Dame un pretexto y te destrozo todo
La brutalidad policiaca es indefendible. Nadie puede estar de acuerdo con que la fuerza pública se utilice abusivamente. De la misma manera, es incuestionable el derecho de los ciudadanos a protestar y manifestarse en los espacios públicos. Razones para el descontento hay muchas, además, y la calle viene siendo el último territorio en el que pueden airearse los reclamos de quienes, por la dejadez o indiferencia del poder político, no han visto atendidas sus peticiones legítimas.
La discusión no es esa. El tema es la fabricación de paradojas, contradicciones y discordancias tan artificiales como interesadas. Para empezar, el orden público es absolutamente necesario para posibilitar la vida civilizada en cualquier parte. ¿No debiéramos vivir simplemente en paz, sin temer por la destrucción de los bienes públicos o la pérdida de nuestro propio patrimonio? ¿No es una aspiración totalmente legítima la de contar con certezas y garantías? Pues, justamente, ¿cómo se mantiene una cotidianidad, digamos, normal en un país? Supongamos, en el mejor de los casos, que la práctica mayoría de la población se comporta con ejemplar civismo, que respeta voluntariamente los ordenamientos y que convive armónicamente con los demás. No es necesario, ahí, emprender ninguna acción para prevenir mayores desórdenes ni mucho menos recurrir a los cuerpos policiacos para asegurar la estabilidad social. Ocurre, sin embargo, que están teniendo lugar aquí muchas acciones de protesta social y que la gente, como decíamos, sale a la calle para expresar su descontento.
En muchas democracias avanzadas, las manifestaciones públicas están estrictamente reguladas y no se escuchan voces que denuncien que las disposiciones para evitar bloqueos de vías de comunicación o garantizar la libre circulación de los ciudadanos sean prácticas de “autoritarismo” o muestras de “represión”. A los manifestantes se les autorizan ciertos horarios y se les asignan espacios específicos para sus movilizaciones. Es parte de un modelo en el que importan los derechos de todos, de los que participan en la protesta y de los que, no teniendo nada que ver con esas acciones, necesitan proseguir con sus actividades diarias y cumplir con sus compromisos laborales.
Pues bien, a diferencia de esas prácticas que están vigor en tantas naciones incuestionablemente democráticas, en México se privilegia la protesta social por encima de los intereses mayoritarios de la población: vivimos, en estos pagos, en un territorio de bloqueos, cierres de avenidas principales, ocupación de peajes de autopistas, obstaculizaciones de vías de ferrocarril y demás. Y nuestras autoridades, temiendo grandemente parecer “autoritarias”, no solo exhiben una descomunal tolerancia a los sitiadores, sino que les brindan toda suerte de facilidades: una veintena de protestadores puede interrumpir sin mayores problemas el tráfico en la capital de todos los mexicanos y hasta contarán con escolta policial, miren ustedes, para que nadie los importune.
El problema es que esas manifestaciones de descontento —así fuere que ya afectaran grandemente la vida pública— han ido derivando en acciones violentas, es decir, en destrucción de mobiliario urbano, vandalismo puro y simple, pintarrajeo de fachadas, pillaje y saqueos. Y ahí, lo que tenemos delante ya no es el ejercicio de los derechos garantizados en un sistema democrático, sino un muy inquietante desmoronamiento de Estado de derecho. Algo así como el fin de las certezas jurídicas, por decirlo de otra manera, en tanto que se le abre la puerta a un anarquismo destructivo que nos perjudica a todos.
Formulando nuevamente la pregunta que nos hicimos en uno de los anteriores párrafos —a saber, la de cómo preservar el orden público y mantener una situación de civilizada normalidad— nos encontramos con una desalentadora realidad: los cuerpos policiacos de este país son poco confiables cuando se les asigna la tarea (la que les corresponde, sin lugar a cuestionamiento alguno, si las cosas se salen de cauce) de controlar a los violentos. Ellos mismos, los agentes, perpetran abusos y exhiben una estremecedora brutalidad. Deslegitiman, así, la acción del Estado y alimentan el nefario círculo de agravios esgrimido, precisamente, por quienes pretenden justificar su propio salvajismo al pretextar que están respondiendo a la violencia ejercida “por el poder”.
El gran reto sería aprestar operaciones policiacas —necesarísimas, hay que repetirlo— sin que tengan lugar excesos. Para ello habría que dar instrucciones muy puntuales y precisas a los agentes. Y, llegado el caso, apartar a aquellos que, por tener un perfil demasiado agresivo, no debieren participar en las maniobras. Desafortunadamente, no parece ser la opción elegida por las autoridades de una capital de la República que, en los hechos, es el epicentro de la agitación social. Han decidido no actuar, en la gran mayoría de los casos, para no mancharse las manos. No es algo, hay que decirlo, privativo de la gente de la 4T: llevamos sexenios enteros de dejadez y blandenguería porque el orden público no parece ser algo mínimamente importante para nuestros gobernantes. A ver hasta dónde llegamos…
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