Fiscalidad, fondos europeos y referéndum: las inconcreciones con las que ERC y Junts salvaron el acuerdo
El acuerdo de gobierno entre ERC y Junts acabó cerrándose en dos masías y gracias a la complicidad alcanzada por Pere Aragonès y Jordi Sànchez entre comida y comida. Pero el aislamiento y los embutidos de payés no fueron el único truco con el que los dos políticos empujaron el entendimiento. El documento que dio paso a la investidura tira también de redactados con alto grado de inconcreción en varios de sus puntos, sobre todo en aquellos más controvertidos para ambas formaciones. Una abstracción necesaria para que ambas visiones quepan en un pacto pero que, sin embargo, deja abierto cómo se concretarán las políticas que se desarrollarán desde el Govern.
La acción de gobierno pactada entre Junts y ERC es prolífica en cuanto a políticas sociales, con una destacada inyección de 5.000 millones de euros adicionales a la sanidad, pero pasa de puntillas sobre el origen de la recaudación de estos fondos y lo fía a la mejora de la economía. La fiscalidad siempre ha sido una política que ha tensionado a ambas formaciones y, solamente con lo que consta en el documento acordado, resulta imposible augurar cuáles serán las medidas impositivas del Ejecutivo de Pere Aragonès.
El pacto plantea "intensificar" la lucha contra el fraude fiscal, por un lado, y “alcanzar un sistema impositivo justo y profundizar en la fiscalidad ambiental” en línea con lo recomendado por la UE, del otro. En los últimos presupuestos de 2020, que Aragonès pactó con En Comú, se introdujo un aumento de la recaudación de 550 millones, mediante un nuevo gravamen a las producción de energías no renovables y sendos incrementos del IRPF y del impuesto de sucesiones. Pero este último siempre ha sido una línea roja para los de Junts. Su número 3, Joan Canadell, se ha mostrado directamente partidario de eliminarlo.
En cuanto a la agenda social, los dos actores de la coalición han hecho suyos muchos de los puntos que los republicanos pactaron previamente con la CUP, pero a la vez hay varias de esas medidas que no se recogen en el nuevo documento de ERC y Junts. Entre ellas, destacan por su ausencia la municipalización del agua o la creación de una energética pública, una nueva ley catalana de alquileres o el compromiso de no enviar a los antidisturbios a los desahucios. Tampoco se menciona la recuperación de escuelas privadas y concertadas hacia la titularidad pública.
Según ERC, la omisión de estas políticas que sí aparecían en el texto consensuado con la CUP no significa que hayan caído. Así lo entienden también los anticapitalistas. En cuanto a los ejemplos citados, la mayoría de políticas dependen de futuras carteras de ERC, pero también las hay en el caso de Junts. La más llamativa es la internalización de los servicios sanitarios del teléfono del 061 y del transporte sanitario. Si el acuerdo con la CUP explicitaba la gestión pública de ambos dentro de un avance hacia un sistema de titularidad y provisionamiento públicos, el que une a ERC y Junts se salda con “preservar la preeminencia de la gestión pública”.
Entre las demás políticas sociales en las que sí hay una coincidencia entre los dos acuerdos en los que han intervenido las tres formaciones destacan el plan piloto para una Renta Básica Universal, el aumento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del presupuesto de sanidad, el aumento en 1.000 millones en vivienda pública o la compra de 500 pisos al año mediante la fórmula de tanteo y retracto.
Otro de los temas que el texto pactado deja más en el aire es la gestión de los fondos europeos Next Generation, tanto respecto a cómo será el plan de reactivación económica para repartirlos cómo quien será el último responsable político de la suma. Este ha sido uno de los temas en los que la negociación más ha tropezado y, por ello, Aragonès y Jordi Sànchez han acabado pactando la salida más salomónica posible. Así, para que no cuelgue de ningún conseller en concreto, se crea una comisión interdepartamental con la presencia de todas las consellerias del Govern así como todos los altos cargos que se acuerden en el futuro. Un literal que deja absolutamente abierto cómo será la gestión del día a día.
Algo más detallado, aunque no mucho más, es lo que el documento plasma sobre el plan para el reparto de los fondos europeos. "El Plan debe ser el eje central sobre el que se construya un modelo social y económico catalán próspero, más justo socialmente y sostenible ambientalmente", indican. A partir de aquí, los partidos se comprometen a que el Govern "favorecerá la participación pública y comunitaria en el conjunto de proyectos así como la de los sectores productivos para identificar necesidades y prioridades".
¿Qué significa esto? Priorizar mediante los fondos Next Generation aquellos proyectos que "comporten una mayor inversión en servicios públicos esenciales para la vida como la sanidad, la educación, las universidades, la investigación, el transporte público y la cultura". Pero, a la vez, incluyen las iniciativas "con mayor capacidad de de tracción y de transformación estructural para la economía catalana, aumentando su sostenibilidad y resiliencia, la transición energética, la digitalización, la economía circular, la industria de la automoción, la investigación y la reindustrialización de los sectores productivos de futuro". Una definición tan abierta en la que cabría un amplísimo abanico de proyectos empresariales.
La agenda soberanista siempre es un campo abonado para la retórica abierta y los eufemismos. Este caso no es una excepción, ya que él mismo reconoce que su objetivo es "acomodar" las visiones divergentes de las dos formaciones en este ámbito. Así, de la media docena de páginas donde se enuncia la nueva vía, lo único que se desprende con claridad es la apuesta común por mantener una negociación con el Estado en el marco de la mesa de diálogo, a la que por otra parte el acuerdo con la CUP ha puesto fecha de caducidad en dos años.
Más allá de esta cuestión, el documento incorpora un amplio abanico de iniciativas y compromisos, algunos de ellos tan abiertos como "explorar complicidades y posible intervención de organismos europeos e internacionales para lograr un referéndum acordado" o "impulsar una agenda legislativa y de acción ambiciosa para construir espacios de soberanía y trabajar conjuntamente en el marco de las luchas compartidas".
A su vez, la apuesta por la negociación con el Estado no es, según enuncia el documento, incompatible con "explorar todas las vías" para el reconocimiento de la autodeterminación. Por ello el nuevo Govern se compromete a "seguir trabajando con fortaleza para poder plantear un nuevo embate democrático que permita alcanzar la República Catalana y la independencia de nuestro país". El pacto deja en el aire cómo debe concretarse ese "embate democrático", aunque las cuatro veces que habla de referéndum como una aspiración a conseguir, esa meta siempre aparece adjetivada como "referéndum acordado".