La CNMC cuestiona la nueva normativa para los VTC y advierte que el Supremo podría volver a tumbarla
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado la nueva normativa que obligará a los operadores de vehículos de transporte con conductor (VTC) a comunicar los datos de ciertos clientes a un registro antes de cada trayecto.
En concreto, el nuevo mecanismo propuesto para controlar que los VTC solo presten servicios previamente contratados consiste en la obligación de comunicar a un registro específico antes de cada viaje la identidad de la plataforma y la de los usuarios que sean personas jurídicas.
En una resolución, el regulador cree que esta normativa implica una carga importante para los operadores a los que va dirigida y que podría desincentivar el uso de este tipos de servicios de transporte, así como limitar la competencia.
Asimismo, la CNMC considera que existen alternativas menos gravosas que permiten conseguir la finalidad perseguida, como las recogidas por el Tribunal Supremo en una sentencia en la que apunta a la obligación de conservar la documentación para el control posterior de la Administración o la de exhibir distintivos e identificaciones en los vehículos para su control.
En esa sentencia de marzo de 2020, el Supremo declaró nulas las medidas propuestas por el entonces Ministerio de Fomento en 2017 para prohibir la transmisión de autorizaciones de VTC durante dos años y también el artículo que obligaba a comunicar ciertos datos de los usuarios antes de cada viaje.
En este sentido, la CNMC advierte de que el sistema propuesto en esta ocasión para comunicar los datos de las personas jurídicas es similar al anulado por el Alto Tribunal hace menos de un año, por lo que podría volver a tumbarlo si encuentra las mismas deficiencias en materia de protección de datos.
No obstante, el informe de Competencia ha recibido un voto particular de tres de los ocho consejeros del organismo regulador sobre esta conclusión, en el que señalan que la sentencia no cuestiona la legalidad de esta obligación, siempre que la comunicación no se extienda a los datos personales de los usuarios del servicio.