Iberdrola Renovables intenta desvincular a Sánchez Galán para evitar daño a la compañía
Iberdrola intenta desvincular al presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, de la imputación hecha este viernes a Iberdrola Renovables por la contratación irregular de empresas del excomisario José Manuel Villarejo, ya que nunca ha formado parte del consejo de administración de la filial.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a la filial de renovables como persona jurídica por su relación con empresas vinculadas al excomisario.
Fuentes del grupo energético han destacado que Iberdrola Renovables Energía es una filial de Iberdrola España, por lo que cada una de ellas cuenta con un consejo de administración propio, que incluye consejeros independientes. Lo que pretende la compañía es separar este caso, para evitar que dañe su imagen por temas de reputación.
Aunque se intenta desvincular la filial de su matriz, lo que es evidente, que una compañía depende de la otra, siendo el máximo mandatario Ignacio Sánchez Galán. Es lógico por tanto, que las decisiones importantes de la empresa de renovables no se autorizan sin el visto bueno de Iberdrola.
Ignacio Sánchez Galán "nunca ha sido ni presidente ni consejero de ninguno de esos dos consejos", en contra de lo que sostiene el juez en su auto de imputación.
En el documento conocido este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional justifica la imputación al detectar un posible delito de cohecho por la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
Sobre este punto, Iberdrola aclara que el auto del juez limita su imputación como persona jurídica al pago en febrero de 2012 de una única factura de 29.000 euros, sobre la que el magistrado "descarta cualquier ilegalidad", por lo que en opinión de la compañía no existen delitos de falsedad documental ni de revelación de secretos.
Asimismo, el juez ha sobreseído una querella presentada por Iberdrola contra su exresponsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo, por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo, al considerar que los hechos han prescrito, lo que impide personarse a Iberdrola como parte perjudicada en el caso.
La eléctrica recuerda que el juez archiva la querella "por superar el plazo de prescripción al tratarse de un presunto delito que se cometió en 2004", y destaca que no puede ser excluida del procedimiento porque nunca se ha aceptado su personación.