La decisión de PSOE y Podemos, y del resto de grupos parlamentarios en el Congreso excepto PP, Vox y Ciudadanos, de impedir que la comisión de Educación que debatirá la «ley Celáa» cite a la sociedad civil para expresar su opinión es, además de sectaria, absolutamente insólita. El Gobierno pretende imponer una nueva ley orgánica del Poder Judicial sin consultar precisamente al poder judicial, y ahora va a hacer lo mismo con una drástica reforma de la enseñanza en España excluyendo a la comunidad educativa. La gravedad del asunto va más allá del mero rodillo parlamentario aplicado por la izquierda. Nunca en España las reformas educativas se habían acometido sin siquiera escuchar el criterio de la sociedad y de los colectivos afectados. Es de sobra conocido que la ministra Isabel Celáa tiene una inusitada prisa por aprobar un sistema educativo doctrinario, contrario a la libertad de los padres a la hora de optar por la educación concertada, y absolutamente intervencionista porque atribuye al Estado el control ideológico de las escuelas.
Negar a las familias su capacidad decisoria sobre el modo en que desean que sus hijos se preparen para el futuro es demasiado. Es autoritario y vulnerador de libertades, lo que se está convirtiendo en una peligrosa rutina con Pedro Sánchez en La Moncloa. El Estado no puede arrogarse la legitimidad exclusiva para legislar sobre la tutela educativa de los niños y jóvenes. Tampoco únicamente los profesores, y menos aún los sindicatos, que están avalando que los colegios terminen convirtiéndose en un «gran hermano» vigilante para que las consignas del Gobierno se cumplan a rajatabla. La educación es una misión colectiva en la que el centro de atención deben ser los niños y las asociaciones de padres, que con esta tramitación exprés y opaca forzada por Celáa quedarán sin voz ni voto frente a tanto abuso.
