De Teruel a Chamberí: ¿Por qué la inversión por habitante es un indicador insuficiente?
Este 2021 estrenará Presupuestos Generales del Estado. Tras conocer las asignaciones presupuestarias, toda clase de análisis han tratado de aclarar quien ganará y quién perderá comparativamente con las cuentas públicas. Generalmente, las disputas toman como referencia las inversiones por habitante para cada comunidad autónoma o provincia. Sin embargo, este indicador deja de lado realidades muy importantes de cara a la consecución efectiva de una igualdad de oportunidades entre todos los españoles.
La provincia de Teruel tiene en su conjunto los mismos habitantes que el distrito madrileño de Chamberí, unos 135.000. Sin embargo, mientras que esta zona de la capital española ocupa algo menos de 5 kilómetros cuadrados, la provincia del sur de Aragón tiene más de 14.800 kilómetros cuadrados. Aunque este sea simplemente un ejemplo ilustrativo, podemos encontrar otras impactantes comparaciones a lo largo y ancho de la geografía española. Por ejemplo, la provincia de Ávila tiene una población similar a la del madrileño barrio de San Blas-Canillejas. En el caso de la provincia de Segovia, su numero de habitantes es equivalente al del distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Y la provincia de Zamora, tiene los mismos habitantes que el distrito de Nou Barris, ubicado en la ciudad condal.
Pese a lo desequilibrado de algunas distribuciones territoriales como las que hemos visto, podríamos pensar que los habitantes de Teruel, Ávila, Segovia y Zamora deberían sentirse satisfechos si sus cifras de inversión estatal por habitante fuesen similares a las de Madrid o Barcelona. Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, las redes de transportes que atraviesan las provincias despobladas son infraestructuras necesarias y esenciales para vertebrar todos los territorios de España, para garantizar la existencia de un mercado nacional y europeo; su función es nacional y europea, no exclusivamente provincial. Por otro lado garantizar igualdad de derechos significa también implica facilitar oportunidades de desarrollo y calidad de vida en las zonas que se han quedado atrás, aunque las distorsiones estadísticas generen falsas impresiones con las inversiones estatales en provincias de baja densidad de población o despobladas.
Las inversiones destinadas a la contratación de profesorado y al funcionamiento de colegios, institutos y universidades deben ser mayores en provincias despobladas, donde en ocasiones los colegios no tienen más de 5 o 10 alumnos, que en barrios muy poblados donde un colegio puede tener más de 3000 alumnos. De manera idéntica, mientras que un hospital, unos cuantos centros de salud y algunas ambulancias pueden asistir perfectamente a un distrito muy poblado, una provincia entera necesitaría al menos triplicar el número de esos servicios para proveer una atención sanitaria de similar calidad.
En la misma dirección, es evidente que en un distrito muy poblado, los servicios de policía y bomberos pueden actuar con mucha más rapidez que en una provincia que tiene una gran extensión. Para corregir ese desequilibrio, las plantillas dedicadas a la seguridad ciudadana deberían incrementarse a medida que se multiplica la extensión de territorio que deben atender.
En cuanto a infraestructuras viarias y ferroviarias, la diferencia es aún mayor. Mientras que unas centenas de miles de euros de inversión anual podrían bastar para que un distrito de una gran ciudad tenga un servicio de metro o cercanías decente y unas redes viarias suficientes, garantizar un territorio conectado en una provincia extensa requiere de muchos millones de euros invertidos en líneas de ferrocarril tradicional, autovías y carreteras nacionales en condiciones. En la línea de las inversiones destacadas en educación, sanidad, seguridad e infraestructuras, el mismo criterio se puede aplicar para muchas otras partidas de gasto, como las dedicadas a cultura y patrimonio o a la garantía de servicios como el acceso a la banda ancha de Internet.
Tras estas argumentaciones, podemos entrever las deficiencias que proporciona el indicador inversión por habitante. Al mismo tiempo, se evidencia que para complementar o enriquecer el indicador señalado, se hacen necesarias nuevas variables tales como la inversión por kilómetro cuadrado, el grado de envejecimiento y dependencia que contiene la estructura demográfica, la tipología y dispersión del poblamiento, los problemas heredados… Si tomamos los datos de inversión por provincia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los dividimos por la extensión de cada provincia, encontramos algunos datos sorprendentes al compararlos con la inversión por habitante. Algunas de las provincias mejor situadas en inversión por habitante, pasan al fondo de la clasificación cuando hablamos de inversión por kilómetro cuadrado. Así pues, en las provincias que estaríamos calificando como mejor tratadas por los PGE, la realidad sería más bien la contraria. Siguiendo con la provincia que da título a este artículo, Teruel goza de la tercera mejor inversión por habitante de todo el país con unos 663 euros por ciudadano. Sin embargo, en la clasificación de inversión por extensión territorial, pasa a ser la séptima empezando por el final. El caso de Teruel es el más abultado con una caída de 43 puestos entre una clasificación y otra. Sin embargo, el mismo patrón de empeoramiento afecta a las demás provincias tratadas en este artículo, y en general a las provincias de la España Vaciada.
No solo hay provincias como Huesca, León, Cáceres o Soria, entre otras, que empeoran su posición relativa al cambiar de un indicador a otro. También apreciamos una mayor desigualdad entre territorios. Mientras en la inversión por habitante de los PGE la diferencia entre el que menos tiene (Toledo con 99 euros) y el que más tiene (Soria con 1.148) es de algo más de 11 veces, en la inversión por km2 la provincia mejor tratada (Barcelona con 17.145) tiene 81 veces más que la que menos tiene (Ávila con 211).
Seguir usando solo el indicador de inversión por habitante supone un agravio comparativo contra los ciudadanos de zonas despobladas, que ya de por sí son quienes tienen unos peores servicios e infraestructuras. La brecha rural-urbana seguirá agrandándose si no cambian los patrones de análisis de las inversiones estatales. El peligro sigue vigente debido a quienes, en nombre de la eficiencia, dictan que no se deben "malgastar" más recursos en atender a alguien solo porque viva en una zona despoblada. Es un reto para nuestra democracia el decidir entre una gestión minimizadora de costes, y una gestión que ponga la importancia en el ciudadano, sea cual sea su lugar de residencia.
Los indicadores de análisis económico juegan un papel fundamental en la dirección que toman las políticas públicas y las decisiones de inversión. Poner sobre la mesa indicadores como la inversión por kilómetro cuadrado e indagar en la construcción de indicadores más complejos que reflejen los desequilibrios socio-territoriales, puede rescatar la cohesión social y la credibilidad en las instituciones políticas que tanto necesita hoy en día nuestro país.