La amenaza fiscal planea sobre el sector aéreo
En estos términos se pronunció la semana pasada la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista en Onda Cero. La titular del departamento aseguró que ha iniciado un «debate de la fiscalidad ambiental» junto con el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una «visión de conjunto» en este asunto.
El aviso está lanzado, y esta vez parece que va a tener recorrido. La pasada legislatura, la titular de Economía, Nadia Calviño, rechazó aprobar nuevos impuestos al avión, una iniciativa que sí han anunciado determinados Estados. Pero sus advertencias parece que caerán en saco roto en esta legislatura, marcada por una ambiciosa agenda medioambiental... que se refleja en el hecho de que Ribera haya sido nombrada vicepresidenta.
Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que gravar los vuelos «es tendencia» en la Unión Europea y que «lo más seguro» es que el Gobierno vaya en esta línea. Únicamente falta determinar el cómo, para lo que se antojan imprescindibles los trabajos que anunció la ministra entre Transición Ecológica y Hacienda. Este periódico intentó, sin éxito, preguntar sobre este asunto al departamento dirigido por Teresa Ribera.
El debate ya está planteado en el seno de la Unión Europea. En noviembre, nueve países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria) presentaron una declaración conjunta a la Comisión Europea en la que reclamaban desarrollar un impuesto sobre la aviación civil. La propia Unión Europea ha desarrollado informes en los que plantea el impacto que tendría en el sector turístico la implantación de nuevos impuestos sobre el combustible de las aerolíneas. España, por tanto, podría esperar a las medidas que desarrolle Bruselas en este aspecto o aplicar por sí misma una nueva tasa a la aviación.
La industria tiembla
Hasta hace un par de semanas, en el sector aéreo se veía con escepticismo la posibilidad de que el Gobierno aprobase este tipo de impuestos. Sobre todo porque el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana tranquilizó a la industria en una reunión producida antes de la puesta en marcha del departamento. En este encuentro, el ministro José Luis Ábalos aseguró que sería el transporte terrestre el que tendría que hacer frente a más reducciones de emisiones en la próxima legislatura.
Ahora el contexto ha cambiado. Y el sector aéreo intenta hacer ver a la Administración que está reduciendo año tras año sus emisiones y que ya realiza un «importante esfuerzo económico» a través de sistemas como el comercio de derechos de emisión a nivel de la Unión Europea o el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, que persigue reducir las emisiones netas a la mitad en 2050 respecto a niveles de 2005.
Es por ello que desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) consideran que aplicar en solitario un impuesto verde a la aviación «no sería eficiente en la reducción de emisiones, tendría un perjuicio en el turismo, en la econonía y en el empleo en España». «Cualquier solución que se adopte debe ser global, y como mínimo a nivel europeo», puntualizan desde la organización de aerolíneas.
Estas justificaciones no parecen frenar por el momento los planes del Gobierno, que ve con mejores ojos al transporte ferroviario que al aéreo. Hace unas semanas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propuso prohibir el Puente Aéreo, que está operado por Iberia y Vueling y comunica la Ciudad Condal con Madrid. La idea fue rechazada posteriormente por el secretario general del PSC, Miquel Iceta. Pero la ministra Ribera no se ha mostrado tan reacia. No ha hablado de prohibir, pero sí ha hecho referencia a un «cambio de patrones».
«Hay que facilitar alternativas de calidad y a precio razonable», destacó el lunes. Ese mismo día, Renfe sacaba a la venta los primeros billetes de su AVE «low cost», Avlo, con una oferta especial para viajar entre Madrid y Barcelona por 5 euros. «El ferrocarril está llamado a ser el medio más requerido por los ciudadanos en el futuro por sus características menos contaminantes», explicaba el presidente de la empresa pública, Isaías Táboas, unos días antes en Fitur. El Gobierno se ha bajado del avión. Para subirse al tren.
Los «días contados» de los vehículos diésel
No es la primera vez que la cuarta vicepresidenta del Gobierno se pronuncia de forma tajante al hablar de una industria. Hace un año y medio, Teresa Ribera aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados que el diésel «tiene los días contados». Como ahora, sus declaraciones desataron un terremoto en el sector de la automoción.
El Ejecutivo todavía no ha aprobado su tan cacareado impuesto al diésel (que se articularía con una subida progresiva de la fiscalidad del gasóleo para equipararla a la de la gasolina), pero el impacto de esta medida ya se ha notado en la industria. Las patronales del sector han advertido de la incertidumbre entre los particulares que desataron anuncios como el de Ribera.