Futuro cambio en la definición de las plataformas digitales. El Gobierno ha presentado este viernes el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones en donde se incluye, entre sus novedades, la obligación de las empresas desarrolladoras de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook o Telegram de inscribirse en el registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas.
Una medida que abre la puerta a modificar la definición de estas plataformas y que conllevará el abono de la tasa que pagan actualmente los operadores tradicionales. La norma contempla aplicar una tasa de 1 euro por cada 1.000 que ingresen al año, siempre que facturen más de 1 millón de euros en España. El Gobierno contempla aprobar la normativa a mediados de 2021.
Esta es una de las novedades que recoge el texto de la nueva ley, en la que se recoge también la obligación de comunicar las medidas de seguridad «de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza». La normativa, que someterá desde este viernes a audiencia pública, incluye otros cambios como la supresión de las cabinas y las guías telefónicas del servicio universal, un refuerzo de la protección de los usuarios, la modernización del servicio de emergencias 112 o medidas para facilitar un clima inversor en el sector, entre otras.
La futura ley, que se somete desde este viernes a audiencia pública, transpondrá al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en 2018. Fuentes del Ejecutivo han manifestado que la crisis sanitaria «ha puesto en valor» las redes de telecomunicaciones y han considerado que es necesario «favorecer un acceso en igualdad de condiciones».
El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha explicado en un encuentro que la nueva ley ampliará por primera vez el ámbito de aplicación de la regulación a los nuevos tipos de agentes que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, para lo cual se creará una nueva clasificación de operadores. Las compañías del sector tendrán que pagar esta tasa, que ya abonan los operadores tradicionales, en caso de que superen el millón de euros de facturación por estas actividad. Sánchez ha señalado que son «plenamente conscientes» de que estas empresas declaran en España unos ingresos inferiores a los que generan.
Esta es una de las grandes reivindicaciones de las empresas de telecomunicaciones en los últimos años ha sido la catalogación de los servicios OTT («over-the-top», por sus siglas en inglés). Uno de los posibles obstáculos, sin embargo, es que la mayoría de las empresas propietarias de estas herramientas operan fuera de España y son, por lo general, gratuitos. Para Borja Adsuara, experto en derecho digital, «es esencial» que la revisión de la regulación se haga desde el punto de vista de los ciudadanos «y no con la obsesión de regular los sectores» tanto los tradicionales como los emergentes.
«A los ciudadanos no les importa quiénes les prestan los servicios, sino que sean de calidad y a un buen precio. Y esto solo se conseguirá si la prestación de los servicios y los contenidos digitales se regula de manera que exista igualdad de condiciones para todos los que quieran prestarlos», señala. «Es el único modo de generar una competencia leal entre las empresas prestadoras de esos servicios y contenidos, que será beneficiosa no solo para los usuarios, sino también para el desarrollo de la economía digital», apunta.
La ley también incluye otros cambios como la supresión de las cabinas y las guías telefónicas del servicio universal, un refuerzo de la protección de los usuarios, la modernización del servicio de emergencias 112 o medidas para facilitar un clima inversor en el sector, entre otras.
