Sánchez y su compromiso de independencia de los reguladores

La nueva Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que presidirá Cani Fernández, va a tener que esforzarse para demostrar su independencia del poder político. A pesar de su reputada trayectoria profesional –es una consumada experta en Derecho de la Competencia con una dilatada carrera en el despacho Cuatrecasas–, actualmente es asesora en el gabinete de Presidencia del Gobierno, lo que, además de dar lugar a interpretaciones sobre si es del área de influencia de Iván Redondo o de la vicepresidenta Calviño, lo que no hay lugar a dudas es de que le va a costar trabajo desprenderse del sambenito de que viene del Gobierno de Sánchez. De los 10 miembros que formarán el Consejo de la Comisión, cinco son del PSOE o a propuesta del PSOE, incluida la futura presidenta, habrá una vocal de Cs, uno de PNV, uno de ERC y uno de En Comun Podem. La única vocal que en su día propuso el PP y que se conservará en el Consejo será María Ortiz, técnico comercial y economista del Estado que lleva en el regulador desde 2013 y que tiene un perfil más técnico que político. De hecho, mantiene una relación cordial con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y está casada con el actual presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. El PP, por tanto, se queda sin influencia en este organismo regulador y se agrandan las diferencias entre los dos principales partidos políticos de España, que históricamente se habían repartido los cargos en supervisores y reguladores.


Como tantas otras palabras del presidente Sánchez, las pronunciadas al comienzo de su mandato sobre su compromiso con la independencia de los reguladores, vuelven a sonar a hueco. Es cierto que el control o el intento de control de estos organismos por parte del Gobierno y los partidos que lo soportan no es nuevo. El PP copó ocho de los diez sillones de la CNMC, durante un tiempo, dejando los otros dos a nacionalistas vascos y catalanes. Ya pesar de ello, al todavía presidente de la institución, José María Marín Quemada, no le ha temblado la mano a la hora de poner en cuestión decisiones o normas de algunos de los ministros del gabinete de Mariano Rajoy. Confiemos en que Cani Fernández y la nueva Comisión puedan abstraerse también de los políticos que los han propuesto porque las tareas a las que tendrá que enfrentarse no van a ser fáciles.



La crisis del Covid está rompiendo todas las actuales reglas del juego en Europa, entre ellas las de competencia. Lo que hasta hace nada se consideraban ayudas de Estado, y estaban prohibidas en la UE, ahora se permiten con el fin de salvar a las compañías del hundimiento que ha supuesto el confinamiento de buena parte del mundo. Un ejemplo de ello son los más de 9.000 millones que va a recibir la aerolínea alemana del Estado para evitar la quiebra y que, en cualquier otra circunstancia, se consideraría ayuda estatal. Y aunque es Alemania quien tiene unas cuentas públicas más saneadas y quien ha anunciado un plan de ayudas más amplio para sus compañías, Francia e Italia también tienen grandes paquetes de apoyo. Y aunque España se ha quedado a la zaga en la protección a sus empresas, que ha concentrado en ERTE y créditos, se espera que buena parte de los fondos de reconstrucción que reciba de Europa tengan como objetivo fortalecer el tejido empresarial. Ytodas estas operaciones necesitarán la aprobación de la Comisión Nacional de Competencia. Cani Fernández será, por tanto, una de las mujeres de España que más poder tendrá en sus manos en los próximos años. En sus manos estará evitar que los tentáculos del poder político se extiendan en una institución que decidirá el porvenir de muchas empresas.