El Congreso pagará una «minivan» para un informe que analiza si España persigue a los secesionistas
El político letón utilizará este vehículo para desplazarse a la cárcel de Lledoners donde se entrevistará esta tarde con Oriol Junqueras y Raül Romeva, y continuar después hacia el Síndic de Greuges donde conversará con Rafael Ribó. Cilevics proseguirá su tour el jueves con la visita al Parlamento de Cataluña. Allí prevé entrevistarse con los representantes de los grupos parlamentarios antes de partir de nuevo en minivan hacia la Generalitat donde será recibido por el conseller de Acción Exterior, el independentista Alfred Bosch. Terminará la jornada en la Delegación del Gobierno, entrevistándose con la delegada Teresa Cunillera.
Antes de ir a Barcelona, Cilevics pasó ayer en Madrid con una agende verdaderamente comprimida si se compara con el tour de Barcelona. En la capital, el político socialista se vio en un solo día con distintos cargos del ministerio de Justicia, Interior y Fiscalía General del Estado, además de entrevistarse con el Defensor del Pueblo y la delegación española ante el Consejo de Europa. La autorización de gastos aprobada ayer por el Congreso incluye también un desembolso de 80 euros para servir café y agua en la reunión con esta delegación.
Actos, no ideas
Fuentes de la Presidencia del Congreso subrayan que la subvención de la «minivan», aprobada con los votos del PSOE y Unidas Podemos, no obedece a razones ideológicas sino a la colaboración entre los distintos parlamentos. «La directora de Relaciones Internacionales de la Cámara ha transmitido a la Mesa que es habitual que las visitas de ponentes del Consejo de Europa para la elaboración de sus informes cuenten con la colaboración de las Cortes Generales para facilitar su labor, haciéndose cargo de los gastos que se puedan ocasionar. Es una cuestión de procedimiento», argumentan. No lo ven así ni PP ni Vox que han votado en contra de que el Congreso asume el citado gasto al entender que el informe que pretende elaborar Cilevics parte de la premisa de que España no es una democracia sino una dictadura donde se persiguen las ideas políticas. «Si el Estado persiguiera a las personas por su ideología también estarían en la cárcel los portavoces de ERC o Junts, porque tienen las mismas ideas de los que han sido condenados por sedición. La diferencia entre unos y otros son los hechos que han realizado, no las ideas», denunció la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.