Los retrasos en los cobros ponen en riesgo las cadenas de pagos
Así, un estudio llevado a cabo por Crédito y Caución (CyC) e Iberinform ha desvelado que, desde el mes de marzo, el 79% de las empresas españolas se vieron obligadas a aceptar pagos fuera del límite que marca la legalidad por temor a perder a sus clientes. Unos plazos de demora que, según la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, no pueden superar los 30 días en el caso de las administraciones públicas y 60 en el de las empresas privadas.
De manera desglosada, el informe revela que el 13% de las empresas declararon haber tardado más de 90 días en cobrar sus moras y una de cada dos aseguraron sufrir retrasos en sus cobros superiores a 60 días.
El problema, asevera el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Santiago, se encuentra en la «tendencia por parte de las grandes compañías y sector público de financiarse a costa de retrasar pagos a los proveedores que suelen ser autónomos y pymes».
El presidente de la ATA, Lorenzo Amor, también reconoció esta cuestión y afirmó que aunque la crisis de la pandemia lo ha acelerado, «no es algo nuevo», mientras que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pide medidas para evitar la cadena de impagos, por el añadido «de la finalización de los créditos ICO y la incertidumbre de la prorrogación de los ERTE».
Por su parte, CEOE, defiende que la moratoria de pago estaba descendiendo antes del Covid-19, pero la crisis que ha desatado «ha tensionado las necesidades de liquidez de las empresas».
Retrasos intencionados
La inestabilidad de la situación y la falta de un régimen sancionador a la morosidad son también culpables de que el 52% de los encuestados en el estudio realizado por CyC hayan declarado que el motivo del retraso de pago de los clientes fuese intencionado. Esta situación pone en riesgo la liquidez ya comprometida de las pymes, que al contrario de la situación habitual se han visto ahora obligadas a retrasar los pagos -por la compleja situación de los pasivos en sus cuentas por las nuevas deudas adquiridas-, incluso con periodos de mayor tardanza que las grandes empresas.
La PMcM denunció que más de medio millón de compañías podrían quebrar por el retraso en los pagos de los proveedores y denunció la demora por parte de las administraciones como los ayuntamientos y los municipios, que deben 1.800 millones
a sus proveedores y doblan el tope legal de pago.
«La administración tiene la obligación de pagar en 30 días, sin embargo, en el ámbito local se están incrementado los plazos de pago, lo que es inadmisible, una vergüenza y además no debería de poderse tolerar» denunció el presidente de PMcM, Antoni Cañete.
El pasado 22 de septiembre el Congreso aprobó por unanimidad avalar la proposición de ley de sanciones a la morosidad presentada por Junts per Catalunya, lo que supone poner en marcha un régimen sancionador. El funcionamiento de la misma generará «un punto de inflexión» para la economía del país.