Guerra interna en Codere por las irregularidades contables
La guerra interna que se vive en Codere ha disparado esta semana la tensión entre los fondos que controlan la multinacional del juego y la familia Martínez Sampedro –fundadora y dueña del 18,5% del capital– y lo ha convertido ya en un culebrón de complicada resolución. El desencadenante ha sido la dimisión de dos de los tres representantes que los fundadores mantenían en el Consejo de Administración de la compañía. Aunque ambos han aducido «razones personales», todo parece indicar que la verdadera razón de su salida tiene que ver con el resultado de la investigación abierta por las «inconsistencias contables» detectadas en las filiales de Suramérica, de las que culpaban directamente a la dirección de los fondos que controlan la compañía – Silver Point, Contrarian y Abrams–, y cuyas sospechas podrían extenderse a otros departamentos. Sin embargo, fuentes de la dirección desvinculan esta salida de la investigación societaria y afirmaron que su marcha tiene más que ver con las desavenencias surgidas con la familia a la que representaban.
Alberto Manzanares Secades presentó su renuncia el pasado 7 de octubre –justo antes de conocerse las presuntas irregularidades–, y Fernando Sempere Rodríguez lo hizo esta misma semana. Los argumentos esgrimidos por los dos exconsejeros en sus cartas de dimisión y recogidos en los hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) figura su renuncia por «razones personales». Así, a los Martínez Sampedro sólo les queda Pío Cabanillas como voz en el Consejo.
El pasado mes de junio, la junta general de accionistas aprobó el nombramiento de Manzanares y de Sempere en sustitución de los hermanos Martínez Sampedro, al mismo tiempo que ratificó a Norman Sorensen como presidente. Esta decisión cayó como una bomba entre los fundadores, que acusaban a Sorensen «de falta de neutralidad y de perjudicar sus intereses». Por eso presentaron en la CNMV una demanda que obligara a los fondos que controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100% de su capital social. El supervisor bursátil admitió a trámite esta denuncia al corroborar que Silver Point, Contrarian y Abrams tienen una participación conjunta que supera el 30% del accionariado, lo que les obligaría a hacerse con el resto de la compañía.
Según el resultado preliminar de la investigación de un asesor independiente contratado por los fondos, los errores contables detectados en los resultados de las filiales de Panamá, México y Colombia no contradicen, «de momento», la información proporcionada hasta ahora por la compañía y se refieren solo al primer semestre de este año. La empresa de juego señaló que estas «inconsistencias» tendrían un impacto máximo de entre 13 y 18 millones de euros en las cuentas hasta junio y reducirían sus expectativas de ebitda (beneficio bruto de explotación), ajustado para el ejercicio completo en unos 20 millones de euros. La investigación sigue en marcha y sus conclusiones tendrán que hacerse públicas ante de que finalice este año.
El exministro Rafael Catalá, que regresó el pasado verano a la empresa de la que fue miembro del Consejo de Administración hasta 2011, momento en el que se integró en el Gobierno de Mariano Rajoy como ministro de Justicia, se mantendrá, de momento, en su puesto como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales.