Carta abierta al Presidente Carlos Alvarado

Apreciable Señor Presidente:

Junto con saludarte, me permito agradecer en nombre propio y en el de una nación dolida que aún sufre las peores violaciones a sus derechos humanos en la historia nacional, sus gestiones y buenos oficios realizados dentro y fuera de Costa Rica en apoyo a miles de nicaragüenses que han huido de su país, por el temor fundado a ser asesinados o encarcelados. En igual sentido, es de mi interés invitarle a continuar llamando la atención de la comunidad internacional sobre los miles de víctimas del régimen que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua.

Partiendo de esa premisa y considerando la tradición y el prestigio internacional de Costa Rica en materia de promoción y respeto a los derechos humanos, el gobierno que Usted preside hoy tiene la oportunidad histórica de horrar esta tradición y refrendar dicho compromiso, adoptando acciones en el ámbito nacional y promoviendo en la comunidad internacional, medidas orientadas a procurar el derecho de acceso a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos y evitar se repitan.

Como es de su conocimiento, la administración de justicia en Nicaragua carece de independencia como consecuencia de la concentración de poder del régimen de Daniel Ortega, por lo cual, no existen condiciones para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esas graves violaciones a sus derechos humanos. Por otra parte, instancias internacionales de promoción y protección a los derechos humanos han indicado que lo ocurrido en Nicaragua debe ser investigado por constituir Crímenes de Lesa Humanidad, ante estos hechos, el Derecho Internacional prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas derive el caso a la Corte Penal Internacional, en vista que Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma. Sin embargo, por razones geopolíticas que usted comprende mejor que yo, éste es un escenario posible pero improbable.

La alternativa restante prevista por el Derecho internacional es la aplicación del Principio de la Jurisdicción Universal. En virtud de éste principio, los diferentes países, con la finalidad de castigar los crímenes más graves contra la especie humana: recibe denuncias; realizan actos de investigación; y dan inicio a procesos judiciales contra los perpetradores. No omito manifestar qué, estos procesos son generalmente motivados por dificultades estructurales que niegan el acceso a la justicia de las víctimas.

Puedo entender que la mera alusión al Principio de la Jurisdicción Universal nos evoque realidades tan distantes como el juicio que Adolf Eichmann enfrentó en Jerusalén en 1960 como arquitecto de la solución final Nazi, pero lo cierto es que en Centroamérica encontramos precedentes de gran importancia. En 1999, en virtud de este principio, tribunales españoles conocieron del genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales cometidas en Guatemala entre 1978 y 1983; y en igual sentido, en 2008 tribunales españoles también conocieron de la masacre de los jesuitas en El Salvador.

Ambas acciones legales fueron posible gracias a la reglamentación del principio de mérito en la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, además, dieron lugar a la realización de procesos de búsqueda de la verdad y revirtieron el estado de impunidad en el que se encontraban esas graves violaciones a los derechos humanos. Aunque aún están inconclusas éstas tareas, dichas acciones legales fueron el inicio del fin de la impunidad ante las políticas gubernamentales que generaban graves violaciones a los derechos humanos en el llamado triángulo norte de Centroamérica.

Dicho lo anterior, resulta pertinente sugerir que el gobierno a su digno cargo, aperture el debate público sobre la posibilidad de normar el Principio de Jurisdicción Universal. De más está decir qué, al existir una cultura jurídica comprometida con la promoción y el respeto de los derechos humanos en Costa Rica, el planteamiento será acogido y ganaría adeptos fácilmente, por lo cual impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial acorde a lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política de Costa Rica, para reglamentar los supuestos de procedencia de la Jurisdicción Universal, resulta factible a mi entender.

Si Costa Rica reglamenta el Principio de Jurisdicción Universal, tendrá consecuencias positivas como:

• Brindar una alternativa para que las víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en Nicaragua por el régimen encabezado por Daniel Ortega, tengan acceso a la justicia.
• Desalienta opciones radicales como el inicio de una guerra civil en Nicaragua para deponer al régimen de Daniel Ortega.
• Crearía conciencia en la opinión pública costarricense sobre la magnitud de la crisis socio-política de Nicaragua, conteniendo incluso expresiones y sentimientos de xenofobia que pueden aflorar ante la afluencia masiva de nicaragüenses.
• Generaría un modelo de protección a derechos humanos exportable a Latinoamericana, pudiendo llegar a crearse un tratado internacional sobre la Jurisdicción Universal como garantía de no repetición en la región de estas graves violaciones a los derechos humanos.
• Costa Rica y su gobierno, no sólo honrarían la tradición de promoción y respeto a los derechos humanos, sino que también harían una propuesta de vanguardia en la región que permitiría brindar una respuesta a la grave situación que enfrentan los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela.

Nicaragua, Venezuela y Latinoamérica en general, merecen tener un mecanismo internacional de salvaguarda para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas a estas graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, la medida se convierte en una alternativa ante la ineficacia que organismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos han tenido, ineficacia generada por la irracionalidad y el desprecio que han demostrado hasta hoy estos regímenes políticos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Me despido, no sin antes reiterar mi invitación a Costa Rica y al gobierno que Usted preside, a que una vez más, nos brinden su valioso apoyo para que en Nicaragua sea restablecida la democracia y la libertad.

*Maestro en Derechos Humanos