El futuro del caso Dina, de nuevo en la Audiencia Nacional

El futuro de Pablo Iglesias y en general, del caso Dina, vuelve a estar en manos de la Audiencia Nacional. Tanto el vicepresidente como la Fiscalía Anticorrupción y los tres únicos imputados que tenía este asunto, los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, y el comisario José Manuel Villarejo -está ultimando el recurso-, se han dirigido en apelación a la Sala de lo Penal contra la decisión del instructor de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Iglesias y procesar al resto poniendo fin a la instrucción de esta pieza separada.

De nuevo, el caso Dina está en manos de la Sala de lo Penal, la misma que hace unos meses devolvió a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza separada de la que fue expulsado porque Anticorrupción y el juez concluyeron que no estaba suficientemente atada la participación de Villarejo en la difusión de los contenidos de aquel teléfono móvil, unos pantallazos de chat que le dejaban como un machista. Si pudo ser una filtración interna, él podía no ser la víctima. Además, le situaron como sospechoso de dos delitos por esconder a Bousselham durante meses que tenía la tarjeta de memoria de su móvil y devolvérsela «inoperativa».

Con estas cartas sobre la mesa, el juez echó el cierre al asunto la semana pasada. Envió exposición razonada al Supremo proponiendo que Iglesias, que está aforado, sea investigado por esos dos ilícitos más otro de denuncia falsa, mientras acordó procesar a los dos periodistas y al comisario por cuyas manos pasó la información del móvil de la asesora. Todo vuelve a estar en el aire.

En el caso de Iglesias, el recurso se dirige contra el paso dado por el juez Manuel García Castellón de pedir al Supremo que abra causa contra él. Entiende que la iniciativa es «arbitraria e injustificada» y se ha adoptado «sin fundamentar nuevos elementos que justifiquen acordar la finalización de la fase instructora» y además, incumpliendo el mandato de la Sala de mantenerle como víctima.

«En la práctica le vuelve a retirar la condición de perjudicado al instar que se le considere investigado», dice el escrito. Entiende además que el paso dado por el juez adolece de «nulidad radical», para empezar, porque «si consideraba que los hechos que ha investigado son ajenos» a la organización criminal de Villarejo, como así resulta en su exposición razonada, «debería haberse inhibido en un juzgado ordinario de Madrid» y que desde allí, se investigasen los hechos y se elevasen, en su caso, ante el Supremo.

Es una tesis compartida por la Fiscalía Anticorrupción, que en su recurso a la Sala de lo Penal habla de «cierre en falso» de la instrucción y en una nota interna enviada a la Fiscalía del Supremo expone que los hechos que afectan a Iglesias no eran competencia de la Audiencia Nacional pero no han sido lo suficientemente investigados como para llegar por elevación a la Sala de Admisiones.

Debieron ser los juzgados de Alcorcón, donde Bousselham denunció en primer lugar que el robo del móvil podía tener relación con la difusión de los contenidos, quienes entendieran de los hechos antes de ir más allá, según explican en fuentes de este organismo.

Añaden en su recurso a la Sala que faltan diligencias por practicar, como la toma de declaración de Bousselham que vienen pidiendo desde que propusieron expulsar a Iglesias de la causa o de los peritos que examinaron la tarjeta para concretar si esta sufrió daños al margen de los ocasionados en su paso por el servicio técnico.

«Es infundado»

Para Iglesias, se ha elevado la razonada «de forma absolutamente infundada», «sin que hayan sido acreditadas las suposiciones del juez instructor», que apunta a una «estrategia» orquestada por el vicepresidente en busca de «rédito electoral» por la que habría defendido en los tribunales, «a sabiendas de su falsedad» que el robo del móvil y la publicación de sus contenidos era cosa de las cloacas del Estado.

Dice que estas «no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta» respecto del vicepresidente y los miembros del equipo legal a los que pide también investigar, en relación al exabogado del partido José Manuel Calvente, quien dijo en sede judicial que todo el caso Dina era un montaje.

