La Asamblea de Madrid vivió ayer un pleno inédito en el que la cerrazón de Vox y de Ciudadanos a entenderse propició que Isabel Díaz Ayuso no pudiese ser investida como presidenta de la Comunidad. Fue un pleno atípico que abre un escenario incierto, incluso hacia una repetición de las elecciones. Y fue, sobre todo, un estrepitoso fracaso del centro-derecha que concluyó con un irritante desprecio al votante madrileño. Lo ocurrido es irracional. No se trataba del caso de un partido de la derecha que, para investir a un candidato, exigiese sus votos a otro de la izquierda para salvar el bloqueo. No. Es el caso de tres fuerzas políticas de centro y derecha que ya han formalizado acuerdos de investidura antes -en Andalucía, o en el Ayuntamiento de la capital-, y que ahora han modificado su estrategia por un tacticismo sobreactuado, por afán de protagonismo, por la soberbia de sus líderes y por irresponsabilidad política. Porque, en definitiva, los vetos mutuos entre Ciudadanos y Vox están viciando la situación política por pura egolatría y tomando al madrileño como rehén. Son responsables a partes iguales de este despropósito porque no han llevado al extremo un desacuerdo político o programático, sino una pugna de índole cuasi-personal que solo beneficia a la izquierda, pese a que en lo único que están de acuerdo es en frenarla.
Ambos tendrán que atenerse a las consecuencias si se repiten los comicios en otoño, porque la izquierda está tomando nota de esta fractura cainita en la derecha, y porque se trata de dos partidos que deberían asumir un riesgo serio de perder votos y escaños. Por eso es una necesidad imperiosa que las negociaciones tomen una senda racional y pragmática, y durante las próximas semanas recapaciten sobre su error. Las diferencias, egos aparte, no son insalvables. Ese acuerdo, igual que en la Región de Murcia, no pondría en riesgo ni la estabilidad, ni el factor de coherencia política exigible a tres partidos con objetivos similares.
