La Abogacía del Estado sigue la doctrina del Gobierno y no demanda a los líderes del 'procés' ante el Tribunal de Cuentas

Como había anunciado el martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la Abogacía del Estado no demandará a los líderes del 'procés' en el procedimiento del Tribunal de Cuentas relacionado con los gastos indebidos por la acción exterior entre 2011 y 2017. De hecho, ayer no hizo uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora. «El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace», había explicado Campo el día anterior, como informó ABC en su edición de ayer.


El Tribunal de Cuentas confirmó ayer la liquidación provisional. Tras escuchar a las partes, entre el martes y el miércoles, la delegada instructora levantó acta por importe de 5.422.411,10 euros (unos 460 euros menos que la cifra conocida el martes). De esta manera, Artur Mas (2,8 millones de euros), Carles Puigdemont (1,9 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones), Francesc Homs (2,9 millones), Andreu Mas-Colell (2,8 millones) y veintinueve implicados más tendrán que afianzar 5,4 millones de euros como presuntos responsables de los gastos indebidos por el 'procés' en el extranjero. La responsabilidad de cada uno es directa y solidaria en función del hecho irregular y del tiempo en que desempeñaron el cargo público.


De los 42 implicados inicialmente, el Tribunal de Cuentas ha exonerado de responsabilidad contable a ocho personas, entre ellas los exconsejeros autonómicos Neus Munté y Jordi Turull, así como a Javier Acín, Francesc Cubell Creus, Jordi Serra Catalán, Virginia Astigarraga Pallarés, Pau Villoria Sistach y Juan Prat Coll. Los 34 presuntamente responsables a los que no se les aceptaron las alegaciones deberán hacer frente a las fianzas en los próximos 15 días hábiles. En caso contrario, se iniciará el embargo de bienes en función de su responsabilidad.



Después arrancará el procedimiento de enjuiciamiento que determinará si, finalmente, los implicados en este caso deben devolver el dinero que se les reclama a la Generalitat.


El exconseller de Presidencia de la Generalitat y letrado de varios de los excargos a los que se les reclama la caución, Francesc Homs, reprochó que la instructora no haya estimado sus alegaciones y haya mantenido la cifra inicial anunciada ayer en el acta de liquidación provisional. «Es un despropósito que no tiene fundamentación jurídica razonable que busca perseguir una ideología», se quejó Homs.