El drama que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas en Colombia
Azucena* es una mujer venezolana con estatus migratorio irregular que estaba casada con Juan*, un hombre colombiano, quien un día a su llegada a la casa la agredió físicamente e intentó ahorcarla. En ese momento vecinos del sector lo interrumpieron y ayudaron a la mujer.
Juan fue capturado en flagrancia y posteriormente condenado por el delito de violencia intrafamiliar.
Azucena recibió la ayuda de la Defensoría del Pueblo, que la acompañó y le brindó asesoría en el trámite del incidente para que se garantice su proceso de reparación integral.
Actualmente, ella se encuentra en tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico con el apoyo de la Red de Espacios Seguros y el Hospital San Vicente de Arauca. Esto ha permitido mejorar su calidad de vida y empezar a fortalecer procesos de empoderamiento.
Flora* también fue víctima de violencia. Ella vive en Colombia con sus tres hijos y con Pedro*, su esposo, todos de nacionalidad venezolana con estatus migratorio irregular desde 2017, en uno de los municipios de la región del Catatumbo.
Violencia psicológica
La familia de Flora se encuentra en Venezuela.
Flora es una sobreviviente, no solo de discriminación por su nacionalidad en distintos ámbitos, sino de violencia psicológica relacionada con celos, por parte de Pedro.
Tras ello, la Defensoría le ofreció asistencia psicojurídica y llevó su caso a la Comisaría de familia del municipio, donde recibe atención y seguimiento. También recibe un acompañamiento psicosocial, donde le brindan herramientas que fortalezcan su empoderamiento y la importancia de identificar hechos violentos que le permitan reaccionar ante un nuevo hecho.
Actualmente, Flora continúa con su relación de pareja y señala que no se han vuelto a presentar hechos de violencia psicológica y es líder de una asociación de mujeres venezolanas.
Abuso sexual y discriminación
Como el suceso de Azucena y Flora, este año la Defensoría del Pueblo acompañó 1617 casos de violencias basadas en género en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo y Santander, de los cuales el 31% (515 casos) corresponden a población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esta población, el 12% corresponden a personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
Esta población se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación, barreras de acceso a salud, medios de vida, protección, albergue seguros especializados y en muchas ocasiones a un difícil acceso a la justicia y a medidas de atención.
La violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia, con el 42% de los casos; sigue la violencia económica (27%), violencia física (18%), violencia sexual (6%), violencia patrimonial (6%) y violencia en razón del ejercicio de liderazgo y la defensa de los Derechos Humanos (1%).
Según la Defensoría, estas mujeres y personas OSIGD por lo general son cabeza de familia o cuidadores de niños, niñas y/o personas mayores, y debido a la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de quien tienen a cargo sumadas a las propias, las hace más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos.
El informe advierte que el cambio de dinámicas a nivel personal, familiar, económico e institucional, por cuenta de la emergencia sanitaria covid-19, ocasionó que las diversas problemáticas y barreras a las que se enfrentan las personas OSIGD y la población refugiada y migrante se agudizarán.
Economía informal
En este se señala que en la mayoría de los casos, los ingresos económicos de la población refugiada y migrante se derivan de la economía informal. Al no poder desempeñar esas labores (trabajo informal), debido a las medidas implementadas en el marco de la pandemia, estas personas se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento. Esta última situación desencadenando en algunas ocasiones en que los propietarios de inmuebles cometieran hechos de violencia sexual hacia mujeres como forma de cobrar el valor del canon de arrendamiento.
Adicionalmente, se vieron afectados por barreras, como el hecho de que la población refugiada y migrante no se encuentra registrada en bases de datos ni en los censos de las regiones; razón por la cual no pueden acceder a las ayudas económicas o de canasta alimentaria ofrecidas por el gobierno.
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado a los gobiernos departamentales para que convoquen a las instituciones encargadas de atender y acompañar los casos de violencias basadas en género, para generar estrategias en cada uno de los departamentos que permitan una atención oportuna desde un enfoque de género y diferencial, ya que los hechos de violencia contra mujeres y personas OSIGD se generan en todo el territorio nacional y es su deber garantizarles protección y atención.
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