Las Cortes Valencianas investigarán las mordidas urbanísticas del 'caso Azud' con la oposición de Vox
Una decisión que llega cuando se ha cumplido un mes de la entrada en prisión preventiva del exvicealcalde y número dos de Rita Barbéra en la época dorada del PP en Valencia, Alfonso Grau, y del, hasta su detención, subdelegado del Gobierno en esta provincia, el socialista Rafael Rubio. Ambos siguen encarcelados por riesgo de destrucción de pruebas tras ser arrestados junto a doce personas más en el marco de la segunda fase de esta operación.
Esta supuesta trama de corrupción coincide en el tiempo con la época en la que tanto Grau como Rubio eran concejales del Ayuntamiento de Valencia, en el Gobierno y en la oposición, respectivamente, cargo que habrían aprovechado, supuestamente, para obtener mordidas a cambio de adjudicar obras públicas a empresas. Los investigadores creen que el popular pudo haberse llevado un millón de euros y el exedil del PSPV, otros 300.000.
La portavoz adjunta de Ciudadanos Mamen Peris ha definido el caso como «el colmo» de la corrupción por «la callada de la oposición previo cobro», en referencia a las informaciones que apuntan a que Rubio recibía sobornos para no delatar las maniobras de los populares en el hemiciclo municipal. La diputada de la formación naranja ha llamado a los grupos a «dejar de lado las fidelidades a los partidos» y «honrar» a la ciudadanía.
Peris ha protagonizado un duro enfrentamienro con el síndic del PSPV, Manolo Mata, que, aunque votará a favor, cree que la diputada naranja «se ha precipitado» porque aprobar la propuesta «sin plazo temporal» y sin conocer los detalles «no es serio».
«Hoy estamos haciendo el ridículo. Será el primer parlamento de España que abre una comisión de investigación con unas diligencias secretas», ha lamentado el socialista, al tiempo que ha añadido que «nos puede la ansiedad». «El acoso a la política lo pagan todos los partidos. No solo los que fuimos grandes, sino también los que nunca lo llegarán a ser», ha sentenciado Mata.
Por su parte, el diputado del PP -el otro partido salpicado en esta trama- Fernando Pastor ha evitado nombrar a Alfonso Grau y se ha referido a los «dirigentes en activo» del PSPV implicados y a la «doble moral de la izquierda», que ha rechazado «hasta en nueve ocasiones» comisiones similares para asuntos que atañen al Botànic, como las vinculadas a las ayudas presuntamente fraudulentas que recibió el hermano del presidente de la Generalitat.
«No vamos a caer en el postureo»
Precisamente los otros dos socios de los socialistas en el Gobierno valenciano, Compromís y Unidas Podemos, han dado luz verde a la iniciativa, aunque con algunos matices. La diputada de la formación morada Estefanía Blanes ha apuntado que «el momento no es el oportuno porque la investigación judicial está bajo secreto de sumario» y se centra en «competencias municipales, por lo que sería mejor presentar la propuesta en el Ayuntamiento de Valencia.
Desde la coalición que lidera Mónica Oltra, Papi Robles ha puesto el foco en que el 'caso Azud' es una muestra de cómo operaba la «corrupción sistémica» en la Comunidad Valenciana y de cómo «el bipartidismo formó parte de ese silencio, de esa complicidad y de esas actuaciones que nunca tenían que haber pasado».
En este punto, la portavoz adjunta de Ciudadanos ha pedido a Compromís que cese al jefe de los servicios jurídicos y de prevención de riesgos penales de Divalterra -la empresa pública de la Diputación de Valencia-, Jose Luis Vera, investigado en la trama, a lo que Robles ha replicado que el Gobierno de la corporación provincial ya trabaja en el cierre definitivo de la compañía pública.
Sin embargo y pese al acuerdo del resto de partidos, Vox votará en contra de la comisión porque cree que es mejor «dejar trabajar a la Justicia» y que, cuando sean condenados y «devuelvan lo robado», se determinen las responsabilidades políticas.
«No vamos a caer en el postureo de algunos porque nuestro único y verdadero objetivo es que este tipo de comisiones sirvan para señalar a los culpables políticos de cualquier tipo de corrupción», ha expuesto el diputado de la formación de ultraderecha David García.