Sánchez, y no sólo por la desaparición de Ciudadanos del mapa político, sino porque en los sondeos se percibe no un aumento en la valoración de Casado, ni una consolidación de su liderazgo interno, sino "un cansancio social, un profundo rechazo al Gobierno y un inexorable cambio de ciclo" que podría sacar a la izquierda de La Moncloa.
En un momento en el que las encuestas definen la política y la política actúa en relación a lo que lee en las encuestas, desde la sede nacional de los populares arguyen que "con la subida del precio de la luz Sánchez no ha logrado parar el desgaste que pretendió frenar con los cambios que hizo en julio en el Gobierno" y que la decisión de no renovar el CGPJ y otros órganos constitucionales "no ha debilitado la posición de Pablo Casado en el electorado". En este nuevo curso que arranca legislativamente la próxima semana, el PP se dispone a ahondar en el desgaste del Ejecutivo como consecuencia del recibo de la luz, con la certeza de que puede ser la puntilla que hunda el apoyo social al presidente y sin detenerse, claro, en que el desorbitado precio de la electricidad es un fracaso colectivo consecuencia de la política energética de todos los gobiernos de los últimos 20 años. Las mismas invectivas que se escuchan ahora desde las filas populares contra la coalición de izquierda son idénticas a las proclamas que usaba Sánchez contra Rajoy cuando era jefe de la oposición y muy parecidas a las que éste último vertía contra Zapatero, pero la memoria es flaca y el electorado no entiende de matices cuando a final de mes tiene que hacer frente a la factura eléctrica. Tampoco de estrategias como la implementada desde La Moncloa para que los ministros hagan pedagogía en los medios de comunicación sobre la diferencia entre la subida de la electricidad en el mercado mayorista y el recibo de la luz, como si una cosa no fuera consecuencia de la otra.
En realidad lo que el PP detecta es un estado de gracia en el que nada de lo que hace o dice le penaliza, tampoco el incumplimiento flagrante de sus obligaciones constitucionales como lo es su cerrazón a renovar el Consejo de Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional. De nada sirve que la izquierda política y mediática se desgañiten en poner negro sobre blanco lo que es una auténtica crisis constitucional provocada por un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno.
Casado sabe perfectamente el significado y las consecuencias judiciales de que en el actual órgano de gobierno de los jueces y en el Constitucional haya una mayoría que no se corresponde con la del Parlamento actual, y por eso ha encadenado excusas para mantener el bloqueo. Primero fue la condición de ERC como socio parlamentario del Gobierno; luego, la vicepresidencia de Pablo Iglesias; después una reunión con Sánchez en La Moncloa y ahora, un compromiso escrito de reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a sus colegas en lugar del Congreso, a propuesta de las asociaciones profesionales. Un sistema que rige por cierto desde 1986, que ni Aznar ni Rajoy con sendas mayorías absolutas modificaron jamás, y que, lejos de ser un "modelo antidemocrático" y "totalitario" como han llegado a decir varios dirigentes de la derecha, ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones.
"El bloqueo no sólo no nos desgasta electoralmente, sino que al votante de centro, que no entiende de matices, le suena bien eso de que sean los jueces quienes elija a los jueces, y no lo políticos, como Casado lleva diciendo desde que fue elegido presidente del partido", asegura un diputado nacional, que añade como argumento de peso para no salirse del bloqueo el apoyo sin fisuras de sus referentes mediáticos. "Si Casado negocia con Sánchez la renovación, al día siguiente nos trituran nuestros principales apoyos editoriales".
Aún quedan dos años para las elecciones y el líder del PP ya se ve ganador. Tanto es así que ha diseñado la Convención Nacional del partido que se celebrará a principios de octubre como una fiesta anticipada de la victoria esperada, con caravana previa por distintas ciudades, en la que participarán miembros de la sociedad civil y expertos en diferentes cuestiones para preparar los primeros Consejo de Ministros que Casado ya ha proyectado.
De nada sirve que en la dirección nacional haya dirigentes que le hayan recordado que un partido de Estado como el PP no puede provocar el bloqueo de los órganos constitucionales o que lo peor de generar expectativas que no se cumplan sea luego gestionar las frustraciones. En el fondo Pablo Casado sabe que las generales de finales de 2023 o principios de 2024 serán su última bala como líder de la derecha y que no tendrá más oportunidades. Otra derrota en su marcador le sacaría de inmediato de Génova. Por algo ya han empezado, antes siquiera de ser convocados algunos congresos regionales, los movimientos por el control orgánico en los territorios. El primero en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, tras postularse como candidata a presidir la organización regional a la vuelta del verano, a sabiendas de que el cónclave no se celebrará por lo menos hasta 2022 y que el de los populares madrileños será con seguridad de los últimos.
La presidenta madrileña ha marcado territorio propio frente a la dirección nacional, que se ha molestado con la precipitación del anuncio, ha incluido en la liza por el control del partido en la región al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y ha explicitado que el modelo actual, con una presidencia ajena al poder institucional, ha funcionado y puesto a punto la organización. Casado ha sido claro al respecto porque al hablar de tres referentes —Ayuso, Almeida y la actual secretaria general, Ana Comins— viene a decir que la inquilina de Sol no es su favorita.
A Ayuso le importa un comino lo que diga García Egea, Casado o el sursum corda si se pronunciara al respecto. Tiene el mismo desparpajo que en su día mostró Aguirre contra Rajoy y cree que se basta y se sobra con su incuestionable fortaleza electoral para medirse con el alcalde y con Casado si le hiciera falta. Hace y dice lo que le da la gana cuando le da la gana sin detenerse en si le viene bien o mal a la dirección nacional y dará la batalla, con la anuencia o no de Génova, en el congreso regional. Sabe que ese apoyo de los referentes mediáticos de la derecha que Casado teme perder si se sienta con Sánchez a renovar el Poder Judicial ella lo tendrá haga lo que haga porque es la que tiene el poder institucional, un presupuesto de más de 20.000 millones de euros y una lluvia de millones para repartir en ayudas, subvenciones, contratos públicos y mucha, mucha publicidad.
Más claro: entre Ayuso y Casado, los medios de derechas lo tienen claro. ¿Y los militantes? Esa es una disyuntiva que Casado quiere evitarles. De momento, a base de encomendarse a las encuestas y al aliento de los referentes mediáticos de la derecha que comparte con la ultraderecha de VOX. Y esto, pese a que la dictadura de las encuestas en ocasiones puede distorsionar la realidad y, lo que es peor, ofuscar la capacidad de decisión de los líderes políticos. Antes eran los oráculos y ahora, los sondeos.