Los fiscales exigen plena autonomía para evitar intromisiones como la de Sánchez
Conscientes de que una reforma de la Constitución que posibilitaría que el nombramiento del fiscal general no lo lleve a cabo el Gobierno es algo que no está en estos momentos encima de la mesa, los fiscales urgen a una modificación del Estatuto Fiscal que permita desvincular esa imagen de dependencia del Ejecutivo.
En declaraciones a ABC, Cristina Dexeux, presidenta de la AF, apunta que una de las posibilidades es que el nombramiento —que, en virtud del artículo 124 de la Carta Magna, tiene que hacer el Ejecutivo— se lleve a cabo entre una terna de candidatos que hayan pasado el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso.
Miguel Pallarés, de la APIF, también cree que ese nombramiento —que hoy se basa en la absoluta discrecionalidad del Gobierno aunque intervengan los tres poderes del Estado— debería contar con el respaldo de dos tercios del Congreso. Y desde la UPF, Teresa Peramato también considera que es posible modificar el nombramiento del fiscal general en estos términos, pero recuerda que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2007 posibilitó que el Gobierno no pueda dar órdenes ni instrucciones al fiscal general.
Mandato y cese
Para garantizar esa necesaria imagen de imparcialidad y de independencia, los fiscales ven imprescindible modificar dos aspectos fundamentales que les desvinculen del Ejecutivo: el primero, el mandato, para que no coincida con los cuatro años que dura el del Gobierno; el segundo, íntimamente ligado al anterior, el cese del fiscal general, ahora vinculado al cese del Ejecutivo que le nombró. A juicio de Pallarés, esta causa tasada «chirría y arrastra a una imagen de dependencia de la que resulta difícil desvincularse». El hecho de que los dos mandatos y ceses —el del Ejecutivo y el del máximo responsable del Ministerio Público— vayan en paralelo conduce a la creencia de que en vez del fiscal general del Estado es en realidad el fiscal general del Gobierno.
Otra de las cuestiones que a juicio de las asociaciones es fundamental para favorecer esa imagen de independencia es la autonomía presupuestaria y la autorregulación de la carrera fiscal, aspectos que hoy están en manos del Ministerio de Justicia. «La gestión económica por la propia Fiscalía es un instrumento imprescindible para la transparencia y dación de cuentas a la ciudadanía», argumenta Peramato. Respecto a la segunda cuestión, Dexeux se muestra convencida de que «quien gestione el Estatuto del Ministerio Fiscal siempre intentará controlarnos», algo que también comparte Pallarés.
Los representantes de las tres asociaciones respaldan la gestión de los fiscales del «procés», cuya actuación siempre ha estado sujeta a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Son ellos los que de forma autónoma -y no a instancias del Gobierno, como insinuó Sánchez- han pedido a Llarena que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsejeros huidos.
Tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional independiente de Fiscales reconocen que las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones «no benefician» la entrega, pero también se muestran convencidos de que no la perjudicará. «La euroorden es una relación de tribunal a tribunal», recuerda Pallarés, convencido de que los jueces belgas y británicos se abstraerán de este tipo de comentarios. Para Dexeux, lo que sí ha hecho el presidente del Gobierno en funciones ha sido dar «munición» a los independentistas. La UPF se muestra convencida de que los jueces europeos actuarán inspirados «por la legalidad e imparcialidad».