La Fiscalía archiva la denuncia del Parlamento por la incomparecencia de Montero en la comisión de la Faffe

La Fiscalía Superior de Andalucía ha acordado el archivo de la denuncia presentada el pasado 20 de diciembre de 2019 por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, por la incomparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en la que estaba citada el 8 de noviembre del pasado año.

En el decreto de archivo de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone como acuerdo "el archivo de las Diligencias Investigación penal respecto de María Jesús Montero Cuadrado por carecer los hechos denunciados por la presidenta del Parlamento de Andalucía de significación penal".

Cabe recordar que Bosquet planteó esta denuncia ante la Fiscalía en virtud de un escrito elevado por la comisión de investigación sobre la incomparecencia de Montero y que se sometió a decisión de la Mesa de la Cámara. Contra este decreto de archivo "no cabe recurso alguno, sin perjuicio de su derecho a acudir a los órganos judiciales, ejercitando ante ellos las acciones que consideren procedentes", según se señala en el escrito de la Fiscalía.

Montero alegó para su incomparecencia que es "criterio reiterado del Consejo de Estado que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración del Estado". Y el escrito señala que "solo pueden ser requeridos de comparecencia las personas, autoridades y funcionarios relacionados con la Administración pública andaluza, como miembros de su Consejo de Gobierno o como dirigentes de organismos autónomos, instituciones y empresas de la Junta de Andalucía".

En consecuencia, apunta que las autoridades o funcionarios de la Administración del Estado no tienen obligación de comparecer ante las comisiones de investigación creadas en el ámbito de sus competencias por los Parlamentos autonómicos, "tampoco cabe exigir responsabilidad alguna a Montero, ministra de Hacienda del Gobierno de España y diputada del Congreso de los Diputados, por no haber atendido el requerimiento de comparecencia que le fue cursado por la Comisión de Investigación de la Faffe".

En el decreto de archivo se recoge que el Consejo de Estado ha informado "repetidamente" de que las competencias de las comisiones autonómicas de investigación han de ser interpretadas "de forma congruente con su objeto y finalidad, de modo que su poder fiscalizador y de control, al requerir la presencia de determinadas autoridades y funcionarios, no puede considerarse ilimitado sino que habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas".

Estas facultades, según define, han de circunscribirse a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad. "Solo así se atiende al fin institucional propio de las comisiones de investigación creadas por un Parlamento autonómico orientadas a investigar y controlar la actuación de las responsables públicos de la propia comunidad", destaca.

El decreto de archivo realiza una descripción del objetivo de las comisiones de investigación como "control político de la acción del gobierno" e indica que pueden ayudar a "esclarecer la autoría o circunstancias de hechos relevantes de interés general", pero advierte de que sus conclusiones "nunca son políticamente neutras, pues inevitablemente entran a valorar decisiones o actuaciones de órganos y autoridades de relevante significación política".

Asimismo, recuerda que las conclusiones de estas comisiones pueden llevar aparejadas consecuencias legales porque, aunque no son vinculantes para los tribunales, "su resultado puede ser comunicado al Ministerio Fiscal para que ejerza, cuando proceda, las acciones oportunas".

En el caso concreto de la comisión de investigación de la Faffe, el control político que pretende ejercer el Parlamento de Andalucía sobre la acción del Gobierno anterior se evidencia en el punto 2 de la comisión: “conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Faffe”. Así, indica que “persigue analizar y evaluar sus posibles consecuencias”, de ahí que “el matiz político no puede ser ignorado a la hora de valorar el comportamiento de las personas y autoridades citadas de comparecencia”.