Los Franco se oponen a que la Abogacía del Estado defienda a la funcionaria del informe sobre el Pazo de Meirás
Los Franco han enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid para pedir que se justifique por qué la Abogacía del Estado entra a defender a la funcionaria de Patrimonio que redactó el informe sobre la titularidad de los bienes del Pazo de Meirás. La familia se querelló contra Pilar Benito, la Jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales del Patrimonio Nacional, porque considera que cometió un delito de prevaricación y falsedad en documento público al redactar dicho informe.
La Abogacía del Estado ha pedido en varias ocasiones a la titular del juzgado, Cristina Díaz Márquez, que archive la investigación alegando que no tiene razón de ser ya que la funcionaria realizó un “mero informe” en el que se limitó a exponer los elementos de valor de los que se compone el palacete gallego.
El informe de la discordia se produjo después de que la Justicia otorgara la titularidad del Pazo de Meirás al Estado. Miembros de Patrimonio acudieron entonces en noviembre de 2020 a realizar un inventario, tal y como ordenó el Juzgado de Primera Instancia 1 de la Coruña, pero además, Pilar Benito firmó este documento de 19 páginas con el nombre “Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás” en el que se detalla que los muebles, vajillas, tapices y otros objetos encontrados eran de Patrimonio y apuntaba a que la familia del dictador podía haber hecho un expolio durante años.
Para los Franco este documento supuso una “extralimitación” de las funciones de Benito y, esto terminó en la actual querella. En el escrito enviado ahora a la jueza en el marco de esta investigación, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la familia dice que si esta funcionaria “abusó de sus atribuciones” la Abogacía del Estado no debería defenderla, sino ejercer como acusación particular.
El abogado de los Franco enumera las razones por las que la magistrada debe seguir indagando y no archivar la causa, como solicitó la Abogacía del Estado, para descubrir quién dio la orden de redactar este documento. “Si alguno de los bienes muebles en el Pazo de Meirás pudiera tener su origen en las Colecciones Reales, como afirma la querellada, su permanencia en aquel lugar solo puede sustentarse sobre la base de que los mismos fueran trasladados desde Madrid en aquellos momentos en que Meirás era residencia oficial estival del Jefe del Estado”, dice el escrito de los Franco.
Exponen que la intervención de los servicios jurídicos del Gobierno viene a reafirmar que, tanto si la querellada actuó por su cuenta como si lo hizo bajo la dirección de un superior, la investigación tiene sentido. Las diligencias solicitadas como tomar declaración a los testigos o que se identifique cuántas personas participaron en el informe son, según la familia Franco, “necesarias, pertinentes, útiles y relevantes a los fines de la investigación judicial”.
Seoane, la Abogada del Estado del ‘procés’
La Abogada del Estado escogida para llevar el caso es Rosa María Seoane. Una decisión que no es casual ya que también fue la encargada de ejercer como acusación en el juicio del ‘procés’ o durante la instrucción del caso que imputó al Delegado del Gobierno de Madrid por haber permitido la celebración del 8 de marzo días antes de que se decretara el Estado de Alarma. Fuentes judiciales explican que es Seoane la que se pone al frente siempre de las investigación con más tintes políticos y que el hecho de que sea ella quien firma los escritos de la muestra de que el Gobierno de Pedro Sánchez está pendiente de los pasos que vaya dando la jueza.
En el último escrito enviado al Juzgado, Seoane amagaba con un contraataque a los Franco mediante una querella por denuncia falsa y obstrucción a la justicia, según informó Vozpópuli. Para la Abogacía del Estado, la familia del dictador actúa con “temerario desprecio hacia la verdad y con ánimo de intimidar” a la funcionaria y a otros técnicos de Patrimonio.
Investigación en curso
Por el momento, la investigación sigue su curso a la espera de que el próximo 29 de junio declaren como testigos la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio María de los Llanos Castellanos y la directora de Colecciones Reales Leticia Ruiz.
La jueza atendió a la querella de los Franco el pasado mes de abril, como adelantó ‘Abc’, quienes acusan a Benito de cinco delitos. Además del de prevaricación y falsedad de documento público, así como falsedad o alteración del dictamen o testimonio pericial y estafa procesal, creen que existió revelación de secretos al publicarse en eldiario.es el contenido de este informe de Patrimonio Nacional en el que se apuntaba que los Franco podrían haberse llevado valiosos objetos. “A mi juicio hay que prestar especial atención al mobiliario y los bronces pues hay más piezas que las aquí reseñadas cuya calidad hace sospechar que podrían tener su origen en las colecciones reales españolas”, expone el documento.