El Huesca pide al juez que excluya al club de la investigación por amaños
Veinticuatro horas después de que la Fiscalía apuntase que la Sociedad Deportiva Huesca “podría ser un perjudicado más” en la supuesta trama de amaños de partidos desmantelada en la “operación Oikos”, el club ha solicitado al instructor de la causa, el juez Ángel De Pedro, que archive la investigación contra el club por corrupción en el deporte, estafa y blanqueo ante la inexistencia de indicios de responsabilidad penal de la institución como persona jurídica y para evitar “perjuicios profesionales y económicos de imposible reparación”.
En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital oscense -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el club solicita el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas contra la S. D. Huesca en su calidad de investigado ante los perjuicios irreparables que puede ocasionarle la imputación. Entre ellos, que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) pueda acordar como medida cautelar el “descenso administrativo de categoría y la suspensión de derechos económicos y políticos mientras” se mantenga en el procedimiento en calidad de investigado.
“El revuelo social ocasionado” por la “operación Oikos” -se queja el club- ha acarreado la imposibilidad de “formalizar para la próxima temporada de fútbol los contratos con jugadores, entrenador y cuerpo técnico ya acordados con carácter previo”, un impedimento que, subraya la entidad oscense, “va a persistir mientras no se produzca el sobreseimiento”.
Además, la S. D. Huesca pone sobre la mesa otro perjuicio que puede ser irremediable: que los jugadores con contrato en vigor ejecuten sus cláusulas de resolución unilateral si la LFP acuerda el descenso del club a Segunda B (después de que esta temporada el equipo descendiese a la categoría de plata tras su estreno en primera división).
Un motivo de inquietud añadido para el club aragonés es que la financiación con La Caixa para acometer la reforma del estadio de El Alcoraz se encuentra “paralizada”, un revés económico que vendría a unirse a la posible “pérdida de sponsors y patrocinadores tanto privados como institucionales”.
Tras tomar declaración a los seis detenidos en la “operación Oikos” -entre ellos el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo, que ha pagado en 24 horas los 100.000 euros de fianza para poder salir de la cárcel-, el juez De Pedro no ha citado aún a declarar al representante legal de la S. D. Huesca, momento en el que la Fiscalía podría solicitar al instructor el archivo de la investigación contra la entidad como persona jurídica y la consideración del club como perjudicado por la presunta red de amaños de partidos, por lo que, si el magistrado accediese a esa petición, pasaría a ejercer como acusación particular en la causa.
De momento, el Huesca ha pedido ya por escrito al instructor la declaración voluntaria de su representante legal, Manuel Torres, sobre la que todavía no se ha pronunciado el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca.
En la resolución en la que el juez autorizaba los registros de la sede de la entidad y de su presidente, Agustín Lasosa -también imputado y que ha dimitido de su cargo-, De Pedro les atribuye su presunta participación en delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales.