El ponente del TC mantiene la inconstitucionalidad del estado de alarma y avoca al tribunal a un debate fracturado

El Tribunal Constitucional continúa fracturado ante el debate de si el estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia fue ajustado a derecho. Así lo confirman fuentes del tribunal de garantías que afirman que el asunto se llevará a pleno el próximo martes sin cambios sustanciales en la ponencia que pretende declarar inconstitucional el real-decreto del Gobierno que sirvió para restringir la movilidad de los ciudadanos en la primera ola del Covid-19. 

El asunto ya fue debatido por los once magistrados del Constitucional hace dos semanas, pero la falta de consenso propició que el presidente pospusiera el asunto. El ponente de la sentencia, Pedro González Trevijano, expuso a sus colegas que lo legal hubiera sido decretar un estado de excepción y no uno de alarma. 

Desde este aplazamiento, los magistrados que se posicionaron en contra de esta sentencia han estado enviando por escrito a González Trevijano sus aportaciones. Se han analizado debates constitucionales sobre el estado de alarma, antecedentes legislativos de cuando se redactó la Constitución y el debate en el Congreso de cuando se aprobó la ley orgánica de 1981 que regula, precisamente, la alarma, excepción y sitio. Quieren llegar al núcleo de cuáles fueron los objetivos del legislador al constituir esta norma y esta semana el cuerpo de letrados del tribunal ha repartido a los magistrados documentación con todos estos antecedentes. 

Sin embargo, pocas posiciones han cambiado desde entonces. El ponente, aunque ha modificado algunos aspectos, ha decidido seguir adelante con su argumentación en la que considera que durante el confinamiento se produjo una suspensión de derechos fundamentales y no una mera limitación y que, para ello, lo adecuado hubiera sido un estado de excepción. 

En el lado contrario están los magistrados que consideran que el estado de excepción tiene sentido con motivos de orden público, mientras que el de alarma es preciso en situaciones de riesgos naturales o, como en este caso, una pandemia. 

El debate, por tanto, continúa abierto. La fractura sigue estando en cinco magistrados a favor de declarar inconstitucional del real decreto aprobado por el Gobierno -el ponente González Trevijano, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez, Antonio Narváez y Alfredo Montoya- y cinco en contra -el presidente Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En el aire todavía está el voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, que es quien puede inclinar la balanza. 

Aplazarlo a septiembre para hacer coincidir las dos ponencias 

Estas diferencias se debatirán en el pleno previsto para el próximo martes 13 de julio. El presidente Juan José Rivas no quiere dilatar más la sentencia porque un sector del tribunal de garantías cree que ya llegan demasiado tarde para pronunciarse sobre un asunto tan relevante para los ciudadanos un año más tarde. No obstante, existe otro sector que considera que el debate puede aplazarse hasta después de verano para estudiar conjuntamente este recurso y otro, también presentado por el partido Vox, en contra de la duración de seis meses del segundo estado de alarma. 

En ese caso lo que se plantea no es si debería haber sido un estado de alarma o no, sino si fue legal el plazo de seis meses que aprobaron las Cortes para que se extendieran las restricciones. Además, los magistrados tendrán que resolver también sobre la constitucionalidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, delegara en las autonomías las medidas en materia sanitaria cuando el estado de alarma era a nivel nacional y no autonómico. Esta ponencia está encargada a Antonio Narváez y prevista para el primer pleno de septiembre. 

En el caso de que este martes no se consiga el ‘quorum’ el ponente podría renunciar y habría que presentar una nueva ponencia, en cuyo caso la decisión se retrasaría con toda seguridad a después de verano. 

Preocupación por una avalancha en los juzgados 

Una parte del Constitucional se confiesa preocupada por lo que una sentencia contraria al primer confinamiento pudiera suponer de cara a los juzgados. Por un lado, la propia ponencia expone que todas las sanciones que se hayan puesto, incluso por sentencia firme, ya sean penales o multas administrativas, quedan automáticamente anuladas, como adelantó ‘El País’. 

Por el contrario no dice nada de la responsabilidad patrimonial, si bien algunos magistrados creen que esto podría acarrear demandas millonarias en contra del Estado. Grandes despachos de abogados están ya preparando reclamaciones colectivas para solicitar indemnizaciones a la Administración, como contó este diario. 

Los plazos anulados por el Congreso 

En el pleno de este martes también se debatirá otro proyecto de sentencia que parte también de un recurso de Vox sobre la anulación de los plazos de enmienda del Congreso. Durante la primera ola del Covid-19 la mesa del Parlamento decidió que no se suspender temporalmente todos los plazos de las Cortes. En este sentido, el partido de Santiago Abascal considera que esto perjudicó a su formación y a la oposición que realizan. El ponente de esta sentencia es Antonio Narváez.