La mujer e hijos de los retornados son también terroristas
Esa es la información que maneja el profesor de Relaciones Internacional de la UNED Carlos Echeverría, autor del informe «La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una preocupación para España y para la Unión Europea» que ayer se presentó en Madrid en el marco del Instituto de Seguridad y Cultura. Un documento en el que se dice que 1.500 de esos muyahidines ya habían vuelto a la UE a finales de 2017, 115 de ellos a Bélgica –uno de los pocos datos oficiales que existen–, o 400 al Reino Unido, aunque lo hace para recordar que los que no han sido interceptados nadan en un «escenario fluido» como es el espacio Shengen, que posibilita su movimiento por toda la Unión, sino también ejes como el de Marruecos-España, que de algún modo acerca al continente el «temido regreso al Magreb de alrededor de 7.000 emigrantes de Siria e Irak».
El estudio trasciende, no obstante, estas «cifras insoportables» de muyahidines retornados para alertar sobre hechos tan preocupantes como que no se estén teniendo en cuenta que sus esposas e hijos «forman parte del mismo marco de maldad», esto es, de amenaza para la seguridad. Según el autor, en el tratamiento de estos herederos del Daesh «no nos podemos permitir confusión, y la vamos a tener porque se está entrando en la dinámica alegre del término "familia"... cuando son familia, sí, pero terroristas». En este sentido, Echevarría, hace un llamamiento a que España «esté preparada en términos de responsabilidad» y para «protestar» si se enfrenta a la posibilidad de tener que hacerse cargo de huérfanos de un yihadista que lleguen acogidos por personas que efectivamente tengan nacionalidad española. «Vamos a tener que tratar esto de forma desinhibida en términos presentes y futuros», aconseja.
De acuerdo con el informe, consta que 25 mujeres de nuestro país viajaron a tierras del califato y que, a fecha del pasado abril, nada se sabía de 16 de ellas. De entre tres que fueron localizadas recientemente en el campo de prisioneros kurdo de Al Hol, –del que ya han sido trasladadas– un caso ilustra a la perfección el temor del experto: Luna Fernández, viuda con cuatro hijos a la espera de un quinto y que tiene consigo a otros cuatro niños que, según dice, son hijos de padres marroquíes residentes en España muertos en un ataque contra el Daesh. Con ella están Yolanda Martínez y Lubna Mohamed Miludi, españolas viudas de combatientes ambas, que tienen cinco y tres hijos respectivamente. Es de destacar que todas han recibido entrenamiento de guerra y saben utilizar armas, mientras que los pequeños han sido adoctrinados desde los cinco años.
Las cárceles, escenario ideal
El dilema de qué hacer con los luchadores del califato y su entorno recorre Europa. Carlos Echeverría llama la atención sobre su ingreso en las cárceles, «un escenario ideal e ilusionante para ellos, donde siguen haciendo aquello para lo que se consideran elegidos», esto es, propagar su «proyecto obsceno que ha mancillado el Islam».
Bélgica, por ejemplo, ha optado por internar a todos los retornados en la misma penitenciaría, algo que el profesor considera inviable en España, donde el objetivo no es el castigo «sino la reinserción y rehabilitación». Suecia, por su parte, ha propuesto crear un Tribunal Penal Internacional en zona de conflicto, ante lo que el experto se preguntó si se ha contado con el parecer de los estados aludidos o en base a qué derecho se trataría de juzgar a los sospechosos. En Irak, recuerda el documento presentado ayer, sus tribunales han condenado a cadena perpetua a tres ciudadanos franceses y a muerte a otros tres por pertenencia al Daesh, que reclaman ser procesados de nuevo en Francia, aunque París se niega a recibirles. La justicia francesa ya ha retirado la nacionalidad a un yihadista franco-marroquí.