El Gobierno confía en un principio de acuerdo con Reino Unido antes de fin de año para evitar un Brexit duro en Gibraltar
España y Reino Unido deben lograr un acuerdo sobre Gibraltar antes del 31 de diciembre para evitar un "brexit duro" en la Verja que obligaría a establecer el control de mercancías y personas, salvo para los trabajadores transfronterizos que se hayan registrado como tales, los cuales contarán con un documento específico que les permitirá moverse con libertad. El resto, deberá cumplir con los requisitos de cualquier frontera exterior de la UE, según ha explicado en rueda de prensa la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
En la sede del Ministerio, la titular de Exteriores ha subrayado que el acuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre Reino Unido y la UE “no se aplica a Gibraltar” por lo que es necesario alcanzar un “acuerdo separado que está negociando España con Reino Unido y que aún no está concluido”. “Si hay un principio de acuerdo, podríamos modular la movilidad en la frontera con Gibraltar, y si no hay principio de acuerdo es frontera exterior de la UE con un país tercero y la modulación es imposible”, ha asegurado la ministra tras afirmar que “no hay plan B, no puede haber plan B”. "Se puede llegar perfectamente a un principio de acuerdo de aquí al 31 de diciembre", ha dicho la ministra.
Si no hubiera acuerdo antes del 31 de diciembre, España deberá controlar la frontera con Gibraltar con "observancia escrupulosa" de todas las normas de la UE sobre fronteras exteriores, por lo que todos los ciudadanos que quieran atravesar la Verja necesitarán un visado de pasaportes "como ocurre con cualquier país tercero".
Ser "país tercero" significa que los ciudadanos de Gibraltar dejarían de tener acceso a la Seguridad Social española, quedarían fuera del espacio aéreo europeo, necesitarían un reconocimiento específico del carnet de conducir y del seguro de sus vehículos, etcétera, ha detallado la ministra, quien ha apuntado que "no estamos inventando nada nuevo, es lo que ocurre con los países terceros". Además, será preciso establecer controles policiales, fitosanitarios y de seguridad en las mercancías de los más de 200 camiones que cada día cruzan entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, que suponen "más controles, tiempos de espera, colas y costes".
Por contra, España busca un acuerdo que permita "simplificar al máximo los procedimientos de movilidad, con la posibilidad incluso de levantar la Verja". Para lograrlo, "seguirá negociando hasta el último minuto del 2020. Por España no va a ser", ha dicho González Laya, para quien "no basta con que nuestro país quiera, el Reino Unido debe desearlo en los términos pactados". Según la ministra, todas las medidas técnicas ya han sido detalladas, "ahora falta la voluntad política".
Preguntada por si el plazo de negociación podría ampliarse, la ministra ha subrayado que "unos días más no serían un problema para España", pero que fue el Reino Unido quien marcó el 31 de diciembre como plazo final de su proceso de salida de la UE. Estas negociaciones están presididas por la existencia de "un gran desacuerdo" entre España y Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar, una "pretensión irrenunciable de España" que no obstante considera que las negociaciones pueden resolverse favorablemente "sin renunciar a nuestra pretensiones relativas a la soberanía, podemos acordar estar en desacuerdo sobre soberanía, sin que sea un obstáculo para facilitar la movilidad en la zona".
Además, González Laya ha detallado que, en previsión de la aplicación del acuerdo global, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un paquete de “medidas de adaptación” específicas para los distintos sectores afectados por la salida del Reino Unido de la UE, especialmente los sectores pesquero, de automoción, transportes y seguridad, entre otros.
Por la Verja cruzan diariamente unos 15.000 trabajadores y 200 camiones, y para la comarca de El Campo de Gibraltar, la relación con la colonia supone la cuarta parte de su producto interior bruto y aporta unos 120 millones de euros al año.