'Guerra del plátano': Los productores denuncian ante Bruselas la reforma de la Ley de la Cadena
El escenario que se abre ahora, si Bruselas estima que España está incumpliendo alguna de sus obligaciones, es un procedimiento de infracción que podría terminar en el Tribunal de Justicia de la UE y la imposición de sanciones. El presidente de Asprocan, Domingo Martin, asegura en declaraciones a ABC que «se supone que la Ley de la Cadena busca favorecer al productor, por lo que no tiene ningún sentido que haga daño. No vemos nada positivo para nosotros en la norma».
El representante de los productores canarios pone cifra al impacto de preceptos como la obligación de un precio mínimo igual o superior a los costes de producción y de algunas de las obligaciones de acreditación de costes: «Se dejaría de comercializar entre el 30% y el 80% de la producción anual, según si se considerase o no las ayudas europeas dentro del precio», avisa el representante de Asprocan. Esto beneficiaría a la gran rival del plátano de Canarias: las bananas. En un mercado, como el español, en que este producto concentra hasta el 70% de la demanda en España el representante de Asprocan cree que se estaría «incentivando de manera indirecta» a la banana.
«Milagrosamente vivos»
En paralelo, la reforma de la Ley de la Cadena, enfila ya su votación definitiva en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, sin que socialistas y Unidas Podemos sean receptivos a las reivindicaciones de este sector que ya cuenta con el apoyo de partidos como el PP, e incluso, de socios del Gobierno como Nueva Canarias (NC). Este es el motivo por el que Asprocan ha decidido mover pieza. «Llevamos año y medio queriendo demostrar con argumentos tangibles: el plátano es casi el único producto de exportación de Canarias y no queremos ni deseamos el conflicto con el Ministerio de Agricultura, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados», ha apuntado Martín.
Sobre España, el principal para el plátano de Canarias, el representante de los productores ha sostenido que abandonarlo sería «un gran error» y ha explicado que se trata de «un mercado maduro, en el que llevamos invirtiendo más de 40 años en comunicación y marketing». En este sentido, ha denunciado que para la banana se trata de un «mercado de derribo» y que los precios resultan muy bajos en comparación con el plátano. Domingo Martín lo ha definido como «una guerra de David contra Goliat, de pequeños productores frente a grandes producciones continentales». En este sentido, ha admitido que los países productores de banana de Latinoamérica y África presionan para exportar a aranceles mínimo. «Estamos compitiendo desde la liberalización del mercado español en 1993 y estamos milagrosamente vivos», ha concluido.
Hasta 12.000 empleos en juego
El sector representa el medio de vida de unas 15.000 familias del archipiélago, y genera entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. Además de otros 45.000 indirectos. Canarias concentra el 70% de la producción europea con 420.000 toneladas de producción media al año y exporta a la Penísula un millón de kg de plátanos diarios. Lo que representa una contribución directa a la economía canaria de 430 millones de euros.
Preguntado por la tramitación parlamentaria, el presidente de Asprocan ha explicado que «el gran problema que nos plantean algunos grupos parlamentarios es que seamos un ejemplo para otros sectores, que están en contra de la Ley». Una opinión que ha rechazado con contundencia Domingo Martín, quien destaca la unanimidad entre los productores de plátano: «Con la excepción no se hace daño a otros sectores».
En cualquier caso caso, los denunciantes, han sostenido en el escrito remitido a la Comisión Europea que la Ley de la Cadena tras la penúltima modificación en diciembre de 2020 vulnera varias directivas europeas como la de prácticas comerciales desleales (2005/29) la de prácticas comerciales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (2019/633); así como los artículos 23 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y varias normas de derecho de la competencia de la UE (artículos 4.3 y 101 del TFUE). Además de supuestamente lesionar el estatus especial de las ayudas agrícolas a las Islas Canarias como región ultraperiférica. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya se pronunció en esta línea hace unos meses.