Se refiere asimismo a los delitos de revelación de secretos -que niega porque Bousselham ni le ha denunciado ni ha expresado intención alguna de hacerlo- y daños informáticos, que rebate porque en la causa no se ha esclarecido si existen ni quién, cómo o cuándo los causó. Pide la nulidad del auto que cerraba el asunto y enviaba su parte al Tribunal Supremo.

Iglesias «ha envenenado» la causa

En cuanto al director y el subdirector de la extinta Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, los únicos imputados e esta pieza junto a Villarejo, han recurrido a la Sala de lo Penal porque ven «absolutamente incompatibles» las decisiones de procesarles al tiempo que se elevaba la exposición razonada ya que las víctimas en el primer asunto son los sospechosos en el segundo.

Entienden que es de «una incongruencia e incompatibilidad extremas» que ellos sean procesados por revelación de secretos mientras se atribuye a los supuestos perjudicados de esa revelación el «retener y destrozar el material en el que se asienta la imputación, y denunciar falsamente y faltar a la verdad en el curso del procedimiento».

«La tarjeta dañada por Iglesias es el elemento material nuclear del delito que se atribuye a Pozas y Rendueles, por lo que la actuación del perjudicado sobre la misma no puede tener consecuencias únicamente sobre su propia responsabilidad sino que, desde el momento en que esa actuación ha obstaculizado e incluso impedido la averiguación de lo realmente ocurrido, tal actuación también debe desplegar consecuencias sobre la atribución del delito a mis defendidos», explica el escrito del letrado Sergi Mercé.

Señala en concreto que «la actuación de Iglesias ha impedido saber qué es exactamente lo que llegó a Interviú, si la tarjeta original o una copia total o parcial, comprobar si efectivamente lo que se encontró en el domicilio de Villarejo coincide o no con el contenido de aquella tarjeta» y practicar, en definitiva, «las necesarias comprobaciones informáticas para determinar incluso si lo que en ella había era o no realmente el contenido del móvil de Bousselham».

«Tras la instrucción practicada no puede saberse si lo que llegó a manos de Pozas era la tarjeta original o una copia de la misma ni si dicha copia era total o parcial ni, lo más importante, si lo que llegó a Interviú es lo que luego se encontró en el domicilio de Villarejo o por el contrario, pudo acceder a esa información por otras vías», plantean.

«Absolutamente incongruente»

Inciden en que todo ello «no se ha podido averiguar única y exclusivamente por la actuación de los perjudicados y concretamente, por la actuación de Iglesias dañando la tarjeta que recibió de Asensio, según se indica en la exposición razonada, impidiendo de este modo con su actuación averiguar elementos esenciales del delito que pretende atribuirse» a Pozas y Rendueles.

«Resulta absolutamente incongruente e incompatible mantener la imputación de mis defendidos cuando uno de los perjudicados ha impedido, con su delictiva actuación, seguir diversas líneas de investigación y ha dinamitado, en definitiva, la averiguación de lo realmente ocurrido», añade el escrito.

En la misma línea, ven «jurídica y moralmente insostenible que pueda mantenerse una acusación legítima por parte de quien resulta indiciariamente responsable de tratar de simular falsamente hechos inexistentes», es decir: si lo que denunciaba Iglesias era falso, carece de legitimidad para acusar penalmente por ello.

Añaden que si el vicepresidente le hubiese comunicado a Antonio Asensio que la tarjeta que le estaba entregando procedía de un móvil robado, Interviú «obviamente» lo habría puesto inmediatamente en conocimiento de la policía y nada de esto habría ocurrido: «No se habría recibido ya el requerimiento de Villarejo» por el que le entregaron copia del contenido.

«Las falsedades y omisiones que desde el principio se han incorporado al relato acusatorio han envenenado ya todo el procedimiento desde su inicio y parte de ellas sí son anteriores a la intervención de Pozas y Rendueles», razona el escrito.