Otra meta hacia la integridad
Fruto de uno de los primeros procesos de parlamento abierto en Jalisco, fue presentado esta semana en el Congreso el dictamen de la llamada Reforma Anticorrupción 2.0, con la que se pretende relanzar un modelo para combatir la impunidad de los funcionarios que malversan, desvían y/o hacen negocios con el manejo de los recursos y el patrimonio público, que a dos años de su creación está lejos de cumplir los objetivos que se planteó, y de las expectativas ciudadanas que despertó.
Podríamos decir que se trata de la cuarta consecuencia de aquel Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo el líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
La primera ocurrió el 5 de abril, que se publicó un desplegado firmado por 38 organizaciones empresariales, académicas y sociales, así como por 120 distinguidos y distinguidas jaliscienses en el que se exigía al Congreso acelerar cambios en la Ley de compras, así como reformas para mejoras regulatorias, y para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, que luego entregaron personalmente al presidente del Congreso, Salvador Caro. Ahí la exigencia, era que los diputados y diputadas se aplicaran y sacaran estas peticiones antes del 18 de mayo, cosa que desde luego no cumplieron, pero al menos sí agendaron y han ido atendiendo.
La segunda vino luego justamente con la aprobación de una nueva Ley de Mejora Regulatoria, y la tercera se registró en junio, cuando pese a las múltiples resistencias internas en el Poder Judicial y pese a las precipitaciones en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, se logró empujar y concretar un reforma judicial que podría disminuir o hasta eliminar los dispendiosos pagos de retiro, desterrar la lógica de “los cuates y las cuotas” para nombramientos de jueces y magistrados, y que ya abrió el debate sobre la pertinencia o no de los exámenes de control y confianza para los juzgadores, en el propio Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y hasta en la Suprema Corte, a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En ese sentido, habrá que reconocer al presidente de la Canaco Guadalajara el compromiso y seguimiento en el que está empeñado, y al que ha convocado y sumado a múltiples organizaciones de la sociedad civil y liderazgos que han hecho suyas y han enriquecido las metas del Pacto por la Integridad en construcción.
Lo que sigue es que los diputados y diputadas honren las muchas horas de trabajo que significó el ejercicio de parlamento abierto en el que las organizaciones ciudadanas y las y los legisladores trabajaron para definir los términos del dictamen de la Reforma Anticorrupción 2.0 que llevarán a comisiones y luego al pleno, donde en teoría se debe aprobar de forma unánime. Veremos.
jbarrera4r@gmail.com