Los edificios judiciales del Prado serán una gran sede administrativa
Pero otra opción que está sobre la mesa es un acuerdo de cesión con el Ayuntamiento para llevar a cabo allí el histórico proyecto de centralización de todos los servicios municipales. La gran propuesta con la que Soledad Becerril se presentó a la Alcaldía de Sevilla en 1999 puede acabar ejecutándola Juan Espadas, aunque con matices. La alcaldesa del PP había previsto construir un edificio diseñado por el arquitecto Rafael Moneo en el Prado de San Sebastián para centralizar todos los servicios administrativos del Ayuntamiento. Pero Alfredo Sánchez Monteseirín ganó aquellas elecciones y lo primero que hizo fue tumbar el plan de Becerril, que estaba en marcha, por lo que incluso tuvo que indemnizar a los autores con 300 millones de pesetas. Dos décadas después, Espadas ha visto la oportunidad de ejecutar la misma idea, aunque sin necesidad de hacer una inversión en un nuevo edificio de diseño. La intención es aprovechar los actuales juzgados y la Audiencia Provincial una vez que estos organismos se trasladen a la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas para crear en ese espacio la gran sede administrativa del Ayuntamiento que desde hace años han venido reclamando todos los alcaldes de la ciudad.
De hecho, el propio Espadas intentó hacer una operación de este tipo adquiriendo a la Junta de Andalucía el edificio de la Consejería de Gobernación que está en la Plaza Nueva. Su objetivo era que todos los servicios municipales estuvieran en un mismo inmueble y, además, cerca de la sede institucional del Ayuntamiento. Esta operación cumplía los dos requisitos, pero la oposición se la tumbó en el mandato anterior gracias a la negativa rotunda del PP, que devolvió al PSOE la jugada que le había hecho a Soledad Becerril en 1999. El acuerdo económico estaba incluso cerrado con el gobierno de Susana Díaz, que había aceptado vender un tercio del edificio por 5,7 millones de euros y alquilar al Ayuntamiento el resto. Sin embargo, la propuesta no salió adelante en el Pleno, aunque el PP también reivindicaba la necesidad de agrupar todos los departamentos municipales que están dispersos por la ciudad y llegó a incluir en su programa electoral la construcción de un gran edificio en La Cartuja.
En ese contexto, las negociaciones mantenidas con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para trasladar los órganos judiciales a Palmas Altas han abierto la posibilidad, que está sobre la mesa. La semana pasada se anunció el proyecto y tanto el consejero, Juan Marín, como el alcalde fijaron un plazo, 2023, y un presupuesto cerrado, 102 millones de euros. Está claro, por tanto, que en esta ocasión la Ciudad de la Justicia va en serio, por lo que los edificios del Prado se quedarán sin uso dentro de tres años. Y el alcalde puede aprovechar la oportunidad para ejecutar su anhelo de tener una macrosede central del Ayuntamiento en la que operen Hacienda, la Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Patrimonio, Recursos Humanos, Fiestas Mayores y Urbanismo.
Buena relación con la Junta
La buena relación que tiene actualmente Espadas con Ciudadanos, en cuyas manos está la Consejería propietaria de estos inmuebles, facilita el acuerdo, aunque las fuentes consultadas explican que aún no se ha dado ningún paso oficial en este sentido y que, por el momento, sólo ha habido conversaciones iniciales. El futuro de este recinto dependerá del estudio que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para ordenar sus propios departamentos en la capital andaluza y liberar sedes alquiladas dentro de un plan de ajuste que ya se está aplicando y que tiene su origen en una auditoría elaborada por la Dirección General de Patrimonio. Actualmente, la Junta gasta 80 millones de euros al año en el alquiler de sedes, de ahí que se creara una mesa de coordinación formada por el vicepresidente, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El estudio detalla el número de funcionarios que hay en cada edificio y los metros cuadrados disponibles. La Junta de Andalucía tiene actualmente en Sevilla más de cien edificios diferentes con servicios públicos, direcciones generales, agencias o institutos públicos, la mayoría de ellos arrendados a terceros. El Prado puede ser una solución para este problema, pero Espadas aguarda su oportunidad, lo que garantiza que los juzgados del Prado de San Sebastián no pasarán a ser un edificio fantasma.