Ofensiva del PP por la sospecha de comisiones ilegales en los contratos de material sanitario del Gobierno
El Partido Popular prepara el que será su siguiente frente de batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez una vez que concluya el estado de alarma. La formación de Pablo Casado presentará en el Congreso una solicitud para crear una comisión de investigación que fiscalice los contratos más polémicos suscritos por el Ejecutivo central durante la pandemia.
El propio Casado vinculó el 'caso Sánchez' de los polémicos ceses en la Guardia Civil con el 'Delcygate' de principios de año y también con "las comisiones por material sanitario", que fuentes populares consideran que en muchas licitaciones fueron ilegales.
"Ya le aviso", le indicó el líder del PP al presidente del Gobierno en el fragor dialéctico del último pleno, "de que en cuanto salgamos del estado de alarma y alcancemos eso que usted llama con lenguaje distópico y cursi la nueva normalidad, solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades que el Gobierno en su nefasta gestión de la pandemia".
Casado miró entonces a los sillones azules del Gobierno para advertirles que, una vez constituida dicha comisión en la Cámara baja, "allí no podrán seguir mintiendo sin consecuencias legales", al estar obligados los comparecientes a decir la verdad.
Una comisión ya existente
Esta hipotética comisión se podría solapar con la ya existente para la Reconstrucción Económica y Social, que acaba de dar sus primeros pasos. Además, el Gobierno y sus socios de la investidura tienen mayoría para tumbar la petición, así que en Génova, la sede nacional del PP, no se hacen muchas ilusiones de que su iniciativa cristalice finalmente.
En todo caso, el punto de partida del PP es que el Congreso fiscalice los contratos de material sanitario más controvertidos. Por ejemplo, la adjudicación de tres contratos para adquirir y distribuir mascarillas durante la crisis del coronavirus, dos por parte del Ministerio de Transportes y un tercero por parte de Interior "por recomendación del equipo de José Luis Ábalos", una información que adelantó Vozpópuli.
Los 'populares' ya manifestaron sus "dudas" por el hecho de que estos contratos se adjudicaran a "una pequeña empresa" que, relatan, "ha pasado de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones por haber recibido tres contratos millonarios del Gobierno". En el caso de los contratos de Transportes, ambas adjudicaciones se aprobaron en sendas órdenes ministeriales del departamento de Ábalos los pasados 20 y 26 de marzo.
Según informó Vozpópuli, la compra de material sanitario se encargó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, una sociedad con sede en Zaragoza que presta servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, principalmente en países de África. Esta empresa apenas cuenta con cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil.
"Ejemplos de mala gestión"
Además, el PP reclamó en mayo al Tribunal de Cuentas que realizase una auditoría urgente sobre todas y cada una de las compras de material sanitario que ha firmado el Gobierno desde que se decretó el estado de alarma, ya que existen "sospechas fundamentadas en todo el proceso", tanto por el material defectuoso que "no han dejado de mostrar deficiencias prácticamente desde el primer día", como por la controvertida elección de empresas e intermediarios en algunos casos.
La portavoz de los populares en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, registró hace unas semanas una proposición no de ley en la que se pedía al citado Tribunal de Cuentas que investigase estos contratos "con el objetivo de que la sociedad española pueda disponer de la información indispensable sobre la gestión de un volumen muy importante de recursos públicos extraordinarios, en un momento crítico".
El principal partido de la oposición ya advirtió en ese momento que se habían detectado "ejemplos de mala gestión" que debían ser escrutados, así como una "calidad deficiente del material" adquirido. En concreto, mencionó "los 640.000 test de diagnóstico rápido defectuosos adquiridos en marzo" y las mascarillas FFP2 destinadas a la protección de profesionales "retiradas de urgencia en abril" tras su compra en el mercado chino.
Asimismo, el PP reclamó una auditoría sobre las adquisiciones ante "la más que dudosa fiabilidad de los intermediarios y las empresas a las que ha recurrido, sin experiencia ni relación alguna en muchos casos con el sector sanitario, con domicilios fiscales falsos o desconocidos, sin empleados". Algunos de los proveedores aparecen en 'los Papeles de Panamá'.
Desde Génova también se puso el foco en "los precios excesivos que se han pagado" en varias ocasiones, caso de unas batas de fabricación china por las que se pagaron 22 euros la unidad "mientras las fabricadas en España tenían un coste de 0,2 céntimos de euro". En este sentido, el PP reprochó al Ejecutivo de Sánchez el "haber ignorado los ofrecimientos y las capacidades de los productores nacionales".
"Un ejemplo representativo de dichos errores cometidos por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez desde el principio de la coyuntura es el retraso en la toma de decisiones y en la implementación de medidas efectivas para evitar los contagios y la propagación del virus, a pesar de los avisos y las recomendaciones realizadas en tal sentido por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades», resumió el PP aquella iniciativa.