Más de 50 ONG piden al Congreso que investigue posibles abusos hacia migrantes en los campamentos de Canarias
Varias ONG han reclamado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las eventuales vulneraciones de derechos humanos que se hubieran podido cometer por las condiciones de detención sufridas desde el pasado verano por miles de migrantes en el muelle de Arguineguín y en el CATE de Barranco Seco, ambos en Gran Canaria. Sobre este último Centro de Atención Temporal de Extranjeros, las organizaciones también piden a la Fiscalía que indague la posible "comisión de hechos delictivos" y que "dote de más medios" a la investigación abierta en los juzgados canarios sobre el muelle de Arguineguín.
Unas reclamaciones recogidas en el informe "Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Gran Canaria y Melilla" elaborado por el Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia y apoyado por 53 ONG, que han presentado este jueves y en el que además solicitan al Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes y al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que realicen una visita urgente al archipiélago y a la ciudad autónoma.
"El Gobierno ha cruzado líneas absolutamente intolerables. La vergüenza del muelle de Arguineguín se está investigando en los juzgados y es necesario que sea así con el CATE de Barranco Seco. No valen medias tintas. Los derechos de las personas detenidas son claros (...) No se pueden usar protocolos covid para mantener allí a la gente", ha denunciado el codirector de Irídia, Andrés García.
Para el coautor del informe, es clave que el Gobierno "cambie la dirección" que ha tomado a la hora de defender los derechos humanos y le pide que abra una "investigación interna y profunda" en el seno de la Dirección General de la Policía: "En ocasiones hay demasiada laxitud a la hora de no investigar situaciones de este tipo cuando se trata de la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".
Consciente de que "la situación no es fácil" y de que se tienen que generar los "recursos adecuados", García critica que Interior se niegue a trasladar a la Península a los inmigrantes que se encuentran tanto en Canarias como en Ceuta y Melilla. Ante la gravedad de los hechos, ha subrayado García, también piden al Defensor del Pueblo que visite urgentemente el CATE de Barranco Seco, así como "otros espacios de detención" que se están empleando ante el elevado número de llegadas de inmigrantes a Canarias.
"Son lugares de contención que crean agujeros negros y funcionan como jaulas en las que falla la asistencia jurídica, el derecho a protección de las personas y las condiciones de acogida", ha explicado otra de las autoras del informe, Daniela Lo Coco, ante la actual tendencia de la política europea migratoria.
Una contención que se realiza a través de trabas burocráticas, limitaciones en la libertad de movimiento, vallas, controles, procedimientos interminables, detenciones y deportaciones, lo que unido a un "amplio abanico de diferentes obstáculos" van construyendo "una tela de araña de la que es difícil escapar", ha dicho Lo Coco.
Al Gobierno le reclaman que genere vías de entrada legales y seguras, que respete el principio de no devolución, que se priorice la atención sanitarias y psicológica por delante de la actuación policial, que las detenciones se produzcan en condiciones dignas y que se garantice la correcta asistencia letrada.
Censuran la falta de libertad deambulatoria de los migrantes que están debidamente documentados y exigen que se eliminen los controles que se están realizando en los aeropuertos canarios: "El COVID es la excusa para bloquear a las personas inmigrantes que quieren viajar a la Península para reunirse con familiares", ha opinado la abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández. Tampoco comparten el sistema de deportación en España, que, su juicio, se caracteriza por tener "un alto grado de flexibilidad y opacidad" y por ello exigen que se muestren mensualmente los datos de las personas identificadas y detenidas, los expedientes de denegación de entrada, devolución y expulsión, el número de personas internadas en los CIE, así como el número de personas deportadas.
Las organizaciones abogan por la creación de un grupo dentro de la Policía encargado de la identificación e investigación de las personas fallecidas o desaparecidas en los trayectos migratorios, así como la apertura de una oficina de atención a familiares de víctimas de naufragios.
Asimismo denuncian que la pandemia ha sido aprovechada para intensificar la política de bloqueo de inmigrantes en Melilla, a pesar del alto grado de hacinamiento que se ha producido en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), en el que ha llegado a haber más de 1.600 personas -entre ellas 200 menores de edad- cuando tiene 780 plazas.