Ximo Puig evita concretar cómo exigirá el IVA que adeuda el Gobierno a la Comunidad Valenciana
Los populares han centrado su discurso en la devolución de la liquidación del IVA de 2017, que según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no va a llegar. Hasta en tres ocasiones han preguntado al presidente de la Generalitat si se comprometía a exigir los 281 millones de euros que adeuda a la Comunidad Valenciana el Ejecutivo central. Y hasta en tres ocasiones ha evitado responder con concreción.
Puig, en un tono rebajado y sin un ápice de contundencia (a diferencia de cuando gobernaba el PP en Madrid), se ha limitado a señalar que es un dinero que corresponde a la autonomía sin detallar cómo lo exigirá. Únicamente ha remitido a que la posición de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo viernes se establecerá a través de una comisión mixta Consell-Cortes Valencianas, que se reunirá mañana jueves.
«Ayer, hoy y siempre defendemos los intereses de los valencianos, que no es sólo la mensualidad del IVA, sino también una financiación justa», ha remarcado, mostrándose confiado en que el Gobierno de Pedro Sánchez «va a cumplir» sus compromisos fiscales.
El jefe del Consell sí ha tenido tiempo de explayarse en que todos los problemas de ahora vienen de la época de los populares. «Cuando hablan del IVA tienen mucha 'barra'. Saben que es generado exclusivamente por el anterior gobierno del PP porque el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro decidió quitar una mensualidad a los valencianos. Entonces no dijeron nada», les ha recordado. En este sentido, ha tachado de «melancólica» toda la «exhibición» de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Puig también ha incidido en que el compromiso del PSOE con el IVA se sustanció en los Presupuestos Generales del Estado, a los que la oposición votó en contra.
Bonig, por su parte, ha insistido en que su partido llevará al Gobierno a los tribunales y ha exigido al presidente de la Generalitat que haga como sus «compañeros socialistas» Emiliano García-Page, Javier Lambán y Francina Armengol y recurra a la vía judicial. Así, ha mostrado un requerimiento al Consejo de Ministros y se ha ofrecido a romperlo si el pleno del Consell inicia este viernes el proceso en los tribunales para reclamar lo que «corresponde» a los valencianos.
Puerto y Educación
La sesión de control ha continuado con las críticas de Ciudadanos, cuyo síndic, Toni Cantó, ha lamentado que en la ampliación del Puerto de Valencia se está «abriendo la puerta a que pueda existir la necesidad» de pedir una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) con la que se alejan las inversiones. Además de esta cuestión, ha criticado que PSPV, Compromís y Podemos sean «un lastre fiscal» y ha preguntado directamente a Puig si «hacía falta» que 20 personas le acompañaran a Madrid en su última conferencia para denunciar «dumping fiscal» o gastar 240.000 euros para un congreso sobre socialdemocracia. Algo sobre lo que no ha habido respuesta.
Desde Vox, su síndica, Ana Vega, ha interrogado al presidente de la Generalitat sobre si la política educativa de su Gobierno «va a sufrir algún cambio» desde el inicio de su etapa en 2015 para atender a «los 20.000 padres de la Vega Baja (Alicante) que quieren elegir la lengua en que sean educados sus hijos». «Es el genocidio del castellano», ha exclamado. Puig ha replicado que no sólo van a «escuchar a los padres de la Vega Baja», sino que lo han hecho y lo harán «siempre», por su «voluntad de diálogo permanente».