El vigilante de delitos empresariales en Reino Unido parece quedarse ‘sin dientes’

Hace unos siete años, la agencia británica creada para vigilar a los ejecutivos empresariales que actúan mal y a las empresas que cotizan en bolsa comenzó a asumir casos importantes. La Oficina de Fraudes Graves (OFG) investigó todo, desde traders de derivados hasta los mejores ejecutivos en Barclays Plc y en el fabricante de motores Rolls-Royce Holdings Plc.

Ahora, algunos académicos, activistas anticorrupción y abogados se preguntan si el celo de la OFG por casos importantes ha disminuido en los últimos dos años. "Se está enfocando en casos pequeños y te preguntas dónde está la ambición", dice Susan Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption, un grupo de transparencia. "Se siente un poco como si hubiera perdido su encanto".

La preocupación va más allá de la OFG. En uno de los casos más delicados, que implica acusaciones de sobornos a miembros de la realeza saudí por parte de empleados de un contratista militar, el fiscal general aún tiene que aprobar los cargos o rechazarlos después de dos años.

“La persecución de delitos de cuello blanco en Reino Unido es un desastre total”, menciona Bill Browder, quien se desempeña como administrador de fondos en Londres convertido en activista anticorrupción. "Esta es la mejor ciudad del mundo para vivir si eres un delincuente de cuello blanco, porque nunca serás procesado".

Un punto de inflexión para la OFG llegó en 2017, cuando la entonces primera ministra Theresa May hizo una promesa electoral de incorporar al organismo en la Agencia Nacional Criminal. No lo hizo y el fiscal general de Reino Unido retrasó la sustitución del director saliente.

En la primavera de 2018, el personal superior se acercó al jefe interino de la OFG y le propuso investigar a Glencore Plc por presunta corrupción en Congo. Glencore fue la salida a bolsa más grande en la historia de Londres, por lo que tenía sentido para la agencia asumir el caso. La OFG decidió dejar el caso al Departamento de Estado de EU. Glencore dice que está cooperando.

A ese entorno llegó Lisa Osofsky cuando comenzó como directora de la OFG a fines de agosto de 2018. Su currículum incluye periodos en el FBI de EU y con Goldman Sachs Group Inc. Dado que apenas lleva uno de un mandato de cinco años, tiene tiempo para entregar resultados. Los nuevos casos van desde una sospecha de fraude inmobiliario en el norte de Inglaterra hasta si London Capital & Finance, una comercializadora poco conocida de minibonos no regulados, engañó a los inversores. Los observadores argumentan que si bien estos casos valen la pena, carecen de la complejidad o el alcance global que alguna vez fue el sello distintivo de la OFG.

Osofsky está en desacuerdo. "Tengo todo el interés en el enjuiciamiento de casos importantes", dice. “Queremos sacar a los malos de la calle, ya sea que tengan un nombre de primera clase o no. Estoy 100 por ciento segura de que London Capital & Finance es un caso de primer nivel. Si tenemos miles y miles de personas perdiendo sus ahorros de toda la vida, ¿cuál podría ser una razón más válida para investigar? ”. Los administradores de la firma, que colapsó este año, declinaron hacer comentarios.

La OFG tiene un presupuesto de 69.5 millones de dólares, aproximadamente la misma cantidad que el gobierno está gastando para preparar a los atletas para los próximos Juegos Olímpicos de verano. La OFG también puede obtener fondos para grandes casos y apoyar a su personal de 450, pero la tarea de cualquier regulador financiero en Londres es enorme: Reino Unido estima que alrededor de 150 mil millones de libras de dinero sucio circulan por su sistema anualmente.

El país ha endurecido sus leyes desde la crisis financiera. Las empresas ahora son responsables de los sobornos pagados por sus empleados. Los investigadores pueden congelar la propiedad y el efectivo de las personas y evitar que esos recursos sean utilizados para huir o entorpecer la pesquisa.

Osofsky ha dicho que, cuando esté justificado, está dispuesta a utilizar acuerdos de declaración de culpabilidad que involucren acuerdos financieros con corporaciones. Desde que estos acuerdos se convirtieron en una herramienta en 2014, la OFG ha emitido seis y trabaja para tener más. La prueba, para algunos, es si la agencia puede llegar a un acuerdo con las empresas, pero también responsabilizar a las personas culpables.