España pide inhabilitar a dos de los expertos de la ONU que condenaron la prisión de los líderes soberanistas
España pedirá este viernes formalmente a la ONU que dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana criticaron la detención de los políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por considerarla arbitraria se inhiban de este caso.
El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunció esta petición, que afecta al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes independentistas.
El diplomático argumentó que "hay un conflicto de intereses" entre esos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.
"Vamos a pedir la inhibición de alguno de los miembros del grupo porque hay constancia de que existe una relación directa entre dos de sus miembros con el abogado británico", señaló el diplomático.
Emmerson fue relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha antiterrorista entre 2011 y 2017, y "en dos casos concretos colaboró con el surcoreano y el mexicano en al menos otras dos causas que tengamos constancia, una relativa a Egipto y otra a Guantánamo", explicó González-Aller ante los periodistas.
El grupo de trabajo calificó esta semana de "arbitraria" la privación de libertad de Junqueras, Sánchez y Cuixart, lo que llevó al abogado Emmerson a solicitar el miércoles públicamente a España que excarcelara a sus clientes.
Tanto Hong como Guevara, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, forman parte de esta instancia desde 2014, y son reputados juristas en materia de derechos humanos.
En la nota verbal que este viernes enviará el Gobierno español al comité que coordina los grupos de procedimientos especiales de la ONU -como este de detenciones arbitrarias- se pedirá la revisión de la opinión del grupo.
Según el embajador, la opinión emitida por el grupo de trabajo "contiene enormes errores de interpretación que reflejan un desconocimiento absoluto de lo que es la sociedad española y el ordenamiento jurídico que nos rige", valoró González-Aller.
Ello "nos hace pensar que pueden haber habido presiones o cierta manipulación a la hora de que dicho grupo emitiera esta opinión", añadió.
"En base a los errores cometidos vamos a pedir la revisión de oficio de esa opinión", insistió el embajador, quien citó como "errores de bulto" hechos como que el grupo de trabajo estime que los tres detenidos han sido encarcelados por sus opiniones.
El texto emitido por el grupo, añadió el embajador, también considera erróneamente que la Constitución española reconoce el derecho a un referéndum de independencia.
España además protestará por presunto incumplimiento de los procedimientos de este grupo, que informó de su decisión al Gobierno español el 27 de mayo y debía esperar 48 horas antes de notificarlo a la otra parte (en este caso a Emmerson y sus clientes).
"A las 24 horas ya se produjeron filtraciones a la prensa, y el primer medio que se hizo eco fue un periódico digital catalán", señaló el diplomático.
González-Aller defendió por otro lado a España como uno de los países "más abiertos" a los órganos de derechos humanos de la ONU.
Puso como ejemplo que es uno de los pocos países que organiza dos visitas anuales de relatores especiales de la ONU para que observen directamente como se promueven y defienden los derechos y las libertades fundamentales.
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