La Audiencia condena a Luis Pineda a ocho de los más de 116 años que le pedían por el caso Ausbanc
Ya hay sentencia para el caso Ausbanc. La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de prisión por delito continuado de extorsión y amenazas al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, (que afrontaba una petición de Fiscalía de 116 años) y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. A ambos les atribuyen la extorsión a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.
Los magistrados de la Sección Cuarta imponen a Pineda cinco años por extorsión y tres por estafa, mientras que a Bernad le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa. Absuelve a todos los acusados del delito de organización criminal, administración desleal, denuncia falsa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, de acuerdo con el auto de 195 páginas.
La Sala también condena a un año de prisión al adjunto a la presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, y a medio año a la que fuera directora del departamento jurídico, María Mateos. Ambos por el delito de extorsión. Sin embargo, los otros seis acusados en esta supuesta red –entre ellos la abogada Virginia López Negrete- quedan absueltos de los delitos por los que fueron juzgados.
Con todo Pineda, que ha estado representado en el procedimiento por el abogado Luis de las Heras, deberá indemnizar a un total de 13 entidades, entre ellas BBVA. Con esta última mantiene un enfrentamiento hasta el punto de figurar personado como víctima de uno de los encargos que le realizó al comisario jubilado. La entidad que preside Carlos Torres también acusaba en este procedimiento pero se retiró casi al término de la instrucción tras verse implicada en el caso Villarejo.
Campaña mediática negativa
Además de BBVA, Pineda tendrá que indemnizar a Unicaja, Caixa, Liberbank, Nissan Ibérica, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Europistas, Cajasur, Cajavital, Bankia, Caja Rural y Caja March. La sentencia detalla cómo la organización de consumidores, nacida en 1986, impulsaba acciones colectivas, si bien en paralelo también propiciaba acuerdos “para la solución extrajudicial de los conflictos”, siendo muchos de ellos de carácter económicos. Apunta la Sala que el ejercicio de acudir a los tribunales para denunciar abusos contra los consumidores "era un mero instrumento".
El objetivo era que los bancos contra los que actuaba la asociación accedieran a sus reclamos bien fuera a través de convenios publicitarios o de otras fórmulas. "En el caso de que aceptasen suscribirlo, aun cuando se iniciase o se siguiera el trámite por los letrados de las delegaciones territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación", indican.
"De darse la circunstancia de que no se avinieran las entidades a los requerimientos económicos efectuados comúnmente por Luis Pineda, fuera porque el acuerdo publicitario les supusiera un desembolso económico desmedido o porque les resultase el jurídico inasumible, ello podía conllevar una repercusión negativa reputacional de distinta índole, bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad, o por la difusión hiperbólica de un aislado acontecimiento en la entidad en cuestión", desgrana la sentencia.
"Campañas de ataque"
Añade el fallo que los pagos que se solicitaban a estas entidades se enmascaraban como publicidad en las revistas de Ausbanc, como "estudios de mercado" y mediante patrocinios. El fiscal -que atribuyó a Pineda 16 delitos de extorsión- acusó a todos los juzgados de integrar una organización criminal, mientras las defensas solicitaron la absolución de su representados apuntando a un origen viciado de la causa y a una guerra de las entidades por su lucha contra las cláusulas suelo.
Sin embargo, tras meses de un juicio que terminó el pasado mayo, los magistrados consideran probado que se impulsó una campaña de presión por parte de ambos entes y que las "campañas de ataque" a los bancos y a sus directivos se modulaban en función de si finalmente se rendían a sus pretensiones económicas. Según relatan, la asociación y el sindicato iban de la mano en esta trama que consistía en que Manos Limpias se personara como acusación popular como medida de presión en procedimientos con gran repercusión mediática.
“Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel Bernad dio entrada al acusado Pineda para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y las del Grupo Ausbac a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos", concluye el fallo. Contra el mismo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.