La juez que investiga la «mafia del taxi» retira una cámara y monitores de su sede en el aeropuerto
Fuentes del caso han señalado a este periódico que agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y de la Unidad de Intervención Policial ha procedido este jueves, sin incidentes, a la ejecución de dicho auto, retirando una cámara de circuito cerrado que recoge imágenes del túnel de llegadas del aeropuerto y que los taxistas pueden visionar en sus instalaciones en el aeródromo sevillano, conocida como Palenque y que se ubica junto a los aparcamientos del aeropuerto de San Pablo.
Igualmente, ha sido intervenido dos monitor con información de los vuelos, datos que son públicos que también pueden consultarse a través de una aplicación móvil.
Derecho a la intimidad
Para la juez, las imágenes captadas y visionadas en los monitores pueden vulnerar la Ley de Protección de Datos y por ello ha ordenado su retirada. Además, puede violar el derecho a la intimidad de los viajeros. La cámara, insalada por Aena hace unos veinte años, tenía una salida al monitor de los taxistas. Así, éstos podían ver si había gente para salir o no a trabajar.
La petición de instructora no obedece a ninguna petición de las partes personadas en esta macrocausa, en la que se señala a dicha asociación como un grupo criminal.
En las últimas semanas, varios vehículos de taxistas que también prestan servicios concertados en el aeropuerto de Sevilla y que no pertenecen a esta asociación, utilizando la parada específica para este tipo de portes, han sido objeto de otros incidentes como el pinchado de los neumáticos o arañazos, mientras sus conductores estarían afrontando «amenazas e insultos» por parte de un grupo de taxistas.
Esta causa se originó cuando la Brigada de Información de la Policía Nacional asumió en 2017 la investigación en torno a las agresiones y coacciones que sufren los vehículos de transporte concertado (VTC) en la parada del aeropuerto y de Santa Justa. Pero el enfoque de la investigación se amplió al monopolio que había instaurado esta asociación en San Pablo, donde impedían trabajar a personal ajeno a su colectivo.
La mayoría de investigados en esta causa forman parte de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos el que fuera su líder durante años, Enrique Filgueras, quien se jubiló a finales del año pasado.