Régimen venezolano opera como una “empresa criminal”, según analistas

MIAMI, Estados Unidos. – Los analistas Douglas Farah, presidente del IBI Consultores, y Caitlyn Yates, investigadora de la Universidad de Texas, presentaron esta semana el estudio “La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”.

El informe de 21 páginas presentado en el Center for Strategic and International Studies asegura que el régimen chavista después de 20 años de revolución, se convirtió en una empresa criminal vinculada con 183 personas y 205 corporaciones que opera en al menos 26 países.

“La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada”, explican Farah y Yates.

“Durante los últimos 20 años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada”, también aseguran los investigadores. Según el informe esta empresa criminal recibió el respaldo de los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.

El informe también explica los nexos entre el régimen chavista y las organizaciones guerrilleras centroamericanas (FMLN y FSLN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los narcotraficantes. “Todo esto, bajo al ala del régimen cubano, que durante décadas buscó construir en la región una “arquitectura revolucionaria” contra Estados Unidos, aclara el estudio.

“Nicolás Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, después de la muerte de Chávez. Veinte años después de la fase de inicio de este proyecto político, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros”, también sostiene la investigación.

En total, el informe enumera cinco operaciones financieras ilícitas desarrolladas por la red criminal bolivariana: ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos de infraestructura pública falsos, y transferencias banco a banco.

“Los esquemas de venta falsa de petróleo son la base sobre la cual comenzó a funcionar la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”, resalta el estudio. Farah y Yates también valoran el papel de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. en esta organización criminal: “El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Más aún, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son importantes”.

Finalmente, el estudio también ofrece pormenores de cada una de las operaciones ilícitas que sostienen al régimen usurpador de Nicolás Maduro.