Cs pacta con el PP un programa para Castilla y León, pero pide más poder
Con la firma de ayer en la sede del Parlamento autonómico minutos antes de su constitución, acaba una convulsa semana de tensas y largas negociaciones en las que han sido muchas las dudas de que el acuerdo llegase a buen puerto. Es más, fue necesario que dos primeros espadas, Teodoro García Egea, por el PP, y José María Espejo-Saavedra, por Cs, se plantasen el pasado día 5 en Valladolid para unirse a la comisión negociadora (cinco miembros por partido) y dejar muy claro que el acuerdo entre las dos formaciones para gobernar en Castilla y León se iba a producir «sí o sí». Cincuenta minutos de reunión fueron suficientes entonces para anunciar un principio de acuerdo y neutralizar los reparos de Francisco Igea a pactar con el PP. Quince días después se ha podido rubricar un programa de gobierno al que ayer se dio visibilidad.
La «voz» del gobierno
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer porque, según apuntaron los dos protagonistas de la rúbrica, falta por definir la estructura del Gobierno autonómico y, sobre todo, decidir el reparto de las consejerías. En este punto, el partido de Albert Rivera está tensando la cuerda al exigir las más elevadas cotas de poder. Y es que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, dejó claro que no van «a dar soporte a un gobierno del PP»; sino que quieren «uno conjunto y ser visibles, pero eso es algo que no entienden». Unas exigencias que pasan por reclamar, al menos, el mismo número de consejerías (cinco de diez) y aquellas con un mayor poder, como son Hacienda, Sanidad y Educación, además de la Portavocía, ya que, según reconoció, tienen especial interés en tener «la voz del Gobierno».
Estas aspiraciones se pondrán sobre la mesa la próxima semana bajo la premisa, según apuntó Igea, de que si no hay acuerdo en el diseño y reparto de la estructura de la Junta, «no habrá gobierno», por mucho que se haya firmado un programa con cien medidas. Y si el pacto con el PP «no llega a buen puerto», el candidato de la formación naranja ya anunció que se encargará de trabajar para que haya «un gobierno estable·.
Más optimistas se mostraron en las filas del PP. Su candidato a la Junta de Castilla y León y secretario autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, habló ayer de «un buen acuerdo para sellar la gobernabilidad de la comunidad». Matizó, no obstante, que «es crucial y esencial», pero que todavía les queda «algo muy importante» como es la estructura del gobierno y, para ello, anunció que van a trabajar «con la misma intensidad y con la mano tendida». Por su parte, el portavoz de los populares, Raúl de la Hoz, también se manifestó en estos términos al aclarar que en las conversaciones «no hay nada que resulte irrenunciable» y se mostró convencido de que la próxima semana será posible sellar el acuerdo definitivo para conformar un gobierno del PP y Cs en Castilla y León.
Un escenario que gusta más bien poco a la oposición parlamentaria capitaneada por el PSOE. Su líder regional y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, reconocido sanchista, no evitó tras la sesión constitutiva de las Cortes mostrar ese malestar y enfado, con palabras duras en sus calificativos, agarrado a que los socialistas fueron la fuerza más votada el pasado 26 de mayo, con 35 escaños, frente a los 29 del PP, 12 de Cs, dos de Podemos, uno de UPL y otro de Vox y de Por Ávila. Erigido en el único defensor de lo que consideró como «buena política», Tudanca se mostró convencido de que los castellano y leoneses «miran con temor lo que está pasando en este Parlamento y miran con repugnancia el espectáculo político que algunas fuerzas y algunos representantes públicos están dando». Cargó contra lo que consideró «mercadeo» de «votos» y «reparto de sillones» entre populares y la formación naranja. Algo, dijo, que lo que pretende es el «desánimo» de la ciudadanía.
El documento
El acuerdo programático para el gobierno de Castilla y León incluye cien medidas, las 18 primeras bajo el epígrafe de «regeneración política e institucional», todas ellas propuestas por Ciudadanos. Entre ellas, se anuncia la reforma urgente del Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el fin de suprimir los aforamientos, tanto de los procuradores de las Cortes regionales como de los miembros de la Junta de Castilla y León. Esta propuesta fue, la pasada legislatura, objeto de desencuentro entre populares y Cs, ya que los primeros no aceptaron acabar con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo regional cuando se presentó una iniciativa legislativa en este sentido.
Otro de los puntos más polémicos por su afección a otras instituciones se refiere a la limitación de mandatos. En el documento se detalla que en los casos en los que existan acuerdos de gobernabilidad entre las dos formaciones, habrá limitación de mandatos a ocho años para los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputación, un cómputo que comenzará desde la firma de los acuerdos suscritos hace cuatro años.
En el apartado de política fiscal se apuesta por la bajada de impuestos, bonificaciones y deducciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes, además de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y la ampliación de los supuestos de bonificación a la empresa familiar o agraria.
En sanidad, una de las promesas más mediáticas es la reversión para lo público de la gestión (es un modelo mixto) del Hospital Universitario de Burgos, una infraestructura que fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico por considerar que se habría producido un sobrecoste en su construcción. Además, PSOE, Podemos, IU e, incluso, Ciudadanos, han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por este mismo motivo. También se promete la reducción de las listas de espera y la consideración de «falta grave» su posible alteración voluntaria. La libre elección de hospital y el aumento del gasto en atención primaria hasta el 20 por ciento son otras de las medidas propuestas.
En educación el documento rubricado por PP y Cs exige la implantación de una prueba de acceso a la universidad única para toda España, y defiende el derecho de las familias a la libertad de elección en la educación de sus hijos. Además, se anuncia la creación de un grupo de trabajo de expertos independientes con el fin de elaborar un diagnóstico y proponer nuevas medidas contra la despoblación y la ordenación el territorio.
Y, por último, sostienen: «Defendiendo los intereses de Castilla y León en el marco de la igualdad de España y la igualdad de los españoles, exigiremos un modelo de financiación autonómica más justo y transparente con una mejor ponderación de los criterios incluidos en nuestro Estatuto de Autonomía